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¡¡¡RECLAMA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DENOMINADA PLUSVALÍA MUNICIPAL:NO EXISTE HECHO IMPONIBLE SI NO SE DEMUESTRA “UN HECHO REVELADOR DE RIQUEZA “

¡¡¡RECLAMA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!.       EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DENOMINADA PLUSVALÍA MUNICIPAL:NO EXISTE HECHO IMPONIBLE SI NO SE DEMUESTRA “UN HECHO REVELADOR DE RIQUEZA “

 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TUMBA EL IMPUESTO  MUNICIPAL  ( I.I.V.T.N.U.) SOBRE LA DENOMINADA ”  PLUSVALÍA MUNICIPAL”.

La sentencia del Alto Tribunal de este último jueves 16 Febrero, entiende que va contra el PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española, y conforme que,” cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza”.Dicha sentencia procede de una custión de inconstitucionalidad, planteada por el juzgado de San Sebastián nº3 .

 

El artículo  107 de la   Ley de  Haciendas Locales define   la base de este  impuesto: ” es  el incremento del valor de los terrenos que experimentan los terrenos , puesto de manifiesto en el momento de devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

Sin embargo ,para el cálculo de  la plusvalía municipal no se tiene en cuenta el valor de venta o de compra. Los ayuntamientos toman como base para el cálculo el valor catastral del suelo ( según la ponencia de valores estimada en su momento) y a éste , se le aplica  un  coeficiente en función del número de años ( hasta un máximo de veinte años ) de propiedad del bien. Una vez calculado esa base, cada ayuntamiento determina un tipo impositivo según su ordenanza municipal.

Pero el Alto Tribunal en unas de sus consideraciones añade : “En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia” , al tributar cuando la venta del inmueble no ha proporcionado ganancias, algo que ha sucedido durante estos  años de crisis inmobiliaria, y que los Ayuntamientos han hecho oídos sordos ante la que ha sido, siendo una aclamación de injusticia  los miles de casos que además de perder sobre una inicial, el ciudadano de a pie estaba obligado a pagar un impuesto con independencia  de cuál fuera el precio final de la venta objeto del impuesto.

A continución se puede leer parte de los argumentos de dicha sentencia:

 

 

“ En consecuencia, es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto. Ahora bien, una vez hecha la precisión que antecede, es importante tener presente que una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, diferencia esta que es importante subrayar «porque, si así fuese, es evidente que el precepto cuestionado sería contrario al principio constitucional de capacidad económica, dado que -como hemos venido señalando- dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia» (STC 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5).

 

Y entre otras disertaciones, afirma:

 

” … Pues bien, no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE). Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

 

SE PUEDEN  Y SE DEBEN RECLAMAR TODAS AQUELLAS CANTIDADES ABONADAS COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TURNO, EN EL PLAZO MÁXIMO DE CUATRO AÑOS DESDE  ESA FECHA, COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN DEL SUELO URBANO ( COMPRAVENTA, SUCESIONES/DONACIONES, ETC. … ).

 

Pasos a seguir:

1.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS ANTE EL AYUNTAMIENTO COMPETENTE DE ESTE IMPUESTO.

En el mismo se ha constatar la liquidación que se abonó por dicho concepto, así como la escritura de compraventa donde se pone de manifiesto la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

2.- PRESENTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN O EN SU DEFECTO RECURSO ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / REGIONAL.

En esta instancia se trata de alegar las consideraciones, en caso de no haber prosperado la reclamación inicial.

3.-VÍA JUDICIAL.

Llegado ese momento, se agotaría la vía administrativa, iniciándose la vía judicial, aunque con la sentencia actual del T. Constitucional a favor del contribuyente y  con anterioridad  la sentencia  de 20/06/2016 del TRIBUNAL SUPREMO, entendemos que la administración local se vería abocada a  hacer frente a los gastos y costas judiciales desde inicio del procedimiento.

En ese caso el plazo es de dos meses  para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

 

OS ANIMAMOS A TODOS LOS QUE  OS ENCONTRÉIS EN ÉSTA SITUACIÓN PARA REALIZAR LAS OPORTUNAS RECLAMACIONES SOBRE UNA PLUSVALÍA INEXISTENTE.

RECORDAD:

EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR LA PLUSVAÍA ES DE 4 AÑOS, A PARTIR DE CUANDO SE REALIZÓ EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN GIRADA POR TU AYUNTAMIENTO.

 

NOTA:  CONTINUAREMOS …

 PODÉIS REALIZAR VUSTRAS CONSULTAS EN:

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Determinación del valor catastral de bienes inmuebles urbanos: Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones.

 

Determinación del valor catastral de bienes inmuebles urbanos: Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones.

R.D. 1020/1993

Algunas matizaciones, consideraciones y apreciaciones … .

 

En el art. 2 del R.D. 1020/1993 por el que se aprueba dichas normas, se hace referencia a un módulo de valor “M”, cuya revisión se realizará anualmente, sirviendo de base para la fijación del valor catastral prevista en la norma 16 .

El órgano competente de aprobación de ese módulo es el Mº de Economía a propuesta del Centro de Gestión Catastral y oído el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.

Pues bien, el objeto de dicho módulo no es otro que recoger las variaciones experimentadas en el período de tiempo indicado en los bienes inmuebles de naturaleza urbana, “de acuerdo con los análisis de mercado que al efecto se realicen por el Centro de Gestión Catastral”.

En la denominación del cuadro marco de valores hace referencia a que el cálculo de los valores de suelo y construcción se realizarán en actuaciones masivas, garantizando una coordinación de los mismos.

Para la metodología , la norma nº 3 dice así:

Para el cálculo del valor catastral se tomará como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste”.

 

En la norma nº 4 se define  como suelo urbano:

“Sin perjuicio de la clasificación del suelo, resultante de la legislación y el planeamiento urbanístico, tendrán la consideración de suelo a los efectos de su definición como bienes inmuebles urbanos y su consiguiente inclusión en el catastro inmobiliario urbano:

  1. a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado y el urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un programa de actuación urbanística, todo ello de acuerdo con las definiciones comprendidas en la legislación urbanística vigente.
  2. b) Los que, no estando incluidos en el apartado anterior, dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
  3. c) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana definidas en la norma siguiente.
  4. d) Los que se fraccionen en contra de la legislación agraria vigente, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos distintos de los catastrales”.

Como es sabido hoy en día, y en el artículo publicado en esta web titulado “EL IBI Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 30 DE MAYO DE 2014”, el Tribunal Supremo fijó doctrina acerca de lo que se define como suelo urbano, siendo necesario un instrumento urbanístico en el caso de suelos que no hayan sido desarrollados previamente, y por tanto su consideración hasta aquel momento será clasificado como suelo rústico.

 En la Norma 16 se señala que:

“Los valores de MBC resultantes de esta diversificación podrán incrementarse por acuerdo de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, según los análisis de mercado que al efecto se realicen por la Dirección General del Catastro, mediante la aplicación de coeficientes comprendidos entre los máximos y mínimos que se incluyen en el cuadro siguiente”:

Módulo Básico de Construcción (MBC)

Coeficientes

MBC1

1,00-1,36

MBC2

1,00-1,31

MBC3

1,00-1,29

MBC4

1,00-1,27

MBC5

1,00-1,24

MBC6

1,00-1,22

MBC7

1,00-1,20

 

Y otra norma, cuyo contenido  no se corresponde  con la realidad:

“Norma 23. Estudios del mercado inmobiliario urbano.

“El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria establecerá los criterios y contenido mínimo de los estudios del mercado inmobiliario que servirán de base para la redacción de las ponencias de valores … “

Estos estudios tienen por objeto la realización de una investigación de los datos económicos del mercado inmobiliario urbano, su posterior recopilación y análisis y la elaboración de unas conclusiones que reflejen la situación del mercado a los efectos de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales”.

 

Por lo que se puede desprender después de ver entre otras , parte de esta normativa,  que el legislador sólo tenía en mente situaciones económicas favorables para el contribuyente , y por ende para  la Hacienda , en su sentido más genuino, obviando año tras año la  minusvalía patrimonial de sus inmuebles  en miles de ciudadanos en unos casos – con liquidaciones el I.B.I y en la Plusvalía Municipal desorbitantes- y en otros, practicando liquidaciones complementarias sobre el valor de compraventa en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales I.T.P. que nada tiene que ver con la realidad.

 

Saludos cordiales.

Quedamos a su disposición para resolver su caso.

Consulta gratuita sin compromiso alguno.

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Eugenio Gómez

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