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PROPUESTAS DE LA F.E.M.P. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

 

LOS MUNICIPIOS INTENTAN COBRAR EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL TAMBIÉN PARA LOS TERRENOS RÚSTICOS: PRADOS , FINCAS RURALES, ETC … .

 

 

 

La Federación Española  de Municipios y Provincias, después de la última sentencia del TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL  – Mayo 2017 , plantea una reforma parcial del mecanismo para el cálculo de la plusvalía municipal, sustituyendo  los porcentajes actuales por un “coeficiente  de variación del mercado inmobiliario del suelo”, elaborado a partir de fuentes oficiales anualmente según la Ley de Presupuestos Generales  del Estado.

Un cambio que plantea introducir  la F.E.M.P.   a futuro , para compensar las probables  y cuantiosas devoluciones,  que durante estos últimos cuatro años tienes  derecho si pagaste por impuesto por el que no obtuviste ganancia alguna, se trata de gravar no sólo por añosa enteros si no por los períodos inferiores , es decir , meses … -.

Otro cambio,  que plantea dicha organización   es gravar no sólo que el hecho imponible se produzca en bienes inmuebles de carácter urbano, sino también en los de naturaleza rústica.

Así, se plantea realizar de ahora en adelante una deducción en el IRPF  y  I. Sociedades con una cierta deducción ?.

De esta forma se amortiguaría la descomunal de impuestos cobrados indebidamente,  al haber cobrado por incrementos de valor de suelo urbano ficticios.

 

Os recordamos que tenéis 4 años a partir de la liquidación del  impuesto, si te han cobrado pese al haber obtenido pérdidas en la venta  de tu inmueble o en la transmisión recibida en la herencia recibida.

 

 

Un  saludo.

 

info@reclamacionestributarias.es

Tfno. : 619816916

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REVISIÓN REAL DE VALORES CATASTRALES ???.

LA PONENCIA DE VALORES: PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN COLECTIVA DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA:

¿REVISIÓN DE VALORES CATASTRALES RESPECTO A PRECIOS DE MERCADO ????.

UNA FANTASÍA PARA EL CONTRIBUYENTE.

En el capítulo V- Valoración- del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 05 de Marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en sus artículos del 22 al 24 , se describe tanto como se obtiene el valor catastral , así como los criterios y límites .

Entre otros aspectos o factores que se tienen en cuenta a efectos de computar el valor del inmueble se contempla:

1.- La localización del inmueble, las circunstancias que afectan al suelo y su aptitud para la producción.

2.-Costes de ejecución material de las construcciones, beneficios de contrata, …, el uso, la calidad, antigüedad del inmueble y otras características especiales si así se determinan como tales.

3.-Gastos de la producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción.

4.-Las circunstancias y valores del mercado.

5-Cualquier otro factor que reglamentariamente se determine.

Y en el art. 23.2, literalmente dice así:

El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado , entendido por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará , mediante orden del Ministro de Hacienda , un coeficiente de referencia de mercado para los bienes de una misma clase.

En el art. 24, titulado “Determinación del valor catastral” éste se determinará a través de la correspondiente Ponencia de valores, bien a través del Procedimiento de Valoración Colectiva General, Parcial o Simplificada.

La ponencia de valores es un instrumento administrativo por el cual se establecen los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para determinar el valor catastral. En la misma ponencia, se incluyen, todos los elementos necesarios, que por modificación del planeamiento urbanístico, adquieran la clase a que se refiera dicha ponencia con posterioridad a su aprobación, estableciendo las bandas de valores, en función de tipologías, usos, aprovechamientos urbanísticos y grados de desarrollo del planeamiento.

Después de todo el “ boom inmobiliario”, donde los precios de las viviendas, solares , y en fin, cualquier inmueble, ha experimentado un alza espectacular hasta aproximadamente el 2008, los municipios/autonomías, a través de las diferentes exacciones, no han parado de recaudar dichos impuestos , sobre unas bases imponibles lejos de toda realidad económica y urbanística.

En su artículo 28, el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, señala los procedimientos para determinar la valoración catastral, tanto de los bienes inmuebles urbanos como rústicos.

Es curioso que si bien indica la ley que estas revisiones se podrán realizar bien de oficio, bien a instancia del Ayuntamiento correspondiente, cuando respecto ( sic ): “a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias”, la ADMINISTRACIÓN ha girado la cabeza y ha hecho “oídos sordos”a la situación tan compleja que los contribuyentes de a pie estamos atravesando.

Y aunque la ley establece en el art. 28.3 apartado a): “ … que la revisión de la ponencia de valores sólo podrá iniciarse transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de los valores derivados del anterior procedimiento … “, señala de forma meridiana , que en todo caso se iniciará a partir de los 10 años desde dicha fecha.

En resumen, nos encontramos con municipios donde las última revisiones de valores catastrales que realizaron muchos ayuntamientos a través del Catastro, se aplicaron en la banda de años más elevada ( años 2000-2008 ), en cuanto a precios por metro cuadrado dentro del sector inmobiliario.

También tenemos ayuntamientos, donde la ponencia de valores tiene más de 10 años de antigüedad, y que por temor a tener que actualizar a la baja los valores catastrales a los precios actuales de mercado, los ayuntamientos “ no mueven ficha”.

Y en fin, también hay ayuntamientos, que han calificado como suelos urbanos , suelos rústicos, que por no tener un instrumento urbanístico de desarrollo, no pueden ser calificados como tales, con el consiguiente agravio , pues el contribuyente ha de pagar Plusvalía , IBI, etc …, con carácter de suelo urbano , con la consiguiente valoración catastral ( ver sentencia del T.S.J. Cataluña ).

Afortunadamente, cada día nos vamos encontrando con sentencias en esta materia a favor del contribuyente, por lo que tenemos un camino abierto por recorrer en esto frentes, que de manera somera he intentado exponer.

A vuestra disposición,

Un saludo.

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Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal: 11 de Mayo de 2017

Foto: Foto: Corbis.

 

La Plusvalía Municipal es resuelta por El  Tribunal Constitucional: estima inconstitucional los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. 2/2004.

Y termina su decisión, concluyendo literalmente con  los siguientes términos:

“… son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.”

Tal como se indicó en el artículo anterior, se publica íntegramente la sentencia mencionada:

Sentencia Tribunal Constitucional 11 mayo 2017 sobre Plusvalía Municipal

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado la siguiente

EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.

  1. Antecedentes
  2. El día 14 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal Constitucional un escrito del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurso núm. 174/2015), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 25 de julio de 2016, por el que se acordaba plantear cuestión de

inconstitucionalidad con relación al art. 107 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por presunta vulneración del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).

  1. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes:
  2. a) La entidad mercantil “Rentas y Vitalicios, S.L.”, dedicada a la promoción inmobiliaria, adquirió un serie de terrenos en 2003 sobre los que procedió a la construcción de 73 viviendas. Estas serían luego adjudicadas a la entidad financiera “Unicaja Banco S.A.U.” por el 50% de su valor de tasación, excepto una que lo fue por un valor superior, mediante procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 85/2004, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Jerez de la Frontera.
  3. b) Como consecuencia de las anteriores transmisiones, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera giró con fecha de 14 de julio de 2014 una serie de liquidaciones por el concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
  4. c) Al considerar la mercantil ejecutada que no había existido un aumento de valor de los terrenos, contra las liquidaciones anteriores interpuso los correspondientes recursos de reposición que fueron desestimados por Decreto del Teniente de Alcalde, Delegado de Economía, de fecha 21 de octubre de 2014, argumentando que “el legislador desarrolló esta normativa reguladora a sabiendas que siempre se podría obtener una cuota positiva”.
  5. d) Promovido recurso contencioso-administrativo (núm. 174/2015) contra el anterior Decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, una vez concluso el correspondiente procedimiento, mediante providencia con fecha de 8 de junio de 2016, se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la posible inconstitucionalidad de la norma de valoración objetiva establecida en el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; pero solo en la medida en que grava consecuencias no reales, en contra del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).
  6. e) Evacuado el trámite de alegaciones conferido, tanto la recurrente en el proceso a quo, mediante escrito registrado el día 22 de junio de 2016, como el Ministerio Fiscal, por informe de 24 de octubre de 2016, no se opusieron al planteamiento de la cuestión. Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, también por escrito de 22 de junio de 2016, se opuso al planteamiento.
  7. En la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial proponente, tras precisar los antecedentes de hecho, delimitar la forma de cuantificación del incremento del valor de los terrenos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto Legislativo 2/2004 y subrayar el alcance del principio de capacidad económica del art. 31.1 CE en la doctrina constitucional (STC 194/2000), considera que la resolución administrativa impugnada pone de manifiesto con nitidez la situación planteada. Pues reconoce que el citado Real Decreto Legislativo 2/2004 solo admite como resultado en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana la existencia de cuotas positivas. Según el Juzgado promotor de la cuestión, el art. 107 del citado texto legal acoge una regla para la determinación de los incrementos de valor que tiene un carácter imperativo, sin que exista ningún precepto que prevea la posibilidad de utilizar otro método alternativo de cuantificación de las plusvalías municipales.

Así las cosas, según el órgano judicial, la entidad recurrente en el proceso a quo adquirió unos terrenos en un momento de alza en los precios en el mercado inmobiliario, ajustándose las ponencias de valores en el municipio a tales precios, para luego, en una situación de bajada sustancial y sostenida de los precios, transmitirlos en ejecución hipotecaria. Sin embargo, el precepto cuestionado no contempla el supuesto de una minusvaloración en la venta de inmuebles, determinando siempre un incremento de valor por el que tributar, lo que parece contravenir la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de capacidad económica, como requisito de partida de toda prestación tributaria.

En suma la ley atribuye, en todo caso, un resultado positivo de incremento de valor por la aplicación de unas reglas de determinación de la base imponible que no pueden dejar de aplicarse, dado su carácter imperativo. No contempla la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles, con lo que estaría haciendo depender la prestación tributaria de situaciones que no son expresivas de capacidad económica y, en consecuencia, estaría sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza no ya potenciales, sino inexistentes o ficticias.

  1. Mediante providencia de fecha 31 de enero de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión planteada y, de conformidad con lo previsto en el art. 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes, así como publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que tuvo lugar en el BOE núm. 34, de 9 de febrero).
  2. Por escrito registrado en este Tribunal el día 16 de febrero de 2017 se recibió una comunicación del Presidente del Senado por la que se trasladaba a este Tribunal el acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Posteriormente, por escrito registrado el día 17 siguiente se recibió otra comunicación de la Presidenta del Congreso de los Diputados por la que se ponía también en conocimiento de este Tribunal el acuerdo de personación de esta Cámara en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC, con remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
  3. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro de este Tribunal el día 28 de febrero de 2017. En este escrito, y con carácter previo al análisis de los vicios de inconstitucionalidad imputados a las normas cuestionadas, realiza dos precisiones previas: i) El art. 107 LHL cuestionado, como reconoce el propio órgano judicial promotor de la cuestión, no sería inconstitucional en todo caso, sino solo en la medida que no hubiese un incremento de valor ni real ni cierto; para que dicho artículo sea contrario a la Constitución deberá partirse de que en el supuesto concreto haya quedado demostrado dicho presupuesto: que el incremento de valor del terreno no es real ni cierto. ii) Aun cuando en el Auto de planteamiento se cuestiona el citado art. 107 LHL, en su totalidad, sin embargo, al estarse en presencia de una liquidación por la transmisión en ejecución hipotecaria de dos fincas, debería quedar fuera del planteamiento el apartado 2, subapartados b), c) y d), de ese precepto, pues no serían relevantes para adoptar una resolución en el proceso.

Una vez hechas las anteriores precisiones, pasa el Abogado del Estado a analizar la denunciada inconstitucionalidad del art. 107 LHL. Señala a tal fin que este precepto, en la redacción que le ha dado la Ley 51/2002, establece que la base imponible estará constituida por el “incremento del valor de los terrenos” puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años; a diferencia de la redacción anterior a la Ley 51/2002, que señalaba que la base imponible era el “incremento real del valor de los terrenos”. Para el Abogado del Estado, antes de la reforma, el legislador había configurado la determinación del incremento real mediante la utilización de una regla de valoración que sólo podía ofrecer un valor referencial; lo que justificaba que un contribuyente pudiese impugnar la liquidación si podía acreditar la ausencia de un incremento gravable. Por el contrario, tras la reforma, al haberse suprimido el término “real”, no se está condicionando nada. Aunque se evidencie “por una revisión catastral de los terrenos” que el contribuyente ha obtenido una minusvalía, siempre va a existir una renta potencial gravable; por lo que el principio de capacidad económica quedaría siempre a salvo. El fundamento del impuesto no es gravar el incremento “real” provocado por la diferencia de precios de venta y compra, sino la riqueza potencial, esto es, el incremento del valor del terreno experimentado por la acción urbanística del municipio en el que se encuentra, devolviendo a la colectividad parte del beneficio obtenido con fundamento en el art. 47 CE, que dispone que “la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos”.

Para el Abogado del Estado, el valor del terreno a tomar en consideración es el que tenga determinado al momento de la transmisión a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, esto es, el valor catastral, habiendo asumido así el legislador unos criterios objetivos para la fijación de la base imponible del impuesto, que no atienden a las circunstancias particulares o subjetivas. En este sentido, el art. 107 de la Ley de Haciendas Locales dispone que la base imponible del impuesto se determinará aplicando al valor del terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, es decir, el valor catastral. Se trata de un porcentaje que, a su vez, es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento, dentro del límite legal, por el número de años de generación del incremento. De este modo, la cuantía del impuesto aumenta en función del número de años transcurridos entre la adquisición y la transmisión del terreno (con un máximo de 20 años); siempre con total independencia de la ganancia real obtenida con la transmisión del terreno. Aunque el legislador pudo escoger entre diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno como, por ejemplo, el precio de la transmisión o el valor de mercado, sin embargo, optó por calcular el incremento del valor con relación al valor catastral. Prefirió establecer una regla de determinación de la base imponible que ni es presuntiva ni probatoria, sino objetiva (disociada de la realidad), lo que simplifica su determinación, aunque pueda dar lugar a un base inferior o superior al incremento real del terreno.

Es cierto, entonces, para el Abogado del Estado, que en una situación como la actual, en la que los precios de los inmuebles han bajado respecto a años anteriores y en la que el titular de un inmueble puede verse obligado a enajenarlo por un precio inferior al de adquisición, puede ocurrir que, pese a haber obtenido una pérdida económica, a efectos del Impuesto municipal se aprecie un incremento del valor del terreno. Pero ello no es contrario, a su juicio, al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE. Durante las décadas anteriores y sobre todo en los años del llamado “boom inmobiliario”, el valor de mercado de los inmuebles se incrementaba muy por encima de los valores catastrales, mientras que en el Impuesto municipal se tributaba igualmente en función del valor catastral y no del valor de mercado. Eso sí, para paliar los efectos negativos de la crisis del mercado inmobiliario la normativa reguladora del impuesto ha previsto dos medidas que pueden aplicar los Ayuntamientos: de un lado, una reducción de valor catastral de hasta un 60 por 100 de su valor durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.

Dado que el valor catastral del bien inmueble se tiene en cuenta para calcular la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (como también es la base del impuesto sobre bienes inmuebles y el valor que se toma como referencia en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre el patrimonio), subraya el Abogado del Estado, que si se considera que los valores catastrales están mal determinados, ello no es un problema de capacidad económica, sino de articular los mecanismos previstos en la normativa vigente para impugnar esos valores.

  1. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro de este Tribunal el día 16 de marzo de 2017, considerando que procede declarar que los arts. 107.1 y 2.a), y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”, al no permitir a las Corporaciones Locales prescindir de la regla de cálculo legalmente establecida, aunque en las transmisiones de los terrenos de naturaleza urbana se produzca una minusvaloración en el momento de la transmisión.

Tras precisar los antecedentes de hecho del planteamiento de la cuestión, el contenido del precepto cuestionado, el cumplimiento de los requisitos procesales, las dudas de constitucionalidad manifestadas por el órgano promotor de la cuestión y la estructura del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, subraya el Fiscal General del Estado que este Tribunal ha dictado las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, con relación, respectivamente, a los arts. 1, 4 y 7.4 de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. Los ha declarado inconstitucionales y nulos, pero “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”. Pues bien, puesto que la redacción de los apartados de los preceptos cuestionados en el presente caso es idéntica a la de las normas forales declaradas inconstitucionales y dado que las dudas expuestas por el órgano judicial también son idénticas a las ya analizadas en las Sentencias citadas, procede declarar igualmente la inconstitucionalidad y nulidad del art. 107.1. y 2 a) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”.

Por último, señala el Fiscal General del Estado que aun cuando el órgano judicial se ha limitado a cuestionar el art. 107 de la Ley de Haciendas Locales, en la providencia de audiencia previa al planteamiento de la cuestión declaraba también aplicable a la controversia el art. 110.4 de la misma Ley, que impide tomar en consideración los supuestos de decremento del valor, habiendo sido objeto de las alegaciones de las partes y del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la obligación de las Corporaciones Locales de estar a las reglas del impuesto “sin admitir prueba en contrario” es consecuencia de la redacción del art. 110.4, razón por la cual, en las Sentencias citadas se declaró también inconstitucional el art. 7.4 de las Normas forales enjuiciadas. Aunque en el posterior Auto de planteamiento no exista referencia alguna al citado art. 110.4, el art. 39.1 LOTC permite extender la declaración de inconstitucionalidad, “por conexión o consecuencia”, a otros preceptos de la misma Ley, lo que debería producirse en este caso al existir una íntima conexión entre las reglas de determinación de la base imponible y ese art. 110.4, que impide a las Corporaciones Locales prescindir de la regla de cálculo legalmente establecida, aun cuando se haya producido una minusvaloración del valor del terreno en el momento de la transmisión.

Por todo ello, considera el Fiscal General del Estado que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

  1. Mediante escrito de 24 de enero de 2017, el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos comunicó su voluntad de abstenerse en el conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entenderse incluido en el epígrafe 10a del art. 219 LOPJ (tener interés indirecto en la causa). Por ATC 13/2017, de 31 de enero, el Pleno de este Tribunal acordó estimar justificada la abstención formulada, apartándole definitivamente del conocimiento de la cuestión y de todas sus incidencias.
  2. Por escrito de 11 de mayo de 2017, el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar anunció su intención de abstenerse del conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por entenderse incluido en el epígrafe 10a del art. 219 LOPJ (tener interés indirecto en la causa). Por ATC de 11 de mayo de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó apreciar justificada la abstención formulada, apartándole definitivamente del conocimiento de la cuestión y de todas sus incidencias.
  3. Mediante providencia de 9 de mayo de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
  4. Fundamentos jurídicos
  5. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera ha planteado una cuestión inconstitucionalidad en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, LHL), por posible infracción del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).

Antes de entrar a dar respuesta a la duda que se plantea en el presente proceso constitucional hemos de precisar que, como señala el Abogado del Estado, aun cuando se cuestiona por el órgano judicial el art. 107 LHL en su totalidad, en la medida en que la liquidación impugnada en el proceso a quo deriva de la transmisión onerosa de unos terrenos, deben quedar fuera del objeto las letras b), c) y d) de su apartado 2. En ellas se acogen las reglas para la determinación del valor de terreno en la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio [letra b)]; en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie [letra c)]; y en las expropiaciones forzosas [letra d)].

En consecuencia, al no ser de aplicación al supuesto de hecho del que trae causa el presente proceso constitucional, dado que el órgano judicial no ha fundado su aplicabilidad ni tampoco la medida en la que la decisión del proceso a quo depende de la validez de los apartados b), c) y d) del art. 107.2 LHL, estos deben quedar excluidos del objeto de la cuestión.

  1. Considera el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera que la ley atribuye, en todo caso, un resultado positivo (un incremento de valor) por la aplicación de unas reglas de determinación de la base imponible que no pueden dejar de aplicarse (dado su carácter imperativo), no contemplando la posible existencia de una minusvaloración al momento de la transmisión de los inmuebles. Con ello estaría haciendo depender la prestación tributaria de situaciones que no son expresivas de capacidad económica y, en consecuencia, sometiendo a tributación manifestaciones de riqueza no ya potenciales, sino inexistentes o ficticias.

El Abogado del Estado sostiene, sin embargo, que se confunde el “valor real” con el “valor catastral”, pues el tributo no pretende gravar incrementos reales, al haber optado el legislador por calcular el incremento de valor derivado de la transmisión de un bien inmueble de naturaleza urbana de forma objetiva, sin atender a las circunstancias del caso concreto. Esto permite que incluso quien transmita un inmueble por un precio inferior al de adquisición, habiendo obtenido una pérdida económica, tenga un incremento de valor sometido a tributación. A su juicio, la circunstancia de que con la transmisión se evidencie una minusvalía, no convierte al tributo en contrario al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE y, por tanto, en inconstitucional; porque con el hecho mismo de la transmisión se pone de manifiesto una capacidad económica susceptible de gravamen.

El Fiscal General del Estado, con fundamento en las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, y 37/2017, de 1 de marzo, relativas a los arts. 1, 4 y 7.4, respectivamente, de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, y 46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los Territorios Históricos de Gipuzkoa y Álava, considera que debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 LHL, “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor”; habida cuenta que la redacción de los preceptos ahora cuestionados es idéntica a la declarada inconstitucional en aquellas Sentencias.

  1. Como señala el Fiscal General del Estado, sobre una duda de constitucionalidad sustancialmente idéntica a la ahora planteada nos hemos pronunciado recientemente en las SSTC 26/2017 y 37/2017. En estas Sentencias llegamos a la conclusión de que el tratamiento que otorgaban las citadas Normas Forales «a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carecía de toda justificación razonable, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que correspondía a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, con lo que se estaban sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica en contra del principio garantizado en el art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).

En efecto, declaramos en una y otra Sentencia que, siendo constitucionalmente admisible que «el legislador establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza», bastando con que «dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquél principio constitucional quede a salvo», ello debe hacerse sin que en ningún caso pueda «establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Por esta razón precisamos a renglón seguido que, aun cuando «es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto», sin embargo, «una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal» (STC 26/2017, FJ 3).

Resulta, entonces, que aun cuando de conformidad con su regulación normativa, el objeto del impuesto analizado es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, el gravamen, sin embargo, no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo). Por consiguiente, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que se cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). Sin embargo, parece claro que la circunstancia de que el nacimiento de la obligación tributaria se hiciese depender, entonces y también ahora, de la transmisión de un terreno, «podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el “incremento de valor” de un terreno. Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3).

Enjuiciando aquella regulación foral consideramos que «los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE)». De esta manera, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, «lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). No hay que descuidar que «la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado ‒la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos‒ en un efecto generalizado, al que necesariamente la regulación normativa del impuesto debe atender», pues las concretas disfunciones que genera vulneran «las exigencias derivadas del principio de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 4; y 37/2017, FJ 4).

Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).

  1. No salva la conclusión alcanzada anteriormente ninguna de las dos medidas invocadas por el Abogado del Estado que los Ayuntamientos podrían adoptar de conformidad con la normativa reguladora del impuesto: de un lado, la reducción de valor catastral en hasta un 60 por 100 durante los cinco años siguientes a su revisión; de otro, la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.
  2. a) Es cierto que los Ayuntamientos pueden reducir el valor catastral de los bienes inmuebles que hubiesen sido objeto de modificación como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, con carácter potestativo, hasta en un 60 por 100, provocando con ello, como efecto inmediato, una reducción del importe del tributo cuestionado. En este sentido, el art. 107.3 LHL autoriza a los Ayuntamientos a introducir -con carácter potestativo- una reducción de hasta el 60 por 100 en el valor catastral del terreno cuando se haya modificado como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general (esa misma reducción era obligatoria hasta el año 2012; el art. 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, la convirtió en potestativa).

De acuerdo a lo anterior, no sólo en aquellos supuestos en los que los Ayuntamientos no hayan previsto aquella reducción no quedaría sanada la situación que se considera inconstitucional, sino que también en aquellos otros en los que eventualmente hubieran podido prever la citada reducción, lo único que se estaría consiguiendo, caso de no estimarse un incremento, sería aminorar su importe, pero no evitarlo, lo que en modo alguno sanaría la vulneración del principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

  1. b) También es cierto que los valores catastrales (los que sirven para la determinación del incremento de valor sometido a tributación) pueden ser objeto de una actualización, incluso a la baja, por aplicación de los coeficientes previstos en las leyes de presupuestos generales, consiguiéndose con ello, eventualmente, la reducción del importe del tributo cuestionado. En efecto, siendo consciente el legislador estatal de que las circunstancias del mercado inmobiliario han cambiado como consecuencia de la crisis económica y, por tanto, de que los valores catastrales a partir de los cuales se determina el incremento del valor sometido a tributación se han visto afectados negativamente, introdujo -desde el ejercicio 2014- la posibilidad de aplicar unos coeficientes de actualización del valor catastral que no sólo sirven, en unos casos, para aumentarlo, sino también, en otros supuestos, para reducirlo. A diferencia de lo que venía sucediendo hasta el año 2013, cuando se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles, el art. 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, dio nueva redacción al art. 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, para prever la posibilidad de actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, a petición de los Ayuntamientos, siempre que se hubiesen puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, y siempre que hubiesen transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

Tradicionalmente se vino aplicando un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles. Sin embargo, tras la modificación operada por el art. 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, la ley de presupuestos generales del Estado ha venido introduciendo unos coeficientes de actualización de los valores catastrales para su adecuación con el mercado inmobiliario, que pueden ser al alza o a la baja. La reducción prevista en las diferentes leyes de presupuestos para aquellos inmuebles cuyas ponencias de valores fueron aprobadas a partir del año 2005 intenta adecuar el valor catastral al valor del mercado inmobiliario, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. De esta manera, en la medida que el valor catastral que tiene asignado el terreno al momento del devengo es el parámetro fundamental para determinar el incremento de valor que ha experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años (art. 107 LHL), no cabe duda de que la actualización de aquel valor, cuando lo sea a la baja, mediante la aplicación del coeficiente previsto en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado (en el caso de que el Ayuntamiento lo haya solicitado a la Dirección General del Catastro), provocará como consecuencia inmediata la reducción de la base imponible (incremento de valor) en el impuesto controvertido. Sin embargo, la reducción del incremento imputable al obligado tributario, en el supuesto de no estimarse un incremento, nuevamente solo serviría para minorar su importe, pero no para evitarlo, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

  1. Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, deben efectuarse una serie de precisiones últimas sobre su alcance:
  2. a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).
  3. b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC 26/2017, FJ 6; y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).
  4. c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. Dada en Madrid, a once de mayo de dos mil diecisiete.

Si su liquidación sobre la Plusvalía Municipal  realizada en los cuatro años anteriores ha sido a favor de su Ayuntamiento, pese a  haber obtenido pérdidas bien  en la Compraventa , como en en el Impuesto de Sucesiones/Donaciones, les prestamos nuestros servicios para recuperar todas las cantidades indebidamente cobradas.

Un saludo.

E.Gómez.

Tfno: 619816916

info@reclamacionestributarias.es

 

Leer artículo

LA APLICABILIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL (I.I.V.T.N.U.): EFECTOS Y CONSECUENCIAS PARA EL CONTRIBUYENTE. O DE CÓMO LA ADMINISTRACIÓN LOCAL RECAUDA SOBRE CAPACIDADES ECONÓMICAS FICTICIAS.

 

 

 

 

 

La plusvalía municipal , popularmente conocida, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), , es un tributo que “pretende” gravar el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana durante un período al que ha pertenecido al transmitente.

Básicamente, son los artículos del 104-110 del R. Decreto Legislativo 02/2004 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), donde se encuentra recogido su régimen; a saber:

Hecho imponible, base imponible, sujeto pasivo, el marco legal para las ordenanzas fiscales municipales, parámetros para el cómputo del cálculo de la base imponible, tipo de gravamen, así como ciertas reglas relativas a la gestión tributaria de dicha exacción.

Así, en el artículo 104 nos habla del hecho imponible: como incremento del valor del inmueble producido durante “X” años; y en el artículo 107 define la base imponible como valor obtenido de aplicar un coeficiente sobre el valor catastral, incrementado proporcionalmente a los años de tenencia, con un máximo de 20 años.

Una vez expuesto de forma sucinta, las principales componentes del impuesto, cabe preguntarse ciertas reflexiones y algunas preguntas:

De la lectura conjunta de los art. 104 y 107 de L.H.L., se plantea una “dicotomía funcional”:

Por un lado en el art. 104 se nos habla de que es un tributo directo que grava un enriquecimiento real, indicando que constituye el hecho objeto de gravamen, el incremento del valor que experimenten dichos terrenos.

Y en el art. 107 se puede interpretar como un tributo indirecto, al no establecer una relación con la supuesta riqueza obtenida con independencia del valor real a efectos de mercado en el que se haya transmitido el inmueble. A continuación se fijan los porcentajes anuales que cada ayuntamiento puede aplicar en función de los años a efectos del devengo, siendo los primeros 5 años hasta un 3,7%, hasta llegar a los 20 años con un 3% anual. Y continúa diciendo: “ … el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno será el resultante de multiplicar el porcentaje anual en cada caso concreto por el número de años de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.”

Una vez calculada la base imponible, los ayuntamientos podrán girar la misma un tipo de gravamen de hasta un 30%, obteniendo así la cuota resultante a liquidar.

 

Y unas preguntas :

¿El legislador a la hora de establecer esta exacción, contemplaba el hecho de que el valor del terreno transmitido – como consecuencia de la crisis inmobiliaria sufrida por miles de ciudadanos- tomado como valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fuera inferior al valor de adquisición del inmueble objeto del impuesto?

Si el art. 104 grava el incremento que experimente el terreno en el transcurso de un tiempo, y su valor real objetivable ,resulta ser inferior al valor de adquisición, ¿no estaríamos en la hipótesis de inexistencia de incremento del valor real, y por ende no habría hecho imponible de aplicación al impuesto?.

Pues bien, si ya existía jurisprudencia, como la Sentencia del T.S.J de Navarra 1501/2000 y la del T. Supremo del 09/1995, donde ya se prefigura la exigencia de un incremento patrimonial, como elemento imprescindible para el cálculo de la base imponible de la plusvalía (como su propio nombre indica), es a raíz de la Sentencia del T.S.J. de Cataluña 805/2013 y la de 22/03/2012 (3120/2012) , donde se alega dar primacía al art. 104 sobre el 107; es decir: “…si se acreditase la inexistencia de incremento del terreno en el período impositivo no tendrá lugar el hecho imponible…”. En dicha sentencia se hace alusión a la base imponible del IBI, constituida por el valor catastral y que sirve de base para el cálculo de la plusvalía ( art. 107.2 LHL ).

Argumenta el Tribunal que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien a partir de los datos del Catastro Inmobiliario, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el art. 23.1 de dicha ley, pero añadiendo el art. 23.2: “ el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse …”.

Y sigue disertando: “ … el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana constituye el elemento del hecho imponible … .” Y continúa:

En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

Y en otro momento de la sentencia – atención a la disertación – añade: “… no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que si impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.

Concluyendo en esta sentencia que las normas legales establecen una únicamente una presunción iuris tantum, susceptible de quedar desvirtuada, mediante prueba adecuada y suficiente a cargo del obligado tributario y de acuerdo con el art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cabe destacar, por la interpretación en el cálculo de la plusvalía, la sentencia del T.S.J. de Castilla- La Mancha, al interpretar que la fórmula aplicable por el recurrente ( método de capitalización de descuento simple ), en la base imponible se ajusta de una forma más homogénea y proporcionada, de manera que se actualiza el valor catastral de transmisión al valor en el que se originó la transmisión:

PLUSVALÍA= V.CATASTRAL ACTUAL x Nº AÑOS X % COEF. / 1 + ( Nº AÑOS X % COEF.)

Las diferencias en los importes entre el cálculo según prevé la LRHL y esta “innovadora fórmula para este impuesto” : es muy considerable. Veamos un ejemplo:

VALOR CATASTRAL ACTUAL :150.000 €

Nº AÑOS ( desde adquisición hasta transmisión ): 18 años

COEFICIENTE MUNICIPAL: 3%

Según la LRHL:

B.IMPONIBLE: 150.000 € x 3% x 18 = 81.000 €

Según sentencia :

B.IMPONIBLE= 150.000 x 3% x 18 / 1 + ( 18 x 3% ) = 52.597,40 €

 

O SEA, SEGÚN LA FÓRMULA TRADICIONAL NOS COBRARÍAN UN 54% MÁS ¡!!!!!!!!

Y por si todo esto no fuera cosa menor, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Donostia, ha dictado Auto, en el que se plantea Cuestión de Inconstitucionalidad de los art. 104,107 y 110 de la LRHL:

1.- Por vulneración del Principio de Capacidad Económica contemplado en el art. 31 de nuestra Constitución (por desvinculación real del sujeto pasivo).

2.-Por si la regla de valoración legal establecida permite o no prueba en contrario que permita en vía de alegaciones o recurso administrativo o contencioso-administrativo, lo que afectaría además al art. 24 de la Constitución. A tal efecto señala el auto:

“El tributo no somete a tributación una plusvalía real , sino una plusvalía cuantificada   de forma objetiva, de modo que la base imponible determinada conforme al art. 107 de la LRLH, no admite prueba en contrario y el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que pueda atribuirse valores, cuotas o bases diferentes de tales normas … por lo que cabe señalar que lo que la legislación somete a gravamen no son capacidades económicas reales o potenciales sino ficticias que no pueden ser objeto de prueba en contra ( bien mediante un sistema de capitalización con un método de descuento simple o con una tasación pericial contradictoria u otro afín según el art.57.2 de la Ley General Tributaria”.

En resumen, nos encontramos con la aplicación de un impuesto que grava una situación económica a futuro, sin tener en cuenta la valoración actual del terreno urbano objeto de transmisión.

Desde esta página, consideramos que tanto el cálculo para el cómputo de la base imponible, como ésta – por no ajustarse el valor catastral que la Administración Local sobre un valor real de mercado en el momento de la transmisión, son argumentos objetivables y susceptibles de ser revisados, y recurridos en las diferentes instancias administrativas y/o judiciales.

Y un último apunte:

El plazo de prescripción es de 4 años, a partir de la fecha de devengo del impuesto ( en general fecha de transmisión del inmueble). Por lo que todos aquellos contribuyentes que hayan autoliquidado ya el impuesto, y estén dentro este período, pueden recurrir la conocida como PLUSVALÍA MUNICIPAL.

 A vuestra disposición.

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¡¡¡RECLAMA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DENOMINADA PLUSVALÍA MUNICIPAL:NO EXISTE HECHO IMPONIBLE SI NO SE DEMUESTRA “UN HECHO REVELADOR DE RIQUEZA “

¡¡¡RECLAMA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!.       EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA DENOMINADA PLUSVALÍA MUNICIPAL:NO EXISTE HECHO IMPONIBLE SI NO SE DEMUESTRA “UN HECHO REVELADOR DE RIQUEZA “

 

 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TUMBA EL IMPUESTO  MUNICIPAL  ( I.I.V.T.N.U.) SOBRE LA DENOMINADA ”  PLUSVALÍA MUNICIPAL”.

La sentencia del Alto Tribunal de este último jueves 16 Febrero, entiende que va contra el PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española, y conforme que,” cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza”.Dicha sentencia procede de una custión de inconstitucionalidad, planteada por el juzgado de San Sebastián nº3 .

 

El artículo  107 de la   Ley de  Haciendas Locales define   la base de este  impuesto: ” es  el incremento del valor de los terrenos que experimentan los terrenos , puesto de manifiesto en el momento de devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

Sin embargo ,para el cálculo de  la plusvalía municipal no se tiene en cuenta el valor de venta o de compra. Los ayuntamientos toman como base para el cálculo el valor catastral del suelo ( según la ponencia de valores estimada en su momento) y a éste , se le aplica  un  coeficiente en función del número de años ( hasta un máximo de veinte años ) de propiedad del bien. Una vez calculado esa base, cada ayuntamiento determina un tipo impositivo según su ordenanza municipal.

Pero el Alto Tribunal en unas de sus consideraciones añade : “En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia” , al tributar cuando la venta del inmueble no ha proporcionado ganancias, algo que ha sucedido durante estos  años de crisis inmobiliaria, y que los Ayuntamientos han hecho oídos sordos ante la que ha sido, siendo una aclamación de injusticia  los miles de casos que además de perder sobre una inicial, el ciudadano de a pie estaba obligado a pagar un impuesto con independencia  de cuál fuera el precio final de la venta objeto del impuesto.

A continución se puede leer parte de los argumentos de dicha sentencia:

 

 

“ En consecuencia, es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto. Ahora bien, una vez hecha la precisión que antecede, es importante tener presente que una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, diferencia esta que es importante subrayar «porque, si así fuese, es evidente que el precepto cuestionado sería contrario al principio constitucional de capacidad económica, dado que -como hemos venido señalando- dicho principio quiebra en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia» (STC 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5).

 

Y entre otras disertaciones, afirma:

 

” … Pues bien, no cabe duda de que los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso, un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE). Así las cosas, al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

 

SE PUEDEN  Y SE DEBEN RECLAMAR TODAS AQUELLAS CANTIDADES ABONADAS COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TURNO, EN EL PLAZO MÁXIMO DE CUATRO AÑOS DESDE  ESA FECHA, COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN DEL SUELO URBANO ( COMPRAVENTA, SUCESIONES/DONACIONES, ETC. … ).

 

Pasos a seguir:

1.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS ANTE EL AYUNTAMIENTO COMPETENTE DE ESTE IMPUESTO.

En el mismo se ha constatar la liquidación que se abonó por dicho concepto, así como la escritura de compraventa donde se pone de manifiesto la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

2.- PRESENTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN O EN SU DEFECTO RECURSO ANTE EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL / REGIONAL.

En esta instancia se trata de alegar las consideraciones, en caso de no haber prosperado la reclamación inicial.

3.-VÍA JUDICIAL.

Llegado ese momento, se agotaría la vía administrativa, iniciándose la vía judicial, aunque con la sentencia actual del T. Constitucional a favor del contribuyente y  con anterioridad  la sentencia  de 20/06/2016 del TRIBUNAL SUPREMO, entendemos que la administración local se vería abocada a  hacer frente a los gastos y costas judiciales desde inicio del procedimiento.

En ese caso el plazo es de dos meses  para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

 

OS ANIMAMOS A TODOS LOS QUE  OS ENCONTRÉIS EN ÉSTA SITUACIÓN PARA REALIZAR LAS OPORTUNAS RECLAMACIONES SOBRE UNA PLUSVALÍA INEXISTENTE.

RECORDAD:

EL PLAZO PARA PODER RECLAMAR LA PLUSVAÍA ES DE 4 AÑOS, A PARTIR DE CUANDO SE REALIZÓ EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN GIRADA POR TU AYUNTAMIENTO.

 

NOTA:  CONTINUAREMOS …

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Determinación del valor catastral de bienes inmuebles urbanos: Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones.

 

Determinación del valor catastral de bienes inmuebles urbanos: Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones.

R.D. 1020/1993

Algunas matizaciones, consideraciones y apreciaciones … .

 

En el art. 2 del R.D. 1020/1993 por el que se aprueba dichas normas, se hace referencia a un módulo de valor “M”, cuya revisión se realizará anualmente, sirviendo de base para la fijación del valor catastral prevista en la norma 16 .

El órgano competente de aprobación de ese módulo es el Mº de Economía a propuesta del Centro de Gestión Catastral y oído el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria.

Pues bien, el objeto de dicho módulo no es otro que recoger las variaciones experimentadas en el período de tiempo indicado en los bienes inmuebles de naturaleza urbana, “de acuerdo con los análisis de mercado que al efecto se realicen por el Centro de Gestión Catastral”.

En la denominación del cuadro marco de valores hace referencia a que el cálculo de los valores de suelo y construcción se realizarán en actuaciones masivas, garantizando una coordinación de los mismos.

Para la metodología , la norma nº 3 dice así:

Para el cálculo del valor catastral se tomará como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste”.

 

En la norma nº 4 se define  como suelo urbano:

“Sin perjuicio de la clasificación del suelo, resultante de la legislación y el planeamiento urbanístico, tendrán la consideración de suelo a los efectos de su definición como bienes inmuebles urbanos y su consiguiente inclusión en el catastro inmobiliario urbano:

  1. a) El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado y el urbanizable no programado desde el momento en que se apruebe un programa de actuación urbanística, todo ello de acuerdo con las definiciones comprendidas en la legislación urbanística vigente.
  2. b) Los que, no estando incluidos en el apartado anterior, dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
  3. c) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana definidas en la norma siguiente.
  4. d) Los que se fraccionen en contra de la legislación agraria vigente, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos distintos de los catastrales”.

Como es sabido hoy en día, y en el artículo publicado en esta web titulado “EL IBI Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 30 DE MAYO DE 2014”, el Tribunal Supremo fijó doctrina acerca de lo que se define como suelo urbano, siendo necesario un instrumento urbanístico en el caso de suelos que no hayan sido desarrollados previamente, y por tanto su consideración hasta aquel momento será clasificado como suelo rústico.

 En la Norma 16 se señala que:

“Los valores de MBC resultantes de esta diversificación podrán incrementarse por acuerdo de la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, según los análisis de mercado que al efecto se realicen por la Dirección General del Catastro, mediante la aplicación de coeficientes comprendidos entre los máximos y mínimos que se incluyen en el cuadro siguiente”:

Módulo Básico de Construcción (MBC)

Coeficientes

MBC1

1,00-1,36

MBC2

1,00-1,31

MBC3

1,00-1,29

MBC4

1,00-1,27

MBC5

1,00-1,24

MBC6

1,00-1,22

MBC7

1,00-1,20

 

Y otra norma, cuyo contenido  no se corresponde  con la realidad:

“Norma 23. Estudios del mercado inmobiliario urbano.

“El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria establecerá los criterios y contenido mínimo de los estudios del mercado inmobiliario que servirán de base para la redacción de las ponencias de valores … “

Estos estudios tienen por objeto la realización de una investigación de los datos económicos del mercado inmobiliario urbano, su posterior recopilación y análisis y la elaboración de unas conclusiones que reflejen la situación del mercado a los efectos de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales”.

 

Por lo que se puede desprender después de ver entre otras , parte de esta normativa,  que el legislador sólo tenía en mente situaciones económicas favorables para el contribuyente , y por ende para  la Hacienda , en su sentido más genuino, obviando año tras año la  minusvalía patrimonial de sus inmuebles  en miles de ciudadanos en unos casos – con liquidaciones el I.B.I y en la Plusvalía Municipal desorbitantes- y en otros, practicando liquidaciones complementarias sobre el valor de compraventa en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales I.T.P. que nada tiene que ver con la realidad.

 

Saludos cordiales.

Quedamos a su disposición para resolver su caso.

Consulta gratuita sin compromiso alguno.

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Eugenio Gómez

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LA CALIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 05/2014 DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

La presión fiscal que ejerce el IBI, resistente a las crisis económicas, cuya recaudación nunca ha bajado desde su creación, tiene una especial transcendencia e incidencia sobre otros tributos, como es por ejemplo el  Impuesto  sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal). Un impuesto que con los tiempos que corren, y después del boom inmobiliario, ha tenido un efecto perverso en la capacidad económica del contribuyente, encontrándonos con la paradoja de tener que tributar , aún cuando se han producido minusvalías en las transacciones sde compraventa, sucesiones/donaciones, etc… .

 

Pues bien, el T. Supremo ha dictaminado en una sentencia en interés de ley que para que un suelo urbanizable pague el IBI URBANO, ha de haber iniciado su desarrollo urbanístico; es decir, que exista un instrumento de planeamiento y de ordenación  ( Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle). Y en caso contrario la calificación que merece tal suelo sería la de naturaleza rústica, con unas consecuencias evidentes para los propietarios.

El litigio se originó cuando el Ayuntamiento de Badajoz decidió reclasificar varios terrenos rústicos y darles la consideración de urbanizables, con lo que sus propietarios vieron multiplicarse la cantidad a pagar por dicho impuesto pero sin posibilidad de desarrollar urbanísticamente los terrenos por no tener aprobado el Plan Parcial. La sentencia ha puesto de manifiesto que muchos propietarios que están en el mismo caso se han visto, y se ven, obligados injustamente a pagar el impuesto con un valor de suelo urbano, cuando el mismo es rústico.

Muchos contribuyentes afectados  han comenzado a actuar para que se les cobre por lo que se les tiene que cobrar (un bien rústico a efectos catastrales) y no por lo que se les  viene aplicando (un  I.B.I. Urbano).

Ante tal situación el Catastro ha adoptado una  única resolución tipo para  desestimar la avalancha de solicitudes que se le están presentando, cuyas alegaciones y razones que exponen como argumentos para la no aplicabilidad de dicha sentencia son:

 

1.-Extemporaneidad de la  de recalificación: la sentencia no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares, ni produce la anulación de los valores catastrales.

2.- Tampoco  la sentencia fija doctrina legal y, al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

3.-Además, la sentencia no tiene efectos directos respecto de ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo, ni tampoco respecto de los valores catastrales de los inmuebles calculados en su aplicación.

4.- Y por último alega que al tratarse de una única sentencia, no sienta jurisprudencia porque no hay reiteración en este tipo de resoluciones.

O sea, la Dirección General del Catastro Inmobiliario, no  considera  la naturaleza jurídica de los terrenos a efectos catastrales.

Parece claro que en los casos en que la ponencia catastral sea firme, como se está alegando, la Administración estaría obligada, en base a los argumentos del Tribunal Supremo, a su revisión de oficio, recalificando como rústico lo que en su día calificó como urbano. Pero la auto-tutela administrativa y los procesos juegan a su favor. Este es un caso que, a buen seguro, aumentará en buen número las reclamaciones económico-administrativas y los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El caso permite una reflexión colateral nada desdeñable. No es lo mismo una sentencia del Tribunal Supremo para el contribuyente que para la Administración. Una única sentencia alegada por el ciudadano, por muy claros y firmes que sean sus pronunciamientos, permite a la Administración alegar que, ante la falta de reiteración, la misma no sienta jurisprudencia. Sin embargo, en el caso contrario, una única sentencia favorable a las tesis administrativas permite a aquella, dado el principio de auto-tutela y ejecutividad de sus actos, basarse en ella para desestimar las pretensiones del contribuyente.

Esta sentencia sobre el IBI pone de manifiesto la escasa autoridad (en términos de efecto útil de sus pronunciamientos) que hoy tiene nuestro Tribunal Supremo y lo errado del reciente y enconado debate sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende, poniendo al recurso de casación en su sitio, establecer el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con el fin de que la misma no sea constantemente desdeñada y tengamos algo de seguridad jurídica. La sentencia comentada supone un fallo de amplio espectro y trascendencia jurídica y sería, sin duda, un claro ejemplo de jurisprudencia vinculante útil.

Y siendo la comentada una sentencia dictada en interés de la ley, se pone de manifiesto también la errónea regulación actual de dicho recurso que solo fija doctrina legal (vinculante) cuando la sentencia es estimatoria, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces quien recurre es la Administración, dada la limitación en cuanto a legitimación para recurrir. La sentencia favorece a los contribuyentes y, paradójicamente, no fija doctrina legal.

 

Tras esta sentencia, la Defensora del Pueblo, formuló una  Recomendación :

1.-“Modificar la vigente redacción del art. 7.2.b del R.Decreto Legislativo 1/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para acomodarlo al Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

2.-Modificar  la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real”.

 

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario afectará a miles de inmuebles , con importantes consecuencias tributarias, pues habrá que modificar las cuotas del IBI de aquellos terrenos que habían sido clasificados como urbanos, sin tener el Ayuntamiento competente, un instrumento de planeamiento urbanístico para calificar terrenos rústico /urbanizables a urbanos (según la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo).

Además, esta modificación  de valor catastral de dichos terrenos incide en otros impuestos , tanto estatales como IRPF, como en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal).

Un cordial saludo.-

Eugenio Gómez

PARA CUALQUIER CONSULTA:

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Acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la “Plusvalía Municipal”: Después de Guipúzcoa , le toca a Alava; y así, sucesivamente.

 

 

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El Tribunal Constitucional acaba de dictar sentencia en el mismo sentido que lo hizo el 17 de Febrero de 2017, sobre la minusvalías producida  en una compraventa en Vitoria, concurriendo la mismas circunstancias en el hecho imponible ; es decir , se demuestra que existe una minusvalía entre el valor de venta y el de compra sobre el terreno urbano transmitido, y por tanto no se produce un incremento del valor, previsto en el artículo foral del País Vasco , así como en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales.

Para cualquier consulta , les informamos que hemos decidido realizar:

Estudios gratuitos de viabilidad, para determinar las posibilidades de éxito de su caso y las vías de actuación. La documentación necesaria para ello se compone de:

  • Escrituras de Compra-Venta del Inmueble.
  • Escrituras de adjudicación de herencia o donación
  • Autoliquidaciones o liquidaciones practicadas durante los últimos 4 años.
  • Cualquier otro documento que acredite la titularidad del bien y el incremento del valor
  • Cualquier comunicación recibida de la Administración Pública al respecto

Me gustaría poder conocer los detalles de su caso personalmente, a efectos de poder asesorarle de manera más concreta, de este modo, si así lo desea, estoy a su disposición a través de esta dirección de correo electrónico info@reclamacionesyquejas.es  o en el teléfono: 619816916

Un cordial saludo.

Eugenio  Gómez-

 

 

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RECUPERA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACERCA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA  URBANA:

ALGUNOS COMENTARIOS, EFECTOS Y CONSECUENCIAS.

 

 

La cuestión de inconstitucionalidad promovida en 2015 por el Juzgado nº 3  de Donostia, está basada en relación con los artículos 1.4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 sobre este impuesto, así como con los art. 104 y 107 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al tratarse de un impuesto local , deriva del recurso planteado por una sociedad mercantil de Guipúzcoa, la cual  vendió en 2014 un inmueble en Irún por valor de 600.000 euros y que había adquirido en Mayo de 2003 por importe de 3.101.222,45 euros, generando a la mercantil una pérdida patrimonial a efectos del Impuesto de Sociedades.

Pues bien, el ayuntamiento competente le giró una liquidación  por la denominada “plusvalía municipal“ de 17.899,44 euros.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, se plantea dicha cuestión de inconstitucionalidad por posible violación del art. 31.1 de la Constitución, motivado en un gravamen sobre un incremento de valor que no es real ni cierto, yendo no sólo contra el principio de CAPACIDAD ECONÓMICA , sino que podría devenir en CONFISCATORIEDAD  (art. 31 C.E. ) , así como en la limitación al DERECHO DE DEFENSA ( art.24 C.E. ).

El órgano judicial en su motivación de razones alega que la  disposición de la regulación del sistema tributario local  de régimen común sigue una estructura establecida,  respetando las normas de armonización que sean aplicables en la materia, razón por la cual, la regulación de los art.1 y 4 de la Norma Foral, se corresponde con la de los art. 104 y 107 de la LHL, en conexión con el art.7.4 de la Norma Foral y 110 LHL, respectivamente, “ … los cuales impiden cualquier prueba en contrario en la determinación de la base imponible del tributo, reduciéndose las posibilidades impugnatorias a “ la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto.”

Es decir se plantea determinar si al existir una regla objetiva en los preceptos citados para la valoración de una plusvalía, aun produciéndose realmente una MINUSVALÍA, son o no constitucionales.

El Tribunal Constitucional en unas de sus disertaciones  respecto al Pº de Capacidad Económica, distingue entre capacidad económica como “fundamento” de la tributación (“ de acuerdo con”) y la capacidad económica como “medida” del tributo (“ en función”), pues el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado que consagra el ar.31.1 de C.E. no puede llevarse a efecto de cualquier manera, sino única y exclusivamente “ de acuerdo con” la capacidad económica y, en el caso de los impuestos, también “en función de “ su capacidad económica. En efecto, el tributo es una prestación patrimonial coactiva que por imperativo dl art. 31.1 C.E., “sólo puede exigirse cuando existe capacidad económica y  en la medida- en función- de la capacidad económica.”

 

Y continúa:

“En definitiva, el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

Tampoco salva la conclusión alcanzada por la abogada del Estado , en el sentido que los valores catastrales ( los que sirven de referencia para determinar el incremento del valor del terreno urbano ) , puedan ser objeto de una actualización, incluso a la baja, por aplicación de los coeficientes previstos en la Ley  de Presupuestos Generales- desde el ejercicio 2014  … “.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta el 2013, en el que se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles, posibilitando a los ayuntamientos, siempre que hubiesen puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron para determinar los valores catastrales vigentes, la posibilidad de actualizar estos valores, y siempre que hubiesen transcurrido al menos cinco años desde la entrada del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 

 ( … “Finalmente, debemos rechazar el argumento sostenido tanto las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa como la Abogada del Estado y la Fiscal General del Estado, de que sería posible efectuar un planteamiento alternativo a la conclusión de la inconstitucionalidad de la norma. Consideran que dado que el presupuesto que provoca el nacimiento de la obligación tributaria es la existencia de un incremento de valor del terreno de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento de la transmisión, cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible. De esta manera, a su juicio, los preceptos cuestionados admitirían una interpretación constitucional conforme a la cual, en aquellos supuestos en los que los que no se hubiese manifestado una plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición, no se habría devengado el tributo al no haberse realizado el presupuesto de hecho previsto en la ley para provocar el nacimiento de la obligación tributaria, siendo posible, a tal fin, promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria en orden a la acreditación de la inexistencia de ese incremento de valor “).

 

¡¡¡OJO!!!:  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  NO VALORA QUE EL CONTRIBUYENTE  TENGA QUE ACUDIR A UNA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA COMO MÉTODO DE CONFIRMACIÓN O CORRECIÓN DE LA PLUSVALÍA OBJETO DE GRAVAMEN (ES DECIR QUE HAYA QUE REALIZAR UNA TASACIÓN).

… Conforme a lo dicho, no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de “la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto” (art. 7.4 NFG).

Es cierto que el art. 104.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, prevé que “las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que expresamente se prohíba por Norma Foral”. Pero en el caso analizado, como ya hemos tenido la oportunidad de señalar con anterioridad, estamos en presencia de una auténtica ficción jurídica conforme a la cual la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana genera, en todo caso, en su titular, al momento de su transmisión y al margen de las circunstancias reales de cada supuesto, un incremento de valor sometido a tributación, respecto del cual, la norma no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene”.

 

“ Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual”.

 

“Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”.

 

“En consecuencia, SE DECLARAN INCONSTITUCIONALES Y NULOS los artículos , del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”.

En definitiva, queda al arbitrio del legislador, a configuración de la normativa vigente, para acomodar las modificaciones oportunas  a la sentencia comentada, de manera que no sean sometidas “… a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal reconoce que en la aplicación de la “Plusvalía Municipal”,  NO se dan las circunstancias previstas en el art. 31.1 ( PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA).

Por lo que queda abierto todo el campo de actuación, solicitando todas aquellas liquidaciones giradas por tu Ayuntamiento y abonadas , durante estos últimos cuatro años en las cuales se han obtenido minusvalías”.

 

VER SENTENCIA DEL T. CONSTITUCIONAL EN EL ENLACE:

http://www.reclamacionesyquejas.es/sentecia-t-constitucional-sobre-plusvalia-municipal/

 

SALUDOS.-

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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES /RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN  LAS RECLAMACIONES/RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

La tutela efectiva del contribuyente es un derecho primordial, y en lo que se refiere a este capítulo, la ley general tributaria  pone al alcance los medios para salvaguardarse  de resoluciones lesivas para  nuestros intereses.

Conviene tener en cuenta algunos aspectos en el inicio de cualquier alegación antes de proceder al recurso de reposición o reclamación económica-administrativa:

Siempre que se reciba una propuesta de liquidación, conviene revisarla detenidamente, y  si consideramos que hay motivos de oposición  sobre los hechos o formas en el procedimiento que se revisa, se debe presentar alegaciones  en un plazo entre los 10 o15 días  hábiles (potestativo del órgano, a partir de la notificación del mismo.

En el caso de que la propuesta de liquidación  se convierta en liquidación provisional o definitiva (esto es, después del trámite de alegaciones), resultará la deuda tributaria.

Esta podrá ser impugnada, por uno de los medios indicados anteriormente, pero el hecho de recurrirla, no implica la obligación de NO pagar, salvo  que exista una suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido:

1.-Suspensión de la ejecución en Recurso de Reposición:

            Requisitos previos:

  1. a) haber recurrido la liquidación y prestar garantía suficiente para la cobertura del saldo de la deuda e intereses de demora
  2. b) cuando se aprecie que en el acto recurrido, existen errores aritméticos, de hecho o materiales , apreciados por la administración.

2.-Suspensión de la ejecución en reclamación económica-administrativa:

            Para que la solicitud sea admitida, se deberá acompañar de documento acreditativo de garantía como en el apartado a) anterior. Y si se hubiere obtenido en el recurso anterior, se hará mención expresa

En caso que el contribuyente no contase con garantías suficientes, como puede ser garantía hipotecaria o mobiliaria prenda con/sin desplazamiento, derechos de crédito, el órgano competente puede conceder la suspensión de la deuda, verificando la solvencia  y suficiencia de las garantías aportadas. Al escrito de solicitud de suspensión, se acompañará algún tipo de  certificado o carta  bancaria, relativa a la falta de capacidad patrimonial del contribuyente que sirviese como garantía de la deuda tributaria.

3.- Suspensión  con dispensa parcial o total de  garantías.

 Brevemente, a lo anterior habría que añadir la circunstancia que  el acto impugnado tuviera como consecuencia  daños al recurrente de imposible o muy difícil reparación.

Asimismo, siempre que se aprecien  errores en cálculo, de hecho o aritméticos en el acto recurrido.

En cualquier caso, siempre que la suspensión se solicite al Tribunal  en escrito aparte, se ha de remitir una copia  de dicha solicitud al órgano competente de recaudación  a los efectos de la suspensión cautelar

La Ley General Tributaria  contempla  tres medios o cauces para la revisión de las actuaciones en cualquier procedimiento : verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores e inspeccion :

I.- Recurso de reposición:

 Previo al recurso económico-administrativo. Aconsejable cuando se trata de errores de cálculo o interpretación incorrecta. No se podrá acudir al TEAR, hasta haber agotado esta vía.

El plazo para interponer recurso es de un mes natural, contado a partir del día de notificación.

II.- Reclamación económica-administrativa ante el TEAR (TribunalEconómicoAdministrativo Regional) o Tribunal Económico-administrativo Municipal,si así procediera:

 Bien directamente o una vez agotada la vía anterior.

Aconsejable para casos más complejos, donde la Administración ya haya manifestado su disconformidad, cuando se invoque jurisprudencia o bien cuando se solicite dispensa parcial o total a través de solicitud de suspensión de deuda tributaria.

El escrito de interposición se presentará en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel  en que se considere rechazado el recurso de reposición, por haber transcurrido sin resolución expresa el plazo máximo de un mes.

Con la resolución en esta instancia, se pone fin al procedimiento administrativo, con dos salvedades que a continuación se señalan, teniendo en cuenta que  la duración máxima para resolver el expediente  por parte del tribunal será de  1 año  desde la interposición. Transcurrido ese período, sin haber recibido contestación, se entenderá desestimada, a efectos de interponer nuevo recurso.

Contra la resolución de la reclamación caben dos recursos “excepcionales” por su propia naturaleza:

Recurso de anulación:

Con el fin de subsanar defectos de la propia resolución del TEAR, y previo al Recurso de Alzada ordinario o al contencioso-administrativo. El plazo es de 15 días, a partir de la notificación de la resolución del Tribunal, y será recurrible sobre las siguientes causas:

1.- Cuando el tribunal no haya contestado  de forma manifiesta  en su resolución  a las cuestiones planteadas por el contribuyente.

2.-Cuando se hayan declarado inexistentes  las alegaciones o pruebas presentadas en forma y tiempo.

3.-Cuando la reclamación sea contemplada  inadmisible de forma incorrecta por el tribunal.

Transcurrido 1 mes el tribunal resolverá y en caso de silencio administrativo positivo, se entenderá desestimado, pudiendo el contribuyente iniciar el Recurso de Alzada.

Recurso de Alzada ordinario:

Se iniciará  contra las resoluciones  dictadas en primera instancia por los tribunales económicos-administrativos ante el Tribunal Económico Central en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la notificación  o de la presunta desestimación por el transcurso máximo del plazo establecido; esto es,  un año. A partir  de este momento, el contribuyente puede entender desestimada el recurso  o esperar a la resolución expresamente.

Este recurso se dirigirá  al propio Tribunal que hubiera dictado la resolución anterior, aportando las alegaciones anteriores, y únicamente serán admisibles, aquellas que no

hubieran sido admitidas en el procedimiento anterior.

Es decir, en este nivel lo que se dirime, no es el acto administrativo en sí, sino que la resolución del órgano que ha resuelto ha sido incorrecta.

Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

 Cuando no proceda  el recurso de alzada  contra la resolución del TEAR ( por ser el acto firme en vía administrativa ), la administración podrá interponer  este recurso, cuando estimen lesivas las resoluciones emanadas por el TEAC ( Tribunal económico central )

Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

Similar al anterior, el TEAC resolverá a través de su sala especial en el plazo de 6 meses, el recurso interpuesto por la administración  para establecer una doctrina a futuro.

 

Procedimiento  abreviado ante Organos Unipersonales.

 En esta vía  económica-administrativa, se pretende ser más rápido cuando se presenten las siguientes reclamaciones:

1.- Falta o defecto de notificación

2.-Insuficiencia o falta de motivación  del acto.

3.- Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 € o la base o valoración sea inferior a 72.000 € (art. 64 Reglamento de Revisión)

4.- Cuando se reclamen cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

En todos estos casos, se resolverán en única instancia por los TEAR, mediante los órganos unipersonales que se determinen por el Reglamento.

En este procedimiento, además de la información requerida,  es importante formular las alegaciones  y pruebas conducentes a su estimación, ya que no hay trámite posterior para realizar posteriormente dichas alegaciones.. El escrito se dirigirá  al órgano  que resolvió, el cuál lo remitirá al Tribunal junto con el expediente.

El órgano podrá convocar vista oral  convocando al contribuyente  para fundamentar sus alegaciones.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses, considerando desestimado este recurso transcurrido ese plazo.

Contra este recurso no caber recurso de alzada ordinario, debiendo acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Pero si se podrá recurrir a los recursos posteriores administrativos ya visto.

 III.- Procedimientos especiales de revisión (art. 216 LGT):

 

Dentro de los cuales se encuentran entre otros: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT). Este último procedimiento está hoy en pleno auge, dadas las últimas sentencias  emanadas de diferentes órganos administrativos o judiciales, que han venido a dar la razón a muchos recursos iniciados por el contribuyente, en lo referente a impuestos de índole tanto autonómico como de ámbito municipal, tales como: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal, I.B.I, etc ….

  Agotada el procedimiento administrativo, sólo nos queda acudir a la vía judicial con los siguientes medios:

Recurso contencioso-administrativo:

Cuando se pone fin a la vía económica-administrativa y no procede recurso de alzada ordinario, el contribuyente podrá acceder a este procedimiento judicial ante  el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma; o la Audiencia Nacional en caso de recurso proveniente del TEAC.

El plazo para interponer recurso será de 2 meses  desde que se notificó  resolución en vía administrativa.

En este procedimiento es necesario contar con letrado y procurador, con los consiguientes gastos en caso  no ser favorable la sentencia y tener que asumir las costas.

 

 

Recurso extraordinario de revisión.

 

Cuando el plazo para impugnar el acto ha transcurrido, sin interponer recurso, se dice que la sentencia adquiere  “firmeza”.

En este recurso, se trata de “repescar”, cuando no se hizo en los plazos ordinarios , por haberse dados circunstancias especiales , previstas en el art. 244 de L.G.T.:

 

  1. Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente, documentos o testimonios  falsos por sentencia  judicial firme  anterior o posterior a la resolución, sin ser conocida en el momento de dictar el acto.
  2. Que el acto hubiera sido dictado como consecuencia de prevariación, cohecho, violencia …
  3. Que aparezcan documentos de valor esencial  para la decisión del asunto  posteriores a la resolución anterior, o de imposible  aportación al tiempo de dictarse  los mismos y que evidenciaran el error cometido. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Valencia, de hace unos meses, donde echa por tierra una Orden del 2013 en cuanto al valor catastral de los inmuebles, sin tener en cuenta  las características individualizadas de los inmuebles: antigüedad, uso, estado de conservación, superficie, etc.….

Este recurso se interpondrá  en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos  desde que quedó firme la sentencia  judicial, y se presentará el recurso siempre ante el TEAC.

La duración de este procedimiento será de un año desde que se interpuso el recurso; transcurrido ese plazo, se entenderá desestimado; no obstante el contribuyente podrá presentar  si lo estima oportuno si no hay resolución expresa, recurso al contencioso-administrativo.

Y para finalizar y brevemente, las principales causas por las cuales podemos interponer una alegación o recurso son por su naturaleza:

 

1.- Por defectos  en la tramitación del procedimiento:

  1. a) por duplicidad en la revisión de un mismo hecho que ya finalizó con una liquidación provisional o definitiva.

2.- Por no conformidad en la calificación de los hechos que imputa la administración en el procedimiento.

3.-Por no conformidad en la norma a aplicar: bien por diferencias en la  interpretación  de la misma, bien por no ajustarse la misma al procedimiento abierto

4.-Por errores en la forma de valorar los hechos, bienes, productos o servicios: en relación con los datos proporcionados por la administración; así como errores de cálculo y métodos de estimación objetiva.

5.-Por errores numéricos, matemáticos  o de cálculo en el resultado de la liquidación

6.- No conformidad con liquidaciones de intereses de demora fuera de los plazos  que prevé la ley

7.- Por impugnación de un acta:

  1. a) por imputación de liquidaciones definitivas, en lugar de provisionales.
  2. b) por falta de motivación en los hechos que se revisan

8.-Por impugnación de las resoluciones económico-administrativas:

        a) falta de apreciación en los argumentos o pruebas presentadas

        b) por incompleta contestación a las cuestiones planteadas: “incongruencia

        c) por declarar incorrectamente la inadmisión del recurso.

9.- Por la prescripción de la deuda:

  1. a) antes del inicio de la comprobación
  2. b) paralización del procedimiento por más de 6 meses
  3. c) exceso de más de 1 año en el procedimiento de inspección
  4. d) suspensión en la reclamación económica-administrativa durante más de 4 años.

Espero que este contenido sea de vuestro interés, y quedo a vuestra disposición para aclarar y solventar las dudas o incidencias que os podáis encontrar en las comunicaciones o liquidaciones de la administración local, regional o central.

Saludos cordiales.

 

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