Blog sobre Reclamaciones Tributarias

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Comprobacion de valores en Comunidad de Madrid

El método de comprobación de valores más utilizado en la Comunidad de Madrid es un híbrido entre el “Dictamen de Peritos” (artículo 57.1.e, de la LGT) y el de “Precios Medios en el Mercado” (artículo 57.1.c). Se trata de un método de comprobación que les está dando muchos problemas y que está siendo anulado por los Tribunales, por lo que su impugnación tiene muchos visos de prosperar.

Últimamente, y ante el fracaso de este método de valoración, la Comunidad de Madrid está empezando a utilizar el método de comprobación del artículo 57.1.g (Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas).

El Tribunal Supremo ha declarado que los métodos de comprobación de valores son los previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, y no otros. En dicho artículo, no existen los métodos híbridos que en ocasiones utiliza la Administración. Por tanto, un dictamen de peritos cuyo resultado sea consecuencia de la aplicación directa de los precios de mercado será ilegal, en la medida en que no será un dictamen pericial al uso, sino tan sólo el resultado de la aplicación de otro método distinto.

Por tanto, cuando se haga un dictamen de peritos utilizando los precios medios de mercado calculados conforme a la normativa aprobada, el perito no podrá aplicar estos directamente, sino que deberá razonar su aplicación, lo que en la mayoría de los casos le obligará a una inspección personal del inmueble comprobado.

Además, en la Comunidad de Madrid es frecuente que los peritos lleven a cabo su valoración, basándola en el método de comparación de mercado. Es decir, en el valor otorgado en otras transmisiones de inmuebles que se consideran similares al comprobado.

Pues bien, Recientemente, el TSJ de Madrid ha anulado este tipo de comprobaciones, considerando que no están suficientemente motivadas. El Tribunal madrileño, venía hasta hace poco tiempo desestimando los recursos que se planteaban contra este método de valoración, pero ha cambiado su criterio a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo dictada a finales de 2015.

En dicha sentencia, el Alto Tribunal consideraba que, en las comparaciones utilizadas entre inmuebles no se razonan las circunstancias por las que se consideran semejantes las fincas tomadas como referencia, ni se aportan las circunstancias de los inmuebles testigos empleados, desconociéndose si las transacciones que se citan son reales, ni qué tipo de transacción se llevó a cabo.

Además, tampoco se aclara si se trata de valores declarados o comprobados administrativamente, ni se justifica el estado de conservación de los inmuebles. Por último, ningún perito ha visitado estos inmuebles “testigo” para comprobar la idoneidad de la comprobación.
El Tribunal Supremo ya declaró en 2012 que la visita del perito era necesaria cuando se utilizaba el método del dictamen de peritos, y en la valoración se tenían en cuenta circunstancias tales como el estado de conservación, las calidades de edificación, etc…

El propio Tribunal Económico Administrativo Central, que pertenece al Ministerio de Hacienda, ha cuestionado estas valoraciones, indicando que deben incorporarse siempre al expediente administrativo las escrituras que documenten las operaciones que se utilizan como muestras o testigos.

Por último, y respecto a las comprobaciones que últimamente está realizando la Comunidad de Madrid, aplicando el método del 57.1.g (Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas), hay que indicar que se trata de un método de valoración cuestionado por el TEAC. Consideramos en consecuencia, que hay bastantes posibilidades de anular las liquidaciones que, en aplicación de dicho método de valoración, dicte la Consejería.

Por ello, es conveniente recurrir las comprobaciones de valores que lleguen de la Comunidad de Madrid, ya que en estos momentos están siendo muy cuestionadas, por los Tribunales y existen bastantes posibilidades de éxito.
Por tanto cuando se presentan casos donde el contribuyente. manifiesta. discrepencias habrá que estar atentos a :
Validez del procedimiento utilizado.
Aspectos procedimentales: prescripción, caducidad,órgano competente, etc … .
Método y circunstancias para la obtencion del valor del inmueble objeto de revisión.
Motivación particularizada para ese bien.
Valores discrepantes: antigüedad, superficie,localización,estado de conservación, destino de estado, etc … .
Para cualquier consulta pueden acceder a nuestra página www.reclamacionestributarias.es, o bien a través del correo info@reclamacionestributarias.es, desde donde le atenderemos de forma personalizada, siendo la primera consulta gratuita.
Un saludo.

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ASTURIAS: RECLAMACIÓN DE PLUSVALÍA GANADA

En esta sentencia se observa como el juez valora realmente la situación de indefensión del contribuyente ante un  impuesto , que lejos de materializar un hecho en el que se produce una obtención de ganancias patrimoniales, está a todas luces fuera de la realidad social y económica, como así lo ha puesto de manifiesto en este mismo año el Tribunal Constitucional, al exonerar del impuesto de PLUSVALÍA MUNICIPAL cuando no exista obtención de ganancia en la transmisión del inmueble.

 

 

El Juzgado anula el pago de la plusvalía por un garaje vendido en pérdidas.

 

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 ha dejado sin efecto una liquidación del impuesto de plusvalía de 190,88 euros, emitida por el Ayuntamiento a partir de la venta de una plaza de garaje a un precio inferior al de su adquisición por parte de un particular. En el fallo, la magistrada que vio el caso aplica una reciente doctrina del Tribunal Constitucional en la que se establece que en aquellos casos en los que “no ha habido incremento alguno en el valor” del bien “no hay razón para el cobro del impuesto”, dado que, en último término, “no existe hecho imponible”.

 

Además, el Alto Tribunal determina, y así se recoge en esta sentencia, que “la carga de la prueba” para decidir si realmente hay un hecho imponible que justifique el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) corresponde a la Administración.

 

Hasta ahora, subraya el fallo, el sistema legal “partía de la base” de que siempre se producía un incremento de valor. Se trataba de una interpretación que, para la magistrada, “no se puede mantener” a la vista de la doctrina del Constitucional.

 

Así las cosas, y “entre tanto no se defina un nuevo marco legal para el impuesto que nos ocupa”, el fallo apunta que una vez que por el contribuyente “se cuestione con un mínimo fundamento que el incremento de valor no se ha producido”, no le correspondería a él “la prueba de no realización del hecho imponible”, sino que debe ser la Administración tributaria quien pruebe que realmente se produjo. “Todo ello al desaparecer el soporte legal que antes existía para presumir que dicho incremento de valor se produjese siempre”, sostiene la jueza.

 

Los Juzgados ovetenses ya han dictado, al menos, dos sentencias anulando el cobro de la plusvalía con este argumento. En todo caso, y pese a estimar el recurso, la magistrada no impone el pago de costas, “al no estar asentado todavía un criterio jurisprudencial” al respecto.

 

La magistrada afirma que, al no haber “incremento de valor”, el Consistorio se queda sin “hecho imponible” para cobrar.

 

Por tanto todos aquellos contribuyentes que hayáis obtenido pérdidas en la venta de algún inmueble, podéis recurrir en el plazo de 4 años desde la fecha de la transmisión del mismo , sea por venta o por herencia.

Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición en los diferentes canales de  nuestra web.

 

Un saludo.

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PROPUESTAS DE LA F.E.M.P. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

 

LOS MUNICIPIOS INTENTAN COBRAR EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL TAMBIÉN PARA LOS TERRENOS RÚSTICOS: PRADOS , FINCAS RURALES, ETC … .

 

 

 

La Federación Española  de Municipios y Provincias, después de la última sentencia del TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  – Mayo 2017 , plantea una reforma parcial del mecanismo para el cálculo de la plusvalía municipal, sustituyendo  los porcentajes actuales por un “coeficiente  de variación del mercado inmobiliario del suelo”, elaborado a partir de fuentes oficiales anualmente según la Ley de Presupuestos Generales  del Estado.

Un cambio que plantea introducir  la F.E.M.P.   a futuro , para compensar las probables  y cuantiosas devoluciones,  que durante estos últimos cuatro años tienes  derecho si pagaste por impuesto por el que no obtuviste ganancia alguna, se trata de gravar no sólo por añosa enteros si no por los períodos inferiores , es decir , meses … -.

Otro cambio,  que plantea dicha organización   es gravar no sólo que el hecho imponible se produzca en bienes inmuebles de carácter urbano, sino también en los de naturaleza rústica.

Así, se plantea realizar de ahora en adelante una deducción en el IRPF  y  I. Sociedades con una cierta deducción ?.

De esta forma se amortiguaría la descomunal de impuestos cobrados indebidamente,  al haber cobrado por incrementos de valor de suelo urbano ficticios.

 

Os recordamos que tenéis 4 años a partir de la liquidación del  impuesto, si te han cobrado pese al haber obtenido pérdidas en la venta  de tu inmueble o en la transmisión recibida en la herencia recibida.

 

 

Un  saludo.

 

info@reclamacionestributarias.es

Tfno. : 619816916

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REVISIÓN REAL DE VALORES CATASTRALES ???.

LA PONENCIA DE VALORES: PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN COLECTIVA DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA:

¿REVISIÓN DE VALORES CATASTRALES RESPECTO A PRECIOS DE MERCADO ????.

UNA FANTASÍA PARA EL CONTRIBUYENTE.

En el capítulo V- Valoración- del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 05 de Marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en sus artículos del 22 al 24 , se describe tanto como se obtiene el valor catastral , así como los criterios y límites .

Entre otros aspectos o factores que se tienen en cuenta a efectos de computar el valor del inmueble se contempla:

1.- La localización del inmueble, las circunstancias que afectan al suelo y su aptitud para la producción.

2.-Costes de ejecución material de las construcciones, beneficios de contrata, …, el uso, la calidad, antigüedad del inmueble y otras características especiales si así se determinan como tales.

3.-Gastos de la producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción.

4.-Las circunstancias y valores del mercado.

5-Cualquier otro factor que reglamentariamente se determine.

Y en el art. 23.2, literalmente dice así:

El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado , entendido por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará , mediante orden del Ministro de Hacienda , un coeficiente de referencia de mercado para los bienes de una misma clase.

En el art. 24, titulado “Determinación del valor catastral” éste se determinará a través de la correspondiente Ponencia de valores, bien a través del Procedimiento de Valoración Colectiva General, Parcial o Simplificada.

La ponencia de valores es un instrumento administrativo por el cual se establecen los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para determinar el valor catastral. En la misma ponencia, se incluyen, todos los elementos necesarios, que por modificación del planeamiento urbanístico, adquieran la clase a que se refiera dicha ponencia con posterioridad a su aprobación, estableciendo las bandas de valores, en función de tipologías, usos, aprovechamientos urbanísticos y grados de desarrollo del planeamiento.

Después de todo el “ boom inmobiliario”, donde los precios de las viviendas, solares , y en fin, cualquier inmueble, ha experimentado un alza espectacular hasta aproximadamente el 2008, los municipios/autonomías, a través de las diferentes exacciones, no han parado de recaudar dichos impuestos , sobre unas bases imponibles lejos de toda realidad económica y urbanística.

En su artículo 28, el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, señala los procedimientos para determinar la valoración catastral, tanto de los bienes inmuebles urbanos como rústicos.

Es curioso que si bien indica la ley que estas revisiones se podrán realizar bien de oficio, bien a instancia del Ayuntamiento correspondiente, cuando respecto ( sic ): “a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias”, la ADMINISTRACIÓN ha girado la cabeza y ha hecho “oídos sordos”a la situación tan compleja que los contribuyentes de a pie estamos atravesando.

Y aunque la ley establece en el art. 28.3 apartado a): “ … que la revisión de la ponencia de valores sólo podrá iniciarse transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de los valores derivados del anterior procedimiento … “, señala de forma meridiana , que en todo caso se iniciará a partir de los 10 años desde dicha fecha.

En resumen, nos encontramos con municipios donde las última revisiones de valores catastrales que realizaron muchos ayuntamientos a través del Catastro, se aplicaron en la banda de años más elevada ( años 2000-2008 ), en cuanto a precios por metro cuadrado dentro del sector inmobiliario.

También tenemos ayuntamientos, donde la ponencia de valores tiene más de 10 años de antigüedad, y que por temor a tener que actualizar a la baja los valores catastrales a los precios actuales de mercado, los ayuntamientos “ no mueven ficha”.

Y en fin, también hay ayuntamientos, que han calificado como suelos urbanos , suelos rústicos, que por no tener un instrumento urbanístico de desarrollo, no pueden ser calificados como tales, con el consiguiente agravio , pues el contribuyente ha de pagar Plusvalía , IBI, etc …, con carácter de suelo urbano , con la consiguiente valoración catastral ( ver sentencia del T.S.J. Cataluña ).

Afortunadamente, cada día nos vamos encontrando con sentencias en esta materia a favor del contribuyente, por lo que tenemos un camino abierto por recorrer en esto frentes, que de manera somera he intentado exponer.

A vuestra disposición,

Un saludo.

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Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal: 11 de Mayo de 2017

Foto: Foto: Corbis.

 

La Plusvalía Municipal es resuelta por El  Tribunal Constitucional: estima inconstitucional los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 2/2004.

Y termina su decisión, concluyendo literalmente con  los siguientes términos:

“… son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.”

Tal como se indicó en el artículo anterior, se publica íntegramente la sentencia mencionada:

Sentencia Tribunal Constitucional 11 mayo 2017 sobre Plusvalía Municipal

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado la siguiente

EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.

  1. Antecedentes
  2. El día 14 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurso núm. 174/2015), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 25 de julio de 2016, por el que se acordaba plantear cuestión de

inconstitucionalidad con relación al art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por presunta vulneración del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).

  1. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes:
  2. a) La entidad mercantil “Rentas y Vitalicios, S.L.”, dedicada a la promoción inmobiliaria, adquirió un serie de terrenos en 2003 sobre los que procedió a la construcción de 73 viviendas. Estas serían luego adjudicadas a la entidad financiera “Unicaja Banco S.A.U.” por el 50% de su valor de tasación, excepto una que lo fue por un valor superior, mediante procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 85/2004, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Jerez de la Frontera.
  3. b) Como consecuencia de las anteriores transmisiones, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera giró con fecha de 14 de julio de 2014 una serie de liquidaciones por el concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
  4. c) Al considerar la mercantil ejecutada que no había existido un aumento de valor de los terrenos, contra las liquidaciones anteriores interpuso los correspondientes recursos de reposición que fueron desestimados por Decreto del Teniente de Alcalde, Delegado de Economía, de fecha 21 de octubre de 2014, argumentando que “el legislador desarrolló esta normativa reguladora a sabiendas que siempre se podría obtener una cuota positiva”.
  5. d) Promovido recurso contencioso-administrativo (núm. 174/2015) contra el anterior Decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, una vez concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia con fecha de 8 de junio de 2016, se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la posible inconstitucionalidad de la norma de valoración objetiva establecida en el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; pero solo en la medida en que grava consecuencias no reales, en contra del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).
  6. e) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto la recurrente en el proceso a quo, mediante escrito registrado el día 22 de junio de 2016, como el Ministerio Fiscal, por informe de 24 de octubre de 2016, no se opusieron al planteamiento de la cuestión. Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, también por escrito de 22 de junio de 2016, se opuso al planteamiento.
  7. En la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial proponente, tras precisar los antecedentes de hecho, delimitar la forma de cuantificación del incremento del valor de los terrenos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 2/2004 y subrayar el alcance del principio de capacidad económica del art. 31.1 CE en la doctrina constitucional (STC 194/2000), considera que la resolución administrativa impugnada pone de manifiesto con nitidez la situación planteada. Pues reconoce que el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 solo admite como resultado en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana la existencia de cuotas positivas. Según el Juzgado promotor de la cuestión, el art. 107 del citado texto legal acoge una regla para la determinación de los incrementos de valor que tiene un carácter imperativo, sin que exista ningún precepto que prevea la posibilidad de utilizar otro método alternativo de cuantificación de las plusvalías municipales.

Así las cosas, según el órgano judicial, la entidad recurrente en el proceso a quo adquirió unos terrenos en un momento de alza en los precios en el mercado inmobiliario, ajustándose las ponencias de valores en el municipio a tales precios, para luego, en una situación de bajada sustancial y sostenida de los precios, transmitirlos en ejecución hipotecaria. Sin embargo, el precepto cuestionado no contempla el supuesto de una minusvaloración en la venta de inmuebles, determinando siempre un incremento de valor por el que tributar, lo que parece contravenir la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de capacidad económica, como requisito de partida de toda prestación tributaria.

En suma la ley atribuye, en todo caso, un resultado positivo de incremento de valor por la aplicación de unas reglas de determinación de la base imponible que no pueden dejar de aplicarse, dado su carácter imperativo. No contempla la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles, con lo que estaría haciendo depender la prestación tributaria de situaciones que no son expresivas de capacidad económica y, en consecuencia, estaría sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza no ya potenciales, sino inexistentes o ficticias.

  1. Mediante providencia de fecha 31 de enero de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión planteada y, de conformidad con lo previsto en el art. 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes, así como publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que tuvo lugar en el BOE núm. 34, de 9 de febrero).
  2. Por escrito registrado en este Tribunal el día 16 de febrero de 2017 se recibió una comunicación del Presidente del Senado por la que se trasladaba a este Tribunal el acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Posteriormente, por escrito registrado el día 17 siguiente se recibió otra comunicación de la Presidenta del Congreso de los Diputados por la que se ponía también en conocimiento de este Tribunal el acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
  3. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro de este Tribunal el día 28 de febrero de 2017. En este escrito, y con carácter previo al análisis de los vicios de inconstitucionalidad imputados a las normas cuestionadas, realiza dos precisiones previas: i) El art. 107 LHL cuestionado, como reconoce el propio órgano judicial promotor de la cuestión, no sería inconstitucional en todo caso, sino solo en la medida que no hubiese un incremento de valor ni real ni cierto; para que dicho artículo sea contrario a la Constitución deberá partirse de que en el supuesto concreto haya quedado demostrado dicho presupuesto: que el incremento de valor del terreno no es real ni cierto. ii) Aun cuando en el Auto de planteamiento se cuestiona el citado art. 107 LHL, en su totalidad, sin embargo, al estarse en presencia de una liquidación por la transmisión en ejecución hipotecaria de dos fincas, debería quedar fuera del planteamiento el apartado 2, subapartados b), c) y d), de ese precepto, pues no serían relevantes para adoptar una resolución en el proceso.

Una vez hechas las anteriores precisiones, pasa el Abogado del Estado a analizar la denunciada inconstitucionalidad del art. 107 LHL. Señala a tal fin que este precepto, en la redacción que le ha dado la Ley 51/2002, establece que la base imponible estará constituida por el “incremento del valor de los terrenos” puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años; a diferencia de la redacción anterior a la Ley 51/2002, que señalaba que la base imponible era el “incremento real del valor de los terrenos”. Para el Abogado del Estado, antes de la reforma, el legislador había configurado la determinación del incremento real mediante la utilización de una regla de valoración que sólo podía ofrecer un valor referencial; lo que justificaba que un contribuyente pudiese impugnar la liquidación si podía acreditar la ausencia de un incremento gravable. Por el contrario, tras la reforma, al haberse suprimido el término “real”, no se está condicionando nada. Aunque se evidencie “por una revisión catastral de los terrenos” que el contribuyente ha obtenido una minusvalía, siempre va a existir una renta potencial gravable; por lo que el principio de capacidad económica quedaría siempre a salvo. El fundamento del impuesto no es gravar el incremento “real” provocado por la diferencia de precios de venta y compra, sino la riqueza potencial, esto es, el incremento del valor del terreno experimentado por la acción urbanística del municipio en el que se encuentra, devolviendo a la colectividad parte del beneficio obtenido con fundamento en el art. 47 CE, que dispone que “la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos”.

Para el Abogado del Estado, el valor del terreno a tomar en consideración es el que tenga determinado al momento de la transmisión a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, esto es, el valor catastral, habiendo asumido así el legislador unos criterios objetivos para la fijación de la base imponible del impuesto, que no atienden a las circunstancias particulares o subjetivas. En este sentido, el art. 107 de la Ley de Haciendas Locales dispone que la base imponible del impuesto se determinará aplicando al valor del terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, el valor catastral. Se trata de un porcentaje que, a su vez, es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de años de generación del incremento. De este modo, la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno (con un máximo de 20 años); siempre con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno. Aunque el legislador pudo escoger entre diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno como, por ejemplo, el precio de la transmisión o el valor de mercado, sin embargo, optó por calcular el incremento del valor con relación al valor catastral. Prefirió establecer una regla de determinación de la base imponible que ni es presuntiva ni probatoria, sino objetiva (disociada de la realidad), lo que simplifica su determinación, aunque pueda dar lugar a un base inferior o superior al incremento real del terreno.

Es cierto, entonces, para el Abogado del Estado, que en una situación como la actual, en la que los precios de los inmuebles han bajado respecto a años anteriores y en la que el titular de un inmueble puede verse obligado a enajenarlo por un precio inferior al de adquisición, puede ocurrir que, pese a haber obtenido una pérdida económica, a efectos del Impuesto municipal se aprecie un incremento del valor del terreno. Pero ello no es contrario, a su juicio, al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE. Durante las décadas anteriores y sobre todo en los años del llamado “boom inmobiliario”, el valor de mercado de los inmuebles se incrementaba muy por encima de los valores catastrales, mientras que en el Impuesto municipal se tributaba igualmente en función del valor catastral y no del valor de mercado. Eso sí, para paliar los efectos negativos de la crisis del mercado inmobiliario la normativa reguladora del impuesto ha previsto dos medidas que pueden aplicar los Ayuntamientos: de un lado, una reducción de valor catastral de hasta un 60 por 100 de su valor durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.

Dado que el valor catastral del bien inmueble se tiene en cuenta para calcular la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (como también es la base del impuesto sobre bienes inmuebles y el valor que se toma como referencia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre el patrimonio), subraya el Abogado del Estado, que si se considera que los valores catastrales están mal determinados, ello no es un problema de capacidad económica, sino de articular los mecanismos previstos en la normativa vigente para impugnar esos valores.

  1. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro de este Tribunal el día 16 de marzo de 2017, considerando que procede declarar que los arts. 107.1 y 2.a), y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”, al no permitir a las Corporaciones Locales prescindir de la regla de cálculo legalmente establecida, aunque en las transmisiones de los terrenos de naturaleza urbana se produzca una minusvaloración en el momento de la transmisión.

Tras precisar los antecedentes de hecho del planteamiento de la cuestión, el contenido del precepto cuestionado, el cumplimiento de los requisitos procesales, las dudas de constitucionalidad manifestadas por el órgano promotor de la cuestión y la estructura del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, subraya el Fiscal General del Estado que este Tribunal ha dictado las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, con relación, respectivamente, a los arts. 1, 4 y 7.4 de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. Los ha declarado inconstitucionales y nulos, pero “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”. Pues bien, puesto que la redacción de los apartados de los preceptos cuestionados en el presente caso es idéntica a la de las normas forales declaradas inconstitucionales y dado que las dudas expuestas por el órgano judicial también son idénticas a las ya analizadas en las Sentencias citadas, procede declarar igualmente la inconstitucionalidad y nulidad del art. 107.1. y 2 a) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”.

Por último, señala el Fiscal General del Estado que aun cuando el órgano judicial se ha limitado a cuestionar el art. 107 de la Ley de Haciendas Locales, en la providencia de audiencia previa al planteamiento de la cuestión declaraba también aplicable a la controversia el art. 110.4 de la misma Ley, que impide tomar en consideración los supuestos de decremento del valor, habiendo sido objeto de las alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la obligación de las Corporaciones Locales de estar a las reglas del impuesto “sin admitir prueba en contrario” es consecuencia de la redacción del art. 110.4, razón por la cual, en las Sentencias citadas se declaró también inconstitucional el art. 7.4 de las Normas forales enjuiciadas. Aunque en el posterior Auto de planteamiento no exista referencia alguna al citado art. 110.4, el art. 39.1 LOTC permite extender la declaración de inconstitucionalidad, “por conexión o consecuencia”, a otros preceptos de la misma Ley, lo que debería producirse en este caso al existir una íntima conexión entre las reglas de determinación de la base imponible y ese art. 110.4, que impide a las Corporaciones Locales prescindir de la regla de cálculo legalmente establecida, aun cuando se haya producido una minusvaloración del valor del terreno en el momento de la transmisión.

Por todo ello, considera el Fiscal General del Estado que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

  1. Mediante escrito de 24 de enero de 2017, el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos comunicó su voluntad de abstenerse en el conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entenderse incluido en el epígrafe 10a del art. 219 LOPJ (tener interés indirecto en la causa). Por ATC 13/2017, de 31 de enero, el Pleno de este Tribunal acordó estimar justificada la abstención formulada, apartándole definitivamente del conocimiento de la cuestión y de todas sus incidencias.
  2. Por escrito de 11 de mayo de 2017, el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar anunció su intención de abstenerse del conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entenderse incluido en el epígrafe 10a del art. 219 LOPJ (tener interés indirecto en la causa). Por ATC de 11 de mayo de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó apreciar justificada la abstención formulada, apartándole definitivamente del conocimiento de la cuestión y de todas sus incidencias.
  3. Mediante providencia de 9 de mayo de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
  4. Fundamentos jurídicos
  5. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera ha planteado una cuestión inconstitucionalidad en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, LHL), por posible infracción del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).

Antes de entrar a dar respuesta a la duda que se plantea en el presente proceso constitucional hemos de precisar que, como señala el Abogado del Estado, aun cuando se cuestiona por el órgano judicial el art. 107 LHL en su totalidad, en la medida en que la liquidación impugnada en el proceso a quo deriva de la transmisión onerosa de unos terrenos, deben quedar fuera del objeto las letras b), c) y d) de su apartado 2. En ellas se acogen las reglas para la determinación del valor de terreno en la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio [letra b)]; en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie [letra c)]; y en las expropiaciones forzosas [letra d)].

En consecuencia, al no ser de aplicación al supuesto de hecho del que trae causa el presente proceso constitucional, dado que el órgano judicial no ha fundado su aplicabilidad ni tampoco la medida en la que la decisión del proceso a quo depende de la validez de los apartados b), c) y d) del art. 107.2 LHL, estos deben quedar excluidos del objeto de la cuestión.

  1. Considera el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera que la ley atribuye, en todo caso, un resultado positivo (un incremento de valor) por la aplicación de unas reglas de determinación de la base imponible que no pueden dejar de aplicarse (dado su carácter imperativo), no contemplando la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles. Con ello estaría haciendo depender la prestación tributaria de situaciones que no son expresivas de capacidad económica y, en consecuencia, sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza no ya potenciales, sino inexistentes o ficticias.

El Abogado del Estado sostiene, sin embargo, que se confunde el “valor real” con el “valor catastral”, pues el tributo no pretende gravar incrementos reales, al haber optado el legislador por calcular el incremento de valor derivado de la transmisión de un bien inmueble de naturaleza urbana de forma objetiva, sin atender a las circunstancias del caso concreto. Esto permite que incluso quien transmita un inmueble por un precio inferior al de adquisición, habiendo obtenido una pérdida económica, tenga un incremento de valor sometido a tributación. A su juicio, la circunstancia de que con la transmisión se evidencie una minusvalía, no convierte al tributo en contrario al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE y, por tanto, en inconstitucional; porque con el hecho mismo de la transmisión se pone de manifiesto una capacidad económica susceptible de gravamen.

El Fiscal General del Estado, con fundamento en las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, relativas a los arts. 1, 4 y 7.4, respectivamente, de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los Territorios Históricos de Gipuzkoa y Álava, considera que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 LHL, “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”; habida cuenta que la redacción de los preceptos ahora cuestionados es idéntica a la declarada inconstitucional en aquellas Sentencias.

  1. Como señala el Fiscal General del Estado, sobre una duda de constitucionalidad sustancialmente idéntica a la ahora planteada nos hemos pronunciado recientemente en las SSTC 26/2017 y 37/2017. En estas Sentencias llegamos a la conclusión de que el tratamiento que otorgaban las citadas Normas Forales «a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda justificación razonable, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que correspondía a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, con lo que se estaban sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio garantizado en el art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).

En efecto, declaramos en una y otra Sentencia que, siendo constitucionalmente admisible que «el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza», bastando con que «dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquél principio constitucional quede a salvo», ello debe hacerse sin que en ningún caso pueda «establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Por esta razón precisamos a renglón seguido que, aun cuando «es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto», sin embargo, «una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal» (STC 26/2017, FJ 3).

Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3).

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que «los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE)». De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). No hay que descuidar que «la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado ‒la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos‒ en un efecto generalizado, al que necesariamente la regulación normativa del impuesto debe atender», pues las concretas disfunciones que genera vulneran «las exigencias derivadas del principio de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 4; y 37/2017, FJ 4).

Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).

  1. No salva la conclusión alcanzada anteriormente ninguna de las dos medidas invocadas por el Abogado del Estado que los Ayuntamientos podrían adoptar de conformidad con la normativa reguladora del impuesto: de un lado, la reducción de valor catastral en hasta un 60 por 100 durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.
  2. a) Es cierto que los Ayuntamientos pueden reducir el valor catastral de los bienes inmuebles que hubiesen sido objeto de modificación como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, con carácter potestativo, hasta en un 60 por 100, provocando con ello, como efecto inmediato, una reducción del importe del tributo cuestionado. En este sentido, el art. 107.3 LHL autoriza a los Ayuntamientos a introducir -con carácter potestativo- una reducción de hasta el 60 por 100 en el valor catastral del terreno cuando se haya modificado como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general (esa misma reducción era obligatoria hasta el año 2012; el art. 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, la convirtió en potestativa).

De acuerdo a lo anterior, no sólo en aquellos supuestos en los que los Ayuntamientos no hayan previsto aquella reducción no quedaría sanada la situación que se considera inconstitucional, sino que también en aquellos otros en los que eventualmente hubieran podido prever la citada reducción, lo único que se estaría consiguiendo, caso de no estimarse un incremento, sería aminorar su importe, pero no evitarlo, lo que en modo alguno sanaría la vulneración del principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

  1. b) También es cierto que los valores catastrales (los que sirven para la determinación del incremento de valor sometido a tributación) pueden ser objeto de una actualización, incluso a la baja, por aplicación de los coeficientes previstos en las leyes de presupuestos generales, consiguiéndose con ello, eventualmente, la reducción del importe del tributo cuestionado. En efecto, siendo consciente el legislador estatal de que las circunstancias del mercado inmobiliario han cambiado como consecuencia de la crisis económica y, por tanto, de que los valores catastrales a partir de los cuales se determina el incremento del valor sometido a tributación se han visto afectados negativamente, introdujo -desde el ejercicio 2014- la posibilidad de aplicar unos coeficientes de actualización del valor catastral que no sólo sirven, en unos casos, para aumentarlo, sino también, en otros supuestos, para reducirlo. A diferencia de lo que venía sucediendo hasta el año 2013, cuando se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles, el art. 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, dio nueva redacción al art. 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, para prever la posibilidad de actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, a petición de los Ayuntamientos, siempre que se hubiesen puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, y siempre que hubiesen transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

Tradicionalmente se vino aplicando un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles. Sin embargo, tras la modificación operada por el art. 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la ley de presupuestos generales del Estado ha venido introduciendo unos coeficientes de actualización de los valores catastrales para su adecuación con el mercado inmobiliario, que pueden ser al alza o a la baja. La reducción prevista en las diferentes leyes de presupuestos para aquellos inmuebles cuyas ponencias de valores fueron aprobadas a partir del año 2005 intenta adecuar el valor catastral al valor del mercado inmobiliario, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. De esta manera, en la medida que el valor catastral que tiene asignado el terreno al momento del devengo es el parámetro fundamental para determinar el incremento de valor que ha experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años (art. 107 LHL), no cabe duda de que la actualización de aquel valor, cuando lo sea a la baja, mediante la aplicación del coeficiente previsto en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado (en el caso de que el Ayuntamiento lo haya solicitado a la Dirección General del Catastro), provocará como consecuencia inmediata la reducción de la base imponible (incremento de valor) en el impuesto controvertido. Sin embargo, la reducción del incremento imputable al obligado tributario, en el supuesto de no estimarse un incremento, nuevamente solo serviría para minorar su importe, pero no para evitarlo, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

  1. Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, deben efectuarse una serie de precisiones últimas sobre su alcance:
  2. a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).
  3. b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC 26/2017, FJ 6; y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).
  4. c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. Dada en Madrid, a once de mayo de dos mil diecisiete.

Si su liquidación sobre la Plusvalía Municipal  realizada en los cuatro años anteriores ha sido a favor de su Ayuntamiento, pese a  haber obtenido pérdidas bien  en la Compraventa , como en en el Impuesto de Sucesiones/Donaciones, les prestamos nuestros servicios para recuperar todas las cantidades indebidamente cobradas.

Un saludo.

E.Gómez.

Tfno: 619816916

info@reclamacionestributarias.es

 

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Última resolución del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal

Con motivo de las últimas sentencias recaídas sobre esta materia en Guipúzcoa y Alava, fallando a favor del contribuyente, por inexistencia de hecho ( según art. 107 de la Ley de Haciendas Locales ), a continuación remitimos información , así como el enlace de la sentencia publicada en Abril de este año

En próximos días publicaremos literalmente la resolución de estos días, que determina en el ámbito nacional , por extensión, los mismos términos con los que se pronunció en el ámbito foral del País Vasco.

El Tribunal Constitucional extiende a toda España la anulación del impuesto de la plusvalía municipal.

El Tribunal Constitucional (TC) extendió ayer a toda España la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se denomina el llamado impuesto de plusvalías, y de esta manera abrió una vía de reclamación para los afectados de hasta 8.300 millones de euros.

En concreto, el TC aplicó a todo el Estado lo que ya había decretado para Guipúzcoa y Álava: que sólo se pagará el impuesto de plusvalía en los casos en los que, efectivamente, se haya producido un incremento del precio de la vivienda que se vende. En caso contrario, los ayuntamientos no podrán exigir el pago de este gravamen, tal y como ha ocurrido hasta ahora.

Esta figura impositiva es de gran importancia para los municipios y sólo en 2015, último año del que se tienen datos, la recaudación superó los 2.600 millones de euros. Y en los últimos cuatro años, que en principio es el plazo máximo que puede pasar desde que se pagó el impuesto hasta que se pone la reclamación, la cifra asciende a esos más de 8.300 millones que ahora son susceptibles de ser revisados y, en su caso, reembolsados a los afectados.

Sin embargo, casi con total seguridad la cantidad que finalmente se reintegre no será tan abultada ya que, aunque la sentencia afecta a los años en los que más cayeron los precios de los inmuebles como consecuencia del fin de la burbuja inmobiliaria, parece difícil que todas las ventas se cerrasen con pérdidas.

La tasadora Tinsa, por su parte, afirma que el número total de afectados será superior a los 550.000, y añade que los municipios más afectados están en la Comunidad de Madrid, con unos 76.500 casos, y las provincia de Barcelona, con más de 56.000, y Alicante, con 47.500.En Asturias serian. 9.000. inmuebles afectados por esfa sentencia.

Todas estas cifras, por lo tanto, muestran la magnitud y trascendencia de la decisión que ayer tomó el Tribunal Constitucional, que puede hacer que el impuesto de plusvalía se convierta en las cláusulas suelo de los ayuntamientos. La diferencia, evidentemente, es que las devoluciones y compensaciones a los afectados se tendrán que hacer con dinero público.

Por ello, tanto el Ministerio de Hacienda como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están ya trabajando para, primero, realizar las modificaciones legislativas necesarias y, segundo, decidir cómo enfrentar el alto número de reclamaciones y reintegros a los que se van a enfrentar. En este proceso será clave el documento que la FEMP debe remitir antes del fin de mes al Gobierno con sus propuestas y estimaciones de impacto.

Por lo tanto, lo primero que deben hacer los contribuyentes que han tenido que pagar el impuesto de plusvalía tras cerrar la venta de un piso con pérdidas es presentar, ante el ayuntamiento correspondiente, un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos. En esta reclamación deberán incorporar el importe abonado, y con este paso se podrá en marcha la vía administrativa. El ente local en cuestión deberá fijar un plazo para darle una respuesta al afectado, que si no está de acuerdo con la misma podrá acceder al procedimiento judicial

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-3878.pdf

Para cualquier consulta para la devolución de lo ingresado indebidamente:

Tfno.: 619816916

Un saludo

Nota: próximamente pubicaremos íntegramente la resolución emanada por el Alto Tribunal en esta semana

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LA APLICABILIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL (I.I.V.T.N.U.): EFECTOS Y CONSECUENCIAS PARA EL CONTRIBUYENTE. O DE CÓMO LA ADMINISTRACIÓN LOCAL RECAUDA SOBRE CAPACIDADES ECONÓMICAS FICTICIAS.

 

 

 

 

 

La plusvalía municipal , popularmente conocida, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), , es un tributo que “pretende” gravar el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana durante un período al que ha pertenecido al transmitente.

Básicamente, son los artículos del 104-110 del R. Decreto Legislativo 02/2004 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), donde se encuentra recogido su régimen; a saber:

Hecho imponible, base imponible, sujeto pasivo, el marco legal para las ordenanzas fiscales municipales, parámetros para el cómputo del cálculo de la base imponible, tipo de gravamen, así como ciertas reglas relativas a la gestión tributaria de dicha exacción.

Así, en el artículo 104 nos habla del hecho imponible: como incremento del valor del inmueble producido durante “X” años; y en el artículo 107 define la base imponible como valor obtenido de aplicar un coeficiente sobre el valor catastral, incrementado proporcionalmente a los años de tenencia, con un máximo de 20 años.

Una vez expuesto de forma sucinta, las principales componentes del impuesto, cabe preguntarse ciertas reflexiones y algunas preguntas:

De la lectura conjunta de los art. 104 y 107 de L.H.L., se plantea una “dicotomía funcional”:

Por un lado en el art. 104 se nos habla de que es un tributo directo que grava un enriquecimiento real, indicando que constituye el hecho objeto de gravamen, el incremento del valor que experimenten dichos terrenos.

Y en el art. 107 se puede interpretar como un tributo indirecto, al no establecer una relación con la supuesta riqueza obtenida con independencia del valor real a efectos de mercado en el que se haya transmitido el inmueble. A continuación se fijan los porcentajes anuales que cada ayuntamiento puede aplicar en función de los años a efectos del devengo, siendo los primeros 5 años hasta un 3,7%, hasta llegar a los 20 años con un 3% anual. Y continúa diciendo: “ … el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno será el resultante de multiplicar el porcentaje anual en cada caso concreto por el número de años de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.”

Una vez calculada la base imponible, los ayuntamientos podrán girar la misma un tipo de gravamen de hasta un 30%, obteniendo así la cuota resultante a liquidar.

 

Y unas preguntas :

¿El legislador a la hora de establecer esta exacción, contemplaba el hecho de que el valor del terreno transmitido – como consecuencia de la crisis inmobiliaria sufrida por miles de ciudadanos- tomado como valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fuera inferior al valor de adquisición del inmueble objeto del impuesto?

Si el art. 104 grava el incremento que experimente el terreno en el transcurso de un tiempo, y su valor real objetivable ,resulta ser inferior al valor de adquisición, ¿no estaríamos en la hipótesis de inexistencia de incremento del valor real, y por ende no habría hecho imponible de aplicación al impuesto?.

Pues bien, si ya existía jurisprudencia, como la Sentencia del T.S.J de Navarra 1501/2000 y la del T. Supremo del 09/1995, donde ya se prefigura la exigencia de un incremento patrimonial, como elemento imprescindible para el cálculo de la base imponible de la plusvalía (como su propio nombre indica), es a raíz de la Sentencia del T.S.J. de Cataluña 805/2013 y la de 22/03/2012 (3120/2012) , donde se alega dar primacía al art. 104 sobre el 107; es decir: “…si se acreditase la inexistencia de incremento del terreno en el período impositivo no tendrá lugar el hecho imponible…”. En dicha sentencia se hace alusión a la base imponible del IBI, constituida por el valor catastral y que sirve de base para el cálculo de la plusvalía ( art. 107.2 LHL ).

Argumenta el Tribunal que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien a partir de los datos del Catastro Inmobiliario, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el art. 23.1 de dicha ley, pero añadiendo el art. 23.2: “ el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse …”.

Y sigue disertando: “ … el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana constituye el elemento del hecho imponible … .” Y continúa:

En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

Y en otro momento de la sentencia – atención a la disertación – añade: “… no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que si impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.

Concluyendo en esta sentencia que las normas legales establecen una únicamente una presunción iuris tantum, susceptible de quedar desvirtuada, mediante prueba adecuada y suficiente a cargo del obligado tributario y de acuerdo con el art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cabe destacar, por la interpretación en el cálculo de la plusvalía, la sentencia del T.S.J. de Castilla- La Mancha, al interpretar que la fórmula aplicable por el recurrente ( método de capitalización de descuento simple ), en la base imponible se ajusta de una forma más homogénea y proporcionada, de manera que se actualiza el valor catastral de transmisión al valor en el que se originó la transmisión:

PLUSVALÍA= V.CATASTRAL ACTUAL x Nº AÑOS X % COEF. / 1 + ( Nº AÑOS X % COEF.)

Las diferencias en los importes entre el cálculo según prevé la LRHL y esta “innovadora fórmula para este impuesto” : es muy considerable. Veamos un ejemplo:

VALOR CATASTRAL ACTUAL :150.000 €

Nº AÑOS ( desde adquisición hasta transmisión ): 18 años

COEFICIENTE MUNICIPAL: 3%

Según la LRHL:

B.IMPONIBLE: 150.000 € x 3% x 18 = 81.000 €

Según sentencia :

B.IMPONIBLE= 150.000 x 3% x 18 / 1 + ( 18 x 3% ) = 52.597,40 €

 

O SEA, SEGÚN LA FÓRMULA TRADICIONAL NOS COBRARÍAN UN 54% MÁS ¡!!!!!!!!

Y por si todo esto no fuera cosa menor, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Donostia, ha dictado Auto, en el que se plantea Cuestión de Inconstitucionalidad de los art. 104,107 y 110 de la LRHL:

1.- Por vulneración del Principio de Capacidad Económica contemplado en el art. 31 de nuestra Constitución (por desvinculación real del sujeto pasivo).

2.-Por si la regla de valoración legal establecida permite o no prueba en contrario que permita en vía de alegaciones o recurso administrativo o contencioso-administrativo, lo que afectaría además al art. 24 de la Constitución. A tal efecto señala el auto:

“El tributo no somete a tributación una plusvalía real , sino una plusvalía cuantificada   de forma objetiva, de modo que la base imponible determinada conforme al art. 107 de la LRLH, no admite prueba en contrario y el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que pueda atribuirse valores, cuotas o bases diferentes de tales normas … por lo que cabe señalar que lo que la legislación somete a gravamen no son capacidades económicas reales o potenciales sino ficticias que no pueden ser objeto de prueba en contra ( bien mediante un sistema de capitalización con un método de descuento simple o con una tasación pericial contradictoria u otro afín según el art.57.2 de la Ley General Tributaria”.

En resumen, nos encontramos con la aplicación de un impuesto que grava una situación económica a futuro, sin tener en cuenta la valoración actual del terreno urbano objeto de transmisión.

Desde esta página, consideramos que tanto el cálculo para el cómputo de la base imponible, como ésta – por no ajustarse el valor catastral que la Administración Local sobre un valor real de mercado en el momento de la transmisión, son argumentos objetivables y susceptibles de ser revisados, y recurridos en las diferentes instancias administrativas y/o judiciales.

Y un último apunte:

El plazo de prescripción es de 4 años, a partir de la fecha de devengo del impuesto ( en general fecha de transmisión del inmueble). Por lo que todos aquellos contribuyentes que hayan autoliquidado ya el impuesto, y estén dentro este período, pueden recurrir la conocida como PLUSVALÍA MUNICIPAL.

 A vuestra disposición.

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¡¡¡RECLAMA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DENOMINADA PLUSVALÍA MUNICIPAL:NO EXISTE HECHO IMPONIBLE SI NO SE DEMUESTRA “UN HECHO REVELADOR DE RIQUEZA “

¡¡¡RECLAMA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!.       EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DENOMINADA PLUSVALÍA MUNICIPAL:NO EXISTE HECHO IMPONIBLE SI NO SE DEMUESTRA “UN HECHO REVELADOR DE RIQUEZA “

 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TUMBA EL IMPUESTO  MUNICIPAL  ( I.I.V.T.N.U.) SOBRE LA DENOMINADA ”  PLUSVALÍA MUNICIPAL”.

La sentencia del Alto Tribunal de este último jueves 16 Febrero, entiende que va contra el PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española, y conforme que,” cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza”.Dicha sentencia procede de una custión de inconstitucionalidad, planteada por el juzgado de San Sebastián nº3 .

 

El artículo  107 de la   Ley de  Haciendas Locales define   la base de este  impuesto: ” es  el incremento del valor de los terrenos que experimentan los terrenos , puesto de manifiesto en el momento de devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

Sin embargo ,para el cálculo de  la plusvalía municipal no se tiene en cuenta el valor de venta o de compra. Los ayuntamientos toman como base para el cálculo el valor catastral del suelo ( según la ponencia de valores estimada en su momento) y a éste , se le aplica  un  coeficiente en función del número de años ( hasta un máximo de veinte años ) de propiedad del bien. Una vez calculado esa base, cada ayuntamiento determina un tipo impositivo según su ordenanza municipal.

Pero el Alto Tribunal en unas de sus consideraciones añade : “En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia” , al tributar cuando la venta del inmueble no ha proporcionado ganancias, algo que ha sucedido durante estos  años de crisis inmobiliaria, y que los Ayuntamientos han hecho oídos sordos ante la que ha sido, siendo una aclamación de injusticia  los miles de casos que además de perder sobre una inicial, el ciudadano de a pie estaba obligado a pagar un impuesto con independencia  de cuál fuera el precio final de la venta objeto del impuesto.

A continución se puede leer parte de los argumentos de dicha sentencia:

 

 

“ En consecuencia, es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto. Ahora bien, una vez hecha la precisión que antecede, es importante tener presente que una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, diferencia esta que es importante subrayar «porque, si así fuese, es evidente que el precepto cuestionado sería contrario al principio constitucional de capacidad económica, dado que -como hemos venido señalando- dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia» (STC 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5).

 

Y entre otras disertaciones, afirma:

 

” … Pues bien, no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE). Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

 

SE PUEDEN  Y SE DEBEN RECLAMAR TODAS AQUELLAS CANTIDADES ABONADAS COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TURNO, EN EL PLAZO MÁXIMO DE CUATRO AÑOS DESDE  ESA FECHA, COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN DEL SUELO URBANO ( COMPRAVENTA, SUCESIONES/DONACIONES, ETC. … ).

 

Pasos a seguir:

1.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS ANTE EL AYUNTAMIENTO COMPETENTE DE ESTE IMPUESTO.

En el mismo se ha constatar la liquidación que se abonó por dicho concepto, así como la escritura de compraventa donde se pone de manifiesto la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

2.- PRESENTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN O EN SU DEFECTO RECURSO ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / REGIONAL.

En esta instancia se trata de alegar las consideraciones, en caso de no haber prosperado la reclamación inicial.

3.-VÍA JUDICIAL.

Llegado ese momento, se agotaría la vía administrativa, iniciándose la vía judicial, aunque con la sentencia actual del T. Constitucional a favor del contribuyente y  con anterioridad  la sentencia  de 20/06/2016 del TRIBUNAL SUPREMO, entendemos que la administración local se vería abocada a  hacer frente a los gastos y costas judiciales desde inicio del procedimiento.

En ese caso el plazo es de dos meses  para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

 

OS ANIMAMOS A TODOS LOS QUE  OS ENCONTRÉIS EN ÉSTA SITUACIÓN PARA REALIZAR LAS OPORTUNAS RECLAMACIONES SOBRE UNA PLUSVALÍA INEXISTENTE.

RECORDAD:

EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR LA PLUSVAÍA ES DE 4 AÑOS, A PARTIR DE CUANDO SE REALIZÓ EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN GIRADA POR TU AYUNTAMIENTO.

 

NOTA:  CONTINUAREMOS …

 PODÉIS REALIZAR VUSTRAS CONSULTAS EN:

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TFNO. CONTACTO DIRECTO: 619816916

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