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¡¡¡Atención particulares y promotores inmobiliarios!!! : reclame la plusvalía municipal indebidamente cobrada.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LOS AYUNTAMIENTOS A DEVOLVER LO COBRADO SI SE DEMUESTRA QUE NO HA HABIDO AUMENTO EN EL VALOR DEL INMUEBLE OBJETO DE TRANSMISIÓN EN LA VENTA O HERENCIA.
“Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5)”.

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Otra sentencia contra la plusvalía municipal

 

 

Un juzgado de Cantabria dictó en 2017 en contra de la aplicación de la plusvalía a un contribuyente que se le liquido dicho impuesto por encima de los 7.000 €. El juez,  basándose en la  sentencia del T. Constitucional de Mayo de 2017, recuerda que los preceptos de dicho impuesto quedan expulsados del ordenamiento jurídico , al no poder sustanciarse de un forma realista si existe incremento de valor del terreno urbano y en caso que lo fuere, cuál sería dicho valor

Un saludo.

Desde esta web os animamos a reclamar la plusvalía municipal.

Consulta gratuita: tfno. 619816916

Un saludo

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Algunas conclusiones sobre sentencia de la plusvalía: T.S.J. Madrid 2017

 

 

Son muchos los contribuyentes que, con motivo de la venta de un inmueble —o al recibir una herencia—, se han visto obligados a pagar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU) – plusvalía municipal- y ahora podrán intentar reclamar su devolución incluso si dicha operación les generó una ganancia.

Aunque no se trata de una cuestión pacífica, al menos así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en una sentencia conocida a principios de agosto —apenas tres meses después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que nadie deberá pagar este tributo municipal cuando en la venta de un inmueble urbano se hayan generado pérdidas en el valor del suelo—, anulaba la plusvalía en la que el contribuyente no había probado suficientemente la existencia de dicha pérdida, al dictaminar que tras la sentencia del Tribunal Constitucional y mientras que el legislador no regule el nuevo régimen legal aplicable —y, en concreto, determine la forma en la que se debe cuantificar el impuesto—, las liquidaciones de la plusvalía municipal giradas con base en una normativa declarada nula e inconstitucional son nulas de pleno derecho.

La doctrina del TSJM considera que, al declarar inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible cuando se produce la transmisión de un inmueble de naturaleza urbana y la gestión tributaria del impuesto, y dejarlos sin efecto, el Tribunal Constitucional ha eliminado las reglas o herramientas que existían para calcular la eventual existencia de dicha plusvalía municipal, una competencia que algunos tribunales, como en este caso el TSJM, no están dispuestos a asumir (dado que el Tribunal Constitucional considera, y así lo ha señalado expresamente, que dicha función corresponde al legislador).

De acuerdo con esta doctrina del TSJM, los jueces no podrían valorar si se ha producido o no un incremento de valor en el terreno, al no tener una norma legal que se lo permita, y, por lo tanto, para concluir si existe hecho imponible o no, dado que ello implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional ha rechazado, es decir, “ … dejar al arbitrio del aplicador de la norma tanto la determinación de los supuestos en los que nace la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento de valor”.Con base en esta doctrina, por lo tanto, cualquier plusvalía satisfecha en los últimos años se podría recurrir, siempre y cuando el periodo para instar la impugnación no haya transcurrido. De hecho, de acuerdo con esta doctrina del TSJM, hasta que la ley no se reforme por el legislador, no existe un mecanismo que permita determinar la existencia del hecho imponible del impuesto ni que permita calcular la base imponible del mismo y, por tanto, cualquiera que venda un inmueble antes de que dicha reforma entre en vigor podría acudir a los tribunales con estos mismos argumentos”, añaden.
La sentencia del TSJM así lo recoge, al declarar que “la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial .

Algunos juzgados han interpretado de manera similar la sentencia del Tribunal Constitucional, y otros han fallado igualmente a favor del contribuyente, interpretando, por ejemplo, que el impuesto debe devolverse cuando existe una pérdida pero que en estos casos, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional, es el ayuntamiento quien debe probar, y no el contribuyente, la existencia de un incremento real en el valor del inmueble. Es decir, no sería el contribuyente quien debe demostrar que hubo pérdida para recuperar su dinero, sino que son los ayuntamientos los que deben demostrar que hubo ganancia para poder cobrarlo”.

Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, sin ningún compromiso.
Un saludo.

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Son muchos los contribuyentes que, con motivo de la venta de un inmueble —o al recibir una herencia—, se han visto obligados a pagar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU) – plusvalía municipal- y ahora podrán intentar reclamar su devolución incluso si dicha operación les generó una ganancia.

Aunque no se trata de una cuestión pacífica, al menos así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en una sentencia conocida a principios de agosto —apenas tres meses después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que nadie deberá pagar este tributo municipal cuando en la venta de un inmueble urbano se hayan generado pérdidas en el valor del suelo—, anulaba la plusvalía en la que el contribuyente no había probado suficientemente la existencia de dicha pérdida, al dictaminar que tras la sentencia del Tribunal Constitucional y mientras que el legislador no regule el nuevo régimen legal aplicable —y, en concreto, determine la forma en la que se debe cuantificar el impuesto—, las liquidaciones de la plusvalía municipal giradas con base en una normativa declarada nula e inconstitucional son nulas de pleno derecho.

La doctrina del TSJM considera que, al declarar inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible cuando se produce la transmisión de un inmueble de naturaleza urbana y la gestión tributaria del impuesto, y dejarlos sin efecto, el Tribunal Constitucional ha eliminado las reglas o herramientas que existían para calcular la eventual existencia de dicha plusvalía municipal, una competencia que algunos tribunales, como en este caso el TSJM, no están dispuestos a asumir (dado que el Tribunal Constitucional considera, y así lo ha señalado expresamente, que dicha función corresponde al legislador).

De acuerdo con esta doctrina del TSJM, los jueces no podrían valorar si se ha producido o no un incremento de valor en el terreno, al no tener una norma legal que se lo permita

De acuerdo con esta doctrina del TSJM, los jueces no podrían valorar si se ha producido o no un incremento de valor en el terreno, al no tener una norma legal que se lo permita, y, por lo tanto, para concluir si existe hecho imponible o no, dado que ello implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional ha rechazado, es decir, “ … dejar al arbitrio del aplicador de la norma tanto la determinación de los supuestos en los que nace la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento de valor”.
Con base en esta doctrina, por lo tanto, cualquier plusvalía satisfecha en los últimos años se podría recurrir, siempre y cuando el periodo para instar la impugnación no haya transcurrido. De hecho, de acuerdo con esta doctrina del TSJM, hasta que la ley no se reforme por el legislador, no existe un mecanismo que permita determinar la existencia del hecho imponible del impuesto ni que permita calcular la base imponible del mismo y, por tanto, cualquiera que venda un inmueble antes de que dicha reforma entre en vigor podría acudir a los tribunales con estos mismos argumentos”, añaden.
La sentencia del TSJM así lo recoge, al declarar que “la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial alguna”.Un aluvión de reclamaciones !!!

Algunos juzgados han interpretado de manera similar la sentencia del Tribunal Constitucional, y otros han fallado igualmente a favor del contribuyente, interpretando, por ejemplo, que el impuesto debe devolverse cuando existe una pérdida pero que en estos casos, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional, es el ayuntamiento quien debe probar, y no el contribuyente, la existencia de un incremento real en el valor del inmueble. Es decir, no sería el contribuyente quien debe demostrar que hubo pérdida para recuperar su dinero, sino que son los ayuntamientos los que deben demostrar que hubo ganancia para poder cobrarlo”.

Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, sin ningún compromiso.
Un saludo.

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Plusvalía municipal: el Tribunal Supremo confirma en parte al Tribunal Constitucional

 

Madrid, 19 de Julio de 2017

 

 

Otro fallo sobre el impuesto de la llamada plusvalía municipal a favor del contribuyente.

 

El Tribunal Supremo , tras el fallo en contra de un recurso promovido por el Ayuntamiento de Cuenca, en el que solicitaba declarar como doctrina legal el cálculo de la Ley de Haciendas Locales, resalta la imposibilidad de aplicar dicha fórmula de cálculo en impuesto de la plusvalía, como se venía haciendo hasta ahora, y se abre la puerta a la reclamación por las liquidaciones ya realizadas.

 

En septiembre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca consideró por primera vez que un contribuyente podía autoliquidar el impuesto utilizando una fórmula de cálculo distinta a la prevista en la Ley (artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales-LHL), en base a un informe pericial  que justificara de forma matemática dicho incremento/decremento. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Abril de 2012.

Hoy en día son varios  Juzgados los que viene dando la razón a los contribuyentes que formulan la inaplicabilidad del cálculo según la Ley de Haciendas Locales.

En el recurso de casación , el  Ayuntamiento solicitó que por el Tribunal Supremo se declarase como doctrina legal el que la interpretación correcta del artículo 107 de la LHL es la de que la base imponible del impuesto de plusvalía municipal se obtiene aplicando un coeficiente de incremento sobre el valor catastral, de acuerdo con la siguiente fórmula: Valor del suelo x [(nº de años) x (% de incremento)].

RESULTADO:

El Tribunal Supremo acaba de declarar que no ha lugar al recurso de casación en interés de Ley planteado, rechazando la doctrina legal pretendida por el Ayuntamiento de Cuenca.

Lógicamente, el T.Supremo ha considerado   la sentencias del Tribunal Constitucional recaídas hasta la fecha, y que han afectado tanto a normativa Foral –inicialmente en Guipúzcoa y Alava      – y posteriormente a nivel  estatal (sentencia de 11 de mayo de 2017), en la medida en que sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

 

Tal y como está planteada dicha fórmula, se gravarían situaciones en las que no se ha manifestado capacidad económica alguna.

La sentencia recalca la imposibilidad de aplicar la fórmula de cálculo como se venía haciendo hasta ahora. Es decir, de forma general y a todas las transmisiones que se realizaran. A partir de ahora, debe interpretarse en clave constitucional, respetando el principio de capacidad económica.

Por otro lado, ni los Ayuntamientos ni los Juzgados, tal y como han declarado varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (Santander, León, Zaragoza, La Coruña), son competentes para decidir cuándo ha existido incremento de valor y cuándo no, a efectos de gravar el impuesto. Esta misión sólo corresponde al legislador.

En resumen , la sentencia del Supremo declara la imposibilidad de aplicar la fórmula de cálculo del impuesto toda vez que se demuestre la inexistencia de incremento de valor del inmueble.

Con todo ello, esto permitirá a todos los contribuyentes  la posibilidad de reclamar  dentro del plazo de prescripción ( cuatro años desde la liquidación del  impuesto ), las cantidades indebidamente ingresadas.

Os animamos desde  esta web , a formular la petición o consulta de vuestro caso en concreto.

Un saludo.

 

info@reclamacionestributarias.es

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INCREMENTO INEXISTENTE. SENTENCIA T.S.J. MADRID: Anulación de plusvalía municipal.

Se presenta a continuación el literal de la sentencia, cuyas conclusiones son determinantes y clarificadoras del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (I.I.V.T.N.U.) :la plusvalía municipal,  que grava incrementos de valores de inmuebles inexistentes:

“La liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico … “.

 

  • Orden: Administrativo
  • Fecha: 19 de Julio de 2017
  • Tribunal: TSJ Madrid
  • Ponente: Herrero Muñoz-Cobo, Joaquín
  • Núm. Sentencia: 512/2017
  • Núm. Recurso: 783/2016
  • Núm. Cendoj: 28079330092017100391
  • Núm. Ecli: ES:TSJM:2017:7443
  • Núm. Roj: STSJ M 7443:2017

 

Resumen:

 

Anulación liquidación de plusvalía. No se puede dejar al arbitrio de la Administración la aplicación del impuesto.

La sentencia declara que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial alguna.

No es ajustado a derecho “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento” del valor de la propiedad.

“A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”, determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad”

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección NovenaC/ General Castaños, 1 , Planta 1 – 28004

33010310

NIG:28.079.00.3-2015/0027146

Recurso de Apelación 783/2016

Recurrente: NASIPA SL

PROCURADOR D./Dña. ROBERTO PRIMITIVO GRANIZO PALOMEQUE

Recurrido: AYUNTAMIENTO DE GETAFE

LETRADO D./Dña. MANUEL ABOLAFIO BALSALOBRE, Pº: DE YESERIAS,41 PISO 2º-B, C.P.:28005 MADRID (Madrid)

SENTENCIA Nº 512

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.

Presidente:

  1. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet de Sande

  1. José Luis Quesada Varea
  2. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

En la Villa de Madrid a diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso de apelación nº 783/16, interpuesto por el Procurador D Roberto Primitivo Granizo contra la sentencia dictada en el procedimiento ordinario nº 783/16, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid, de fecha 14 de Septiembre de 2016 .

Antecedentes

PRIMERO:Contra la sentencia dictada en el procedimiento ordinario nº 783/16, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid, de fecha 14 de Septiembre de 2016 se interpuso recurso de apelación .

SEGUNDO:Formado rollo de apelación y personadas las partes en forma ante esta Sala, quedaron los autos conclusos y pendientes para votación y fallo.

TERCERO:En este estado se señaló para votación y fallo el día 13 de Julio de 2017, teniendo lugar así.

CUARTO:En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente EL Magistrado Ilmo. Sr. D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo.

Fundamentos

PRIMERO:El presente recurso de apelación se interpone contra sentencia dictada en el procedimiento ordinario nº 783/16, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid, de fecha 14 de Septiembre de 2016 desestimatoria del recurso frente a liquidación por IIVTNU.

El Juzgado desestima el recurso con cita de Sentencia de esta Sección de 26 de Diciembre de 2013 , admitiendo la posibilidad de anular la liquidación acreditando la inexistencia de incremento de valor, entendiendo no obstante, que en el caso concreto no se ha aportado prueba bastante, no teniendo por tal el menor precio de la escritura de venta sobre el de adquisición.

En la presente alzada insiste la recurrente en la inexistencia de incremento de valor susceptible de ser gravado con el impuesto, y la suficiencia de la prueba aportada, de la que claramente resulta, por comparación de precio de escrituras, la pérdida de valor sufrida.

Se opone la apelada al recurso sosteniendo el acierto de la Sentencia apelada, considerando insuficiente las escrituras de adquisición y venta a los efectos de acreditar la inexistencia de incremento de valor.

SEGUNDO:Es objeto del presente recurso de apelación sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 confirmatoria de liquidación por IIVTNU.

La liquidación impugnada fue girada determinando la base imponible conforme a las normas recogidas en el art 107 TRLHL y el art 110.4 TRLHL.

Hasta la fecha, y desde ST de 16 de Diciembre de 2014 recurso 295/14, esta Sección venía entendiendo en línea con sentencias del TSJ de Cataluña de 18 de Julio de 2013 y 22 de Marzo de 2012 , que cabía una interpretación conforme a la Constitución Española de los preceptos citados, que pasaba por admitir que el contribuyente pudiera alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos.

El anterior planteamiento ha de ser necesariamente revisado en aplicación de Sentencia de 11 de Mayo de 2017 declarando ‘la inconstitucionalidad de los arts los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor’ y de Sentencia del TC de 16 de Febrero de 2017 , de 1 de Marzo de 2017 , que expresamente rechazan la interpretación conforme de los citados artículos, aclarando al alcance de la declaración de inconstitucionalidad .

Como decíamos anteriormente, esta Sección sostenía la posibilidad de una interpretación conforme de las normas de determinación de la base imponible del art 107 del RDL 2/2004 , sin embargo, planteada dicha tesis ante el Tribunal Constitucional tanto por la Abogacía del Estado como por los Servicios Jurídicos de la Diputación Foral de Guipuzcoa y de Alava, el TC en Sentencias de 16 de Febrero de 2017 , y en Sentencia de 1 de Marzo de 2017 , para artículos de las normas forales de idéntica redacción a los de autos declara lo siguiente:

‘no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de ‘la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto’ (…)Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria ( arts. 31.3 y 133.1 y 2, ambos de la CE ).Debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana’

La Abogacía del Estado, en la cuestión de inconstitucionalidad 4864/16, resuelta por Sentencia de 11 de Mayo, insistió en la ‘interpretación salvadora’ que la Sentencia de 16 de Febrero de 2017 rechazó, planteando que ‘ para que dicho artículo (107 TRLHL) sea contrario a la Constitución deberá partirse de que en el supuesto concreto haya quedado demostrado dicho presupuesto: que el incremento de valor del terreno no es real ni cierto’.

Sin embargo, el TC no admite dicha interpretación salvadora o conforme del precepto, y por el contrario, insistiendo en lo ya declarado en Sentencia de 16 de Febrero, y aclarando el alcance de la declaración de inconstitucionalidad declara lo siguiente:

‘ Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5).’

A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal(comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado , pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es ‘dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento’, determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad.

Procede conforme a lo expuesto la estimación del recurso con anulación de la liquidación impugnada.

TERCERO:De conformidad con el art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 , no procede realizar pronunciamiento alguno en materia de las costas causadas en esta segunda instancia.

Fallo

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el presente recurso de apelación nº 783/16, interpuesto por el Procurador D Roberto Primitivo Granizo contra la sentencia dictada en el procedimiento ordinario nº 783/16, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid, de fecha 14 de Septiembre de 2016 SENTENCIA QUE REVOCAMOS PARA EN SU LUGAR ANULAR LA LIQUIDACION IMPUGNADA.

Sin costas.

Líbrense dos testimonios de la presente sentencia, uno para remitir al Juzgado en unión del recurso y el otro para incorporarlo al rollo de apelación .

Una vez hecho lo anterior, devuélvase al órgano a quo el recurso contencioso administrativo con el expediente que, en su día, fue elevado a la Sala y archívese el rollo de apelación .

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2583-0000-85-0783-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un ‘Recurso’ 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2583-0000-85-0783-16 en el campo ‘Observaciones’ o ‘Concepto de la transferencia’ y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

  1. Ramón Verón Olarte Ángeles Huet de Sande
  2. José Luis Quesada Varea D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

 

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Comprobacion de valores en Comunidad de Madrid

El método de comprobación de valores más utilizado en la Comunidad de Madrid es un híbrido entre el “Dictamen de Peritos” (artículo 57.1.e, de la LGT) y el de “Precios Medios en el Mercado” (artículo 57.1.c). Se trata de un método de comprobación que les está dando muchos problemas y que está siendo anulado por los Tribunales, por lo que su impugnación tiene muchos visos de prosperar.

Últimamente, y ante el fracaso de este método de valoración, la Comunidad de Madrid está empezando a utilizar el método de comprobación del artículo 57.1.g (Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas).

El Tribunal Supremo ha declarado que los métodos de comprobación de valores son los previstos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria, y no otros. En dicho artículo, no existen los métodos híbridos que en ocasiones utiliza la Administración. Por tanto, un dictamen de peritos cuyo resultado sea consecuencia de la aplicación directa de los precios de mercado será ilegal, en la medida en que no será un dictamen pericial al uso, sino tan sólo el resultado de la aplicación de otro método distinto.

Por tanto, cuando se haga un dictamen de peritos utilizando los precios medios de mercado calculados conforme a la normativa aprobada, el perito no podrá aplicar estos directamente, sino que deberá razonar su aplicación, lo que en la mayoría de los casos le obligará a una inspección personal del inmueble comprobado.

Además, en la Comunidad de Madrid es frecuente que los peritos lleven a cabo su valoración, basándola en el método de comparación de mercado. Es decir, en el valor otorgado en otras transmisiones de inmuebles que se consideran similares al comprobado.

Pues bien, Recientemente, el TSJ de Madrid ha anulado este tipo de comprobaciones, considerando que no están suficientemente motivadas. El Tribunal madrileño, venía hasta hace poco tiempo desestimando los recursos que se planteaban contra este método de valoración, pero ha cambiado su criterio a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo dictada a finales de 2015.

En dicha sentencia, el Alto Tribunal consideraba que, en las comparaciones utilizadas entre inmuebles no se razonan las circunstancias por las que se consideran semejantes las fincas tomadas como referencia, ni se aportan las circunstancias de los inmuebles testigos empleados, desconociéndose si las transacciones que se citan son reales, ni qué tipo de transacción se llevó a cabo.

Además, tampoco se aclara si se trata de valores declarados o comprobados administrativamente, ni se justifica el estado de conservación de los inmuebles. Por último, ningún perito ha visitado estos inmuebles “testigo” para comprobar la idoneidad de la comprobación.
El Tribunal Supremo ya declaró en 2012 que la visita del perito era necesaria cuando se utilizaba el método del dictamen de peritos, y en la valoración se tenían en cuenta circunstancias tales como el estado de conservación, las calidades de edificación, etc…

El propio Tribunal Económico Administrativo Central, que pertenece al Ministerio de Hacienda, ha cuestionado estas valoraciones, indicando que deben incorporarse siempre al expediente administrativo las escrituras que documenten las operaciones que se utilizan como muestras o testigos.

Por último, y respecto a las comprobaciones que últimamente está realizando la Comunidad de Madrid, aplicando el método del 57.1.g (Valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas), hay que indicar que se trata de un método de valoración cuestionado por el TEAC. Consideramos en consecuencia, que hay bastantes posibilidades de anular las liquidaciones que, en aplicación de dicho método de valoración, dicte la Consejería.

Por ello, es conveniente recurrir las comprobaciones de valores que lleguen de la Comunidad de Madrid, ya que en estos momentos están siendo muy cuestionadas, por los Tribunales y existen bastantes posibilidades de éxito.
Por tanto cuando se presentan casos donde el contribuyente. manifiesta. discrepencias habrá que estar atentos a :
Validez del procedimiento utilizado.
Aspectos procedimentales: prescripción, caducidad,órgano competente, etc … .
Método y circunstancias para la obtencion del valor del inmueble objeto de revisión.
Motivación particularizada para ese bien.
Valores discrepantes: antigüedad, superficie,localización,estado de conservación, destino de estado, etc … .
Para cualquier consulta pueden acceder a nuestra página www.reclamacionestributarias.es, o bien a través del correo info@reclamacionestributarias.es, desde donde le atenderemos de forma personalizada, siendo la primera consulta gratuita.
Un saludo.

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ASTURIAS: RECLAMACIÓN DE PLUSVALÍA GANADA

En esta sentencia se observa como el juez valora realmente la situación de indefensión del contribuyente ante un  impuesto , que lejos de materializar un hecho en el que se produce una obtención de ganancias patrimoniales, está a todas luces fuera de la realidad social y económica, como así lo ha puesto de manifiesto en este mismo año el Tribunal Constitucional, al exonerar del impuesto de PLUSVALÍA MUNICIPAL cuando no exista obtención de ganancia en la transmisión del inmueble.

 

 

El Juzgado anula el pago de la plusvalía por un garaje vendido en pérdidas.

 

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 ha dejado sin efecto una liquidación del impuesto de plusvalía de 190,88 euros, emitida por el Ayuntamiento a partir de la venta de una plaza de garaje a un precio inferior al de su adquisición por parte de un particular. En el fallo, la magistrada que vio el caso aplica una reciente doctrina del Tribunal Constitucional en la que se establece que en aquellos casos en los que “no ha habido incremento alguno en el valor” del bien “no hay razón para el cobro del impuesto”, dado que, en último término, “no existe hecho imponible”.

 

Además, el Alto Tribunal determina, y así se recoge en esta sentencia, que “la carga de la prueba” para decidir si realmente hay un hecho imponible que justifique el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) corresponde a la Administración.

 

Hasta ahora, subraya el fallo, el sistema legal “partía de la base” de que siempre se producía un incremento de valor. Se trataba de una interpretación que, para la magistrada, “no se puede mantener” a la vista de la doctrina del Constitucional.

 

Así las cosas, y “entre tanto no se defina un nuevo marco legal para el impuesto que nos ocupa”, el fallo apunta que una vez que por el contribuyente “se cuestione con un mínimo fundamento que el incremento de valor no se ha producido”, no le correspondería a él “la prueba de no realización del hecho imponible”, sino que debe ser la Administración tributaria quien pruebe que realmente se produjo. “Todo ello al desaparecer el soporte legal que antes existía para presumir que dicho incremento de valor se produjese siempre”, sostiene la jueza.

 

Los Juzgados ovetenses ya han dictado, al menos, dos sentencias anulando el cobro de la plusvalía con este argumento. En todo caso, y pese a estimar el recurso, la magistrada no impone el pago de costas, “al no estar asentado todavía un criterio jurisprudencial” al respecto.

 

La magistrada afirma que, al no haber “incremento de valor”, el Consistorio se queda sin “hecho imponible” para cobrar.

 

Por tanto todos aquellos contribuyentes que hayáis obtenido pérdidas en la venta de algún inmueble, podéis recurrir en el plazo de 4 años desde la fecha de la transmisión del mismo , sea por venta o por herencia.

Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición en los diferentes canales de  nuestra web.

 

Un saludo.

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Última resolución del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal

Con motivo de las últimas sentencias recaídas sobre esta materia en Guipúzcoa y Alava, fallando a favor del contribuyente, por inexistencia de hecho ( según art. 107 de la Ley de Haciendas Locales ), a continuación remitimos información , así como el enlace de la sentencia publicada en Abril de este año

En próximos días publicaremos literalmente la resolución de estos días, que determina en el ámbito nacional , por extensión, los mismos términos con los que se pronunció en el ámbito foral del País Vasco.

El Tribunal Constitucional extiende a toda España la anulación del impuesto de la plusvalía municipal.

El Tribunal Constitucional (TC) extendió ayer a toda España la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se denomina el llamado impuesto de plusvalías, y de esta manera abrió una vía de reclamación para los afectados de hasta 8.300 millones de euros.

En concreto, el TC aplicó a todo el Estado lo que ya había decretado para Guipúzcoa y Álava: que sólo se pagará el impuesto de plusvalía en los casos en los que, efectivamente, se haya producido un incremento del precio de la vivienda que se vende. En caso contrario, los ayuntamientos no podrán exigir el pago de este gravamen, tal y como ha ocurrido hasta ahora.

Esta figura impositiva es de gran importancia para los municipios y sólo en 2015, último año del que se tienen datos, la recaudación superó los 2.600 millones de euros. Y en los últimos cuatro años, que en principio es el plazo máximo que puede pasar desde que se pagó el impuesto hasta que se pone la reclamación, la cifra asciende a esos más de 8.300 millones que ahora son susceptibles de ser revisados y, en su caso, reembolsados a los afectados.

Sin embargo, casi con total seguridad la cantidad que finalmente se reintegre no será tan abultada ya que, aunque la sentencia afecta a los años en los que más cayeron los precios de los inmuebles como consecuencia del fin de la burbuja inmobiliaria, parece difícil que todas las ventas se cerrasen con pérdidas.

La tasadora Tinsa, por su parte, afirma que el número total de afectados será superior a los 550.000, y añade que los municipios más afectados están en la Comunidad de Madrid, con unos 76.500 casos, y las provincia de Barcelona, con más de 56.000, y Alicante, con 47.500.En Asturias serian. 9.000. inmuebles afectados por esfa sentencia.

Todas estas cifras, por lo tanto, muestran la magnitud y trascendencia de la decisión que ayer tomó el Tribunal Constitucional, que puede hacer que el impuesto de plusvalía se convierta en las cláusulas suelo de los ayuntamientos. La diferencia, evidentemente, es que las devoluciones y compensaciones a los afectados se tendrán que hacer con dinero público.

Por ello, tanto el Ministerio de Hacienda como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están ya trabajando para, primero, realizar las modificaciones legislativas necesarias y, segundo, decidir cómo enfrentar el alto número de reclamaciones y reintegros a los que se van a enfrentar. En este proceso será clave el documento que la FEMP debe remitir antes del fin de mes al Gobierno con sus propuestas y estimaciones de impacto.

Por lo tanto, lo primero que deben hacer los contribuyentes que han tenido que pagar el impuesto de plusvalía tras cerrar la venta de un piso con pérdidas es presentar, ante el ayuntamiento correspondiente, un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos. En esta reclamación deberán incorporar el importe abonado, y con este paso se podrá en marcha la vía administrativa. El ente local en cuestión deberá fijar un plazo para darle una respuesta al afectado, que si no está de acuerdo con la misma podrá acceder al procedimiento judicial

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-3878.pdf

Para cualquier consulta para la devolución de lo ingresado indebidamente:

Tfno.: 619816916

Un saludo

Nota: próximamente pubicaremos íntegramente la resolución emanada por el Alto Tribunal en esta semana

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