Blog sobre Reclamaciones Tributarias

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LA APLICABILIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL (I.I.V.T.N.U.): EFECTOS Y CONSECUENCIAS PARA EL CONTRIBUYENTE. O DE CÓMO LA ADMINISTRACIÓN LOCAL RECAUDA SOBRE CAPACIDADES ECONÓMICAS FICTICIAS.

 

 

 

 

 

La plusvalía municipal , popularmente conocida, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), , es un tributo que “pretende” gravar el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana durante un período al que ha pertenecido al transmitente.

Básicamente, son los artículos del 104-110 del R. Decreto Legislativo 02/2004 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), donde se encuentra recogido su régimen; a saber:

Hecho imponible, base imponible, sujeto pasivo, el marco legal para las ordenanzas fiscales municipales, parámetros para el cómputo del cálculo de la base imponible, tipo de gravamen, así como ciertas reglas relativas a la gestión tributaria de dicha exacción.

Así, en el artículo 104 nos habla del hecho imponible: como incremento del valor del inmueble producido durante “X” años; y en el artículo 107 define la base imponible como valor obtenido de aplicar un coeficiente sobre el valor catastral, incrementado proporcionalmente a los años de tenencia, con un máximo de 20 años.

Una vez expuesto de forma sucinta, las principales componentes del impuesto, cabe preguntarse ciertas reflexiones y algunas preguntas:

De la lectura conjunta de los art. 104 y 107 de L.H.L., se plantea una “dicotomía funcional”:

Por un lado en el art. 104 se nos habla de que es un tributo directo que grava un enriquecimiento real, indicando que constituye el hecho objeto de gravamen, el incremento del valor que experimenten dichos terrenos.

Y en el art. 107 se puede interpretar como un tributo indirecto, al no establecer una relación con la supuesta riqueza obtenida con independencia del valor real a efectos de mercado en el que se haya transmitido el inmueble. A continuación se fijan los porcentajes anuales que cada ayuntamiento puede aplicar en función de los años a efectos del devengo, siendo los primeros 5 años hasta un 3,7%, hasta llegar a los 20 años con un 3% anual. Y continúa diciendo: “ … el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno será el resultante de multiplicar el porcentaje anual en cada caso concreto por el número de años de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.”

Una vez calculada la base imponible, los ayuntamientos podrán girar la misma un tipo de gravamen de hasta un 30%, obteniendo así la cuota resultante a liquidar.

 

Y unas preguntas :

¿El legislador a la hora de establecer esta exacción, contemplaba el hecho de que el valor del terreno transmitido – como consecuencia de la crisis inmobiliaria sufrida por miles de ciudadanos- tomado como valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fuera inferior al valor de adquisición del inmueble objeto del impuesto?

Si el art. 104 grava el incremento que experimente el terreno en el transcurso de un tiempo, y su valor real objetivable ,resulta ser inferior al valor de adquisición, ¿no estaríamos en la hipótesis de inexistencia de incremento del valor real, y por ende no habría hecho imponible de aplicación al impuesto?.

Pues bien, si ya existía jurisprudencia, como la Sentencia del T.S.J de Navarra 1501/2000 y la del T. Supremo del 09/1995, donde ya se prefigura la exigencia de un incremento patrimonial, como elemento imprescindible para el cálculo de la base imponible de la plusvalía (como su propio nombre indica), es a raíz de la Sentencia del T.S.J. de Cataluña 805/2013 y la de 22/03/2012 (3120/2012) , donde se alega dar primacía al art. 104 sobre el 107; es decir: “…si se acreditase la inexistencia de incremento del terreno en el período impositivo no tendrá lugar el hecho imponible…”. En dicha sentencia se hace alusión a la base imponible del IBI, constituida por el valor catastral y que sirve de base para el cálculo de la plusvalía ( art. 107.2 LHL ).

Argumenta el Tribunal que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien a partir de los datos del Catastro Inmobiliario, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el art. 23.1 de dicha ley, pero añadiendo el art. 23.2: “ el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse …”.

Y sigue disertando: “ … el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana constituye el elemento del hecho imponible … .” Y continúa:

En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

Y en otro momento de la sentencia – atención a la disertación – añade: “… no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que si impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.

Concluyendo en esta sentencia que las normas legales establecen una únicamente una presunción iuris tantum, susceptible de quedar desvirtuada, mediante prueba adecuada y suficiente a cargo del obligado tributario y de acuerdo con el art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cabe destacar, por la interpretación en el cálculo de la plusvalía, la sentencia del T.S.J. de Castilla- La Mancha, al interpretar que la fórmula aplicable por el recurrente ( método de capitalización de descuento simple ), en la base imponible se ajusta de una forma más homogénea y proporcionada, de manera que se actualiza el valor catastral de transmisión al valor en el que se originó la transmisión:

PLUSVALÍA= V.CATASTRAL ACTUAL x Nº AÑOS X % COEF. / 1 + ( Nº AÑOS X % COEF.)

Las diferencias en los importes entre el cálculo según prevé la LRHL y esta “innovadora fórmula para este impuesto” : es muy considerable. Veamos un ejemplo:

VALOR CATASTRAL ACTUAL :150.000 €

Nº AÑOS ( desde adquisición hasta transmisión ): 18 años

COEFICIENTE MUNICIPAL: 3%

Según la LRHL:

B.IMPONIBLE: 150.000 € x 3% x 18 = 81.000 €

Según sentencia :

B.IMPONIBLE= 150.000 x 3% x 18 / 1 + ( 18 x 3% ) = 52.597,40 €

 

O SEA, SEGÚN LA FÓRMULA TRADICIONAL NOS COBRARÍAN UN 54% MÁS ¡!!!!!!!!

Y por si todo esto no fuera cosa menor, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Donostia, ha dictado Auto, en el que se plantea Cuestión de Inconstitucionalidad de los art. 104,107 y 110 de la LRHL:

1.- Por vulneración del Principio de Capacidad Económica contemplado en el art. 31 de nuestra Constitución (por desvinculación real del sujeto pasivo).

2.-Por si la regla de valoración legal establecida permite o no prueba en contrario que permita en vía de alegaciones o recurso administrativo o contencioso-administrativo, lo que afectaría además al art. 24 de la Constitución. A tal efecto señala el auto:

“El tributo no somete a tributación una plusvalía real , sino una plusvalía cuantificada   de forma objetiva, de modo que la base imponible determinada conforme al art. 107 de la LRLH, no admite prueba en contrario y el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que pueda atribuirse valores, cuotas o bases diferentes de tales normas … por lo que cabe señalar que lo que la legislación somete a gravamen no son capacidades económicas reales o potenciales sino ficticias que no pueden ser objeto de prueba en contra ( bien mediante un sistema de capitalización con un método de descuento simple o con una tasación pericial contradictoria u otro afín según el art.57.2 de la Ley General Tributaria”.

En resumen, nos encontramos con la aplicación de un impuesto que grava una situación económica a futuro, sin tener en cuenta la valoración actual del terreno urbano objeto de transmisión.

Desde esta página, consideramos que tanto el cálculo para el cómputo de la base imponible, como ésta – por no ajustarse el valor catastral que la Administración Local sobre un valor real de mercado en el momento de la transmisión, son argumentos objetivables y susceptibles de ser revisados, y recurridos en las diferentes instancias administrativas y/o judiciales.

Y un último apunte:

El plazo de prescripción es de 4 años, a partir de la fecha de devengo del impuesto ( en general fecha de transmisión del inmueble). Por lo que todos aquellos contribuyentes que hayan autoliquidado ya el impuesto, y estén dentro este período, pueden recurrir la conocida como PLUSVALÍA MUNICIPAL.

 A vuestra disposición.

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Comments (7)

  1. Yo reclamé en su momento por esta fórmula y me lo desestimaron. Podéis ver el expediente a ver si se puede hacer algo. Del año 2011 subió el valor catastral de mi vivienda el 272%, de pagar 4.000 euros a 16.000 euros.

    Puedo reclamar se vendió en diciembre de 2011

  2. Estimado E. Gómez:

    Tras ver cómo en Jerez el Ayuntamiento cobraba por el plusvalía municipal después de haber bajado más de un 50% el valor catastral de los inmuebles un cliente me ha venido para reclamar dicha plusvalía (pagó la plusvalía cuando falleció el familiar y ahora, 7 años después ha vuelto a pagar un “pico” de plusvalía). Es un “robo” legal a todas luces incoherente. Me estoy mirando diferentes foros y jurisprudencia, no obstante ya que usted está puesto en el tema me gustaría qué documentación me haría falta para presentar una reclamación administrativa incluso, si usted conoce de alguna web, el modelo de reclamación y todo lo relacionado con el procedimiento, ya que la información que encuentro es limitada. Sé que hay un par de sentencias de TSJ que dan la razón al ciudadano y le devuelven lo abonado indebidamente.

    Es por eso que me gustaría que si fuera posible me dijera la documentación que hace falta y todas las vicisitudes que tiene este procedimiento.

    Muchas gracias de antemano por la ayuda!!

    Un saludo.

    Jesús

    • Buenas tardes,

      Sobre la cuestión que planteas la documentación que seria necesaria es la siguiente:
      Liquidación de PLUSVALÍA
      Escritura de adquisición/ herencia y de venta del inmueble.
      Recibo del último Ibi.
      Con todo esto , más algunos informes oficiales y vinculantes, de cómo ha evolucionado el sector inmobiliario en la población objeto de recurso, comenzamos el procedimiento de ingresos indebidos, valorando el método como el hecho imponible inexistente.

      Un saludo

  3. Buenos dias,
    en enero del 2015 liquide a mi ayuntamiento una plusvalia por hererncia de un solar calculada en base a un valor catastral desorbitado. Reclamé al catastro sin respuesta. En Febrero del 2016 he recibido comunicación del catastro de que el valor de dicho terreno habia sido recalculado a la baja y con valor desde 2010. He reclamado al ayuntamiento el importe pagado erroneamente pero no me han contestado. Como puedo exigir la devolución? Muchas gracias

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