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LA CALIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 05/2014 DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

La presión fiscal que ejerce el IBI, resistente a las crisis económicas, cuya recaudación nunca ha bajado desde su creación, tiene una especial transcendencia e incidencia sobre otros tributos, como es por ejemplo el  Impuesto  sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal). Un impuesto que con los tiempos que corren, y después del boom inmobiliario, ha tenido un efecto perverso en la capacidad económica del contribuyente, encontrándonos con la paradoja de tener que tributar , aún cuando se han producido minusvalías en las transacciones sde compraventa, sucesiones/donaciones, etc… .

 

Pues bien, el T. Supremo ha dictaminado en una sentencia en interés de ley que para que un suelo urbanizable pague el IBI URBANO, ha de haber iniciado su desarrollo urbanístico; es decir, que exista un instrumento de planeamiento y de ordenación  ( Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle). Y en caso contrario la calificación que merece tal suelo sería la de naturaleza rústica, con unas consecuencias evidentes para los propietarios.

El litigio se originó cuando el Ayuntamiento de Badajoz decidió reclasificar varios terrenos rústicos y darles la consideración de urbanizables, con lo que sus propietarios vieron multiplicarse la cantidad a pagar por dicho impuesto pero sin posibilidad de desarrollar urbanísticamente los terrenos por no tener aprobado el Plan Parcial. La sentencia ha puesto de manifiesto que muchos propietarios que están en el mismo caso se han visto, y se ven, obligados injustamente a pagar el impuesto con un valor de suelo urbano, cuando el mismo es rústico.

Muchos contribuyentes afectados  han comenzado a actuar para que se les cobre por lo que se les tiene que cobrar (un bien rústico a efectos catastrales) y no por lo que se les  viene aplicando (un  I.B.I. Urbano).

Ante tal situación el Catastro ha adoptado una  única resolución tipo para  desestimar la avalancha de solicitudes que se le están presentando, cuyas alegaciones y razones que exponen como argumentos para la no aplicabilidad de dicha sentencia son:

 

1.-Extemporaneidad de la  de recalificación: la sentencia no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares, ni produce la anulación de los valores catastrales.

2.- Tampoco  la sentencia fija doctrina legal y, al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

3.-Además, la sentencia no tiene efectos directos respecto de ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo, ni tampoco respecto de los valores catastrales de los inmuebles calculados en su aplicación.

4.- Y por último alega que al tratarse de una única sentencia, no sienta jurisprudencia porque no hay reiteración en este tipo de resoluciones.

O sea, la Dirección General del Catastro Inmobiliario, no  considera  la naturaleza jurídica de los terrenos a efectos catastrales.

Parece claro que en los casos en que la ponencia catastral sea firme, como se está alegando, la Administración estaría obligada, en base a los argumentos del Tribunal Supremo, a su revisión de oficio, recalificando como rústico lo que en su día calificó como urbano. Pero la auto-tutela administrativa y los procesos juegan a su favor. Este es un caso que, a buen seguro, aumentará en buen número las reclamaciones económico-administrativas y los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El caso permite una reflexión colateral nada desdeñable. No es lo mismo una sentencia del Tribunal Supremo para el contribuyente que para la Administración. Una única sentencia alegada por el ciudadano, por muy claros y firmes que sean sus pronunciamientos, permite a la Administración alegar que, ante la falta de reiteración, la misma no sienta jurisprudencia. Sin embargo, en el caso contrario, una única sentencia favorable a las tesis administrativas permite a aquella, dado el principio de auto-tutela y ejecutividad de sus actos, basarse en ella para desestimar las pretensiones del contribuyente.

Esta sentencia sobre el IBI pone de manifiesto la escasa autoridad (en términos de efecto útil de sus pronunciamientos) que hoy tiene nuestro Tribunal Supremo y lo errado del reciente y enconado debate sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende, poniendo al recurso de casación en su sitio, establecer el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con el fin de que la misma no sea constantemente desdeñada y tengamos algo de seguridad jurídica. La sentencia comentada supone un fallo de amplio espectro y trascendencia jurídica y sería, sin duda, un claro ejemplo de jurisprudencia vinculante útil.

Y siendo la comentada una sentencia dictada en interés de la ley, se pone de manifiesto también la errónea regulación actual de dicho recurso que solo fija doctrina legal (vinculante) cuando la sentencia es estimatoria, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces quien recurre es la Administración, dada la limitación en cuanto a legitimación para recurrir. La sentencia favorece a los contribuyentes y, paradójicamente, no fija doctrina legal.

 

Tras esta sentencia, la Defensora del Pueblo, formuló una  Recomendación :

1.-“Modificar la vigente redacción del art. 7.2.b del R.Decreto Legislativo 1/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para acomodarlo al Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

2.-Modificar  la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real”.

 

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario afectará a miles de inmuebles , con importantes consecuencias tributarias, pues habrá que modificar las cuotas del IBI de aquellos terrenos que habían sido clasificados como urbanos, sin tener el Ayuntamiento competente, un instrumento de planeamiento urbanístico para calificar terrenos rústico /urbanizables a urbanos (según la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo).

Además, esta modificación  de valor catastral de dichos terrenos incide en otros impuestos , tanto estatales como IRPF, como en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal).

Un cordial saludo.-

Eugenio Gómez

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