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RECUPERA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACERCA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA  URBANA:

ALGUNOS COMENTARIOS, EFECTOS Y CONSECUENCIAS.

 

 

La cuestión de inconstitucionalidad promovida en 2015 por el Juzgado nº 3  de Donostia, está basada en relación con los artículos 1.4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 sobre este impuesto, así como con los art. 104 y 107 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al tratarse de un impuesto local , deriva del recurso planteado por una sociedad mercantil de Guipúzcoa, la cual  vendió en 2014 un inmueble en Irún por valor de 600.000 euros y que había adquirido en Mayo de 2003 por importe de 3.101.222,45 euros, generando a la mercantil una pérdida patrimonial a efectos del Impuesto de Sociedades.

Pues bien, el ayuntamiento competente le giró una liquidación  por la denominada “plusvalía municipal“ de 17.899,44 euros.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, se plantea dicha cuestión de inconstitucionalidad por posible violación del art. 31.1 de la Constitución, motivado en un gravamen sobre un incremento de valor que no es real ni cierto, yendo no sólo contra el principio de CAPACIDAD ECONÓMICA , sino que podría devenir en CONFISCATORIEDAD  (art. 31 C.E. ) , así como en la limitación al DERECHO DE DEFENSA ( art.24 C.E. ).

El órgano judicial en su motivación de razones alega que la  disposición de la regulación del sistema tributario local  de régimen común sigue una estructura establecida,  respetando las normas de armonización que sean aplicables en la materia, razón por la cual, la regulación de los art.1 y 4 de la Norma Foral, se corresponde con la de los art. 104 y 107 de la LHL, en conexión con el art.7.4 de la Norma Foral y 110 LHL, respectivamente, “ … los cuales impiden cualquier prueba en contrario en la determinación de la base imponible del tributo, reduciéndose las posibilidades impugnatorias a “ la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto.”

Es decir se plantea determinar si al existir una regla objetiva en los preceptos citados para la valoración de una plusvalía, aun produciéndose realmente una MINUSVALÍA, son o no constitucionales.

El Tribunal Constitucional en unas de sus disertaciones  respecto al Pº de Capacidad Económica, distingue entre capacidad económica como “fundamento” de la tributación (“ de acuerdo con”) y la capacidad económica como “medida” del tributo (“ en función”), pues el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado que consagra el ar.31.1 de C.E. no puede llevarse a efecto de cualquier manera, sino única y exclusivamente “ de acuerdo con” la capacidad económica y, en el caso de los impuestos, también “en función de “ su capacidad económica. En efecto, el tributo es una prestación patrimonial coactiva que por imperativo dl art. 31.1 C.E., “sólo puede exigirse cuando existe capacidad económica y  en la medida- en función- de la capacidad económica.”

 

Y continúa:

“En definitiva, el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

Tampoco salva la conclusión alcanzada por la abogada del Estado , en el sentido que los valores catastrales ( los que sirven de referencia para determinar el incremento del valor del terreno urbano ) , puedan ser objeto de una actualización, incluso a la baja, por aplicación de los coeficientes previstos en la Ley  de Presupuestos Generales- desde el ejercicio 2014  … “.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta el 2013, en el que se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles, posibilitando a los ayuntamientos, siempre que hubiesen puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron para determinar los valores catastrales vigentes, la posibilidad de actualizar estos valores, y siempre que hubiesen transcurrido al menos cinco años desde la entrada del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 

 ( … “Finalmente, debemos rechazar el argumento sostenido tanto las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa como la Abogada del Estado y la Fiscal General del Estado, de que sería posible efectuar un planteamiento alternativo a la conclusión de la inconstitucionalidad de la norma. Consideran que dado que el presupuesto que provoca el nacimiento de la obligación tributaria es la existencia de un incremento de valor del terreno de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento de la transmisión, cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible. De esta manera, a su juicio, los preceptos cuestionados admitirían una interpretación constitucional conforme a la cual, en aquellos supuestos en los que los que no se hubiese manifestado una plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición, no se habría devengado el tributo al no haberse realizado el presupuesto de hecho previsto en la ley para provocar el nacimiento de la obligación tributaria, siendo posible, a tal fin, promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria en orden a la acreditación de la inexistencia de ese incremento de valor “).

 

¡¡¡OJO!!!:  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  NO VALORA QUE EL CONTRIBUYENTE  TENGA QUE ACUDIR A UNA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA COMO MÉTODO DE CONFIRMACIÓN O CORRECIÓN DE LA PLUSVALÍA OBJETO DE GRAVAMEN (ES DECIR QUE HAYA QUE REALIZAR UNA TASACIÓN).

… Conforme a lo dicho, no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de “la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto” (art. 7.4 NFG).

Es cierto que el art. 104.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, prevé que “las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que expresamente se prohíba por Norma Foral”. Pero en el caso analizado, como ya hemos tenido la oportunidad de señalar con anterioridad, estamos en presencia de una auténtica ficción jurídica conforme a la cual la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana genera, en todo caso, en su titular, al momento de su transmisión y al margen de las circunstancias reales de cada supuesto, un incremento de valor sometido a tributación, respecto del cual, la norma no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene”.

 

“ Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual”.

 

“Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”.

 

“En consecuencia, SE DECLARAN INCONSTITUCIONALES Y NULOS los artículos , del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”.

En definitiva, queda al arbitrio del legislador, a configuración de la normativa vigente, para acomodar las modificaciones oportunas  a la sentencia comentada, de manera que no sean sometidas “… a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal reconoce que en la aplicación de la “Plusvalía Municipal”,  NO se dan las circunstancias previstas en el art. 31.1 ( PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA).

Por lo que queda abierto todo el campo de actuación, solicitando todas aquellas liquidaciones giradas por tu Ayuntamiento y abonadas , durante estos últimos cuatro años en las cuales se han obtenido minusvalías”.

 

VER SENTENCIA DEL T. CONSTITUCIONAL EN EL ENLACE:

http://www.reclamacionesyquejas.es/sentecia-t-constitucional-sobre-plusvalia-municipal/

 

SALUDOS.-

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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES /RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN  LAS RECLAMACIONES/RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

La tutela efectiva del contribuyente es un derecho primordial, y en lo que se refiere a este capítulo, la ley general tributaria  pone al alcance los medios para salvaguardarse  de resoluciones lesivas para  nuestros intereses.

Conviene tener en cuenta algunos aspectos en el inicio de cualquier alegación antes de proceder al recurso de reposición o reclamación económica-administrativa:

Siempre que se reciba una propuesta de liquidación, conviene revisarla detenidamente, y  si consideramos que hay motivos de oposición  sobre los hechos o formas en el procedimiento que se revisa, se debe presentar alegaciones  en un plazo entre los 10 o15 días  hábiles (potestativo del órgano, a partir de la notificación del mismo.

En el caso de que la propuesta de liquidación  se convierta en liquidación provisional o definitiva (esto es, después del trámite de alegaciones), resultará la deuda tributaria.

Esta podrá ser impugnada, por uno de los medios indicados anteriormente, pero el hecho de recurrirla, no implica la obligación de NO pagar, salvo  que exista una suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido:

1.-Suspensión de la ejecución en Recurso de Reposición:

            Requisitos previos:

  1. a) haber recurrido la liquidación y prestar garantía suficiente para la cobertura del saldo de la deuda e intereses de demora
  2. b) cuando se aprecie que en el acto recurrido, existen errores aritméticos, de hecho o materiales , apreciados por la administración.

2.-Suspensión de la ejecución en reclamación económica-administrativa:

            Para que la solicitud sea admitida, se deberá acompañar de documento acreditativo de garantía como en el apartado a) anterior. Y si se hubiere obtenido en el recurso anterior, se hará mención expresa

En caso que el contribuyente no contase con garantías suficientes, como puede ser garantía hipotecaria o mobiliaria prenda con/sin desplazamiento, derechos de crédito, el órgano competente puede conceder la suspensión de la deuda, verificando la solvencia  y suficiencia de las garantías aportadas. Al escrito de solicitud de suspensión, se acompañará algún tipo de  certificado o carta  bancaria, relativa a la falta de capacidad patrimonial del contribuyente que sirviese como garantía de la deuda tributaria.

3.- Suspensión  con dispensa parcial o total de  garantías.

 Brevemente, a lo anterior habría que añadir la circunstancia que  el acto impugnado tuviera como consecuencia  daños al recurrente de imposible o muy difícil reparación.

Asimismo, siempre que se aprecien  errores en cálculo, de hecho o aritméticos en el acto recurrido.

En cualquier caso, siempre que la suspensión se solicite al Tribunal  en escrito aparte, se ha de remitir una copia  de dicha solicitud al órgano competente de recaudación  a los efectos de la suspensión cautelar

La Ley General Tributaria  contempla  tres medios o cauces para la revisión de las actuaciones en cualquier procedimiento : verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores e inspeccion :

I.- Recurso de reposición:

 Previo al recurso económico-administrativo. Aconsejable cuando se trata de errores de cálculo o interpretación incorrecta. No se podrá acudir al TEAR, hasta haber agotado esta vía.

El plazo para interponer recurso es de un mes natural, contado a partir del día de notificación.

II.- Reclamación económica-administrativa ante el TEAR (TribunalEconómicoAdministrativo Regional) o Tribunal Económico-administrativo Municipal,si así procediera:

 Bien directamente o una vez agotada la vía anterior.

Aconsejable para casos más complejos, donde la Administración ya haya manifestado su disconformidad, cuando se invoque jurisprudencia o bien cuando se solicite dispensa parcial o total a través de solicitud de suspensión de deuda tributaria.

El escrito de interposición se presentará en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel  en que se considere rechazado el recurso de reposición, por haber transcurrido sin resolución expresa el plazo máximo de un mes.

Con la resolución en esta instancia, se pone fin al procedimiento administrativo, con dos salvedades que a continuación se señalan, teniendo en cuenta que  la duración máxima para resolver el expediente  por parte del tribunal será de  1 año  desde la interposición. Transcurrido ese período, sin haber recibido contestación, se entenderá desestimada, a efectos de interponer nuevo recurso.

Contra la resolución de la reclamación caben dos recursos “excepcionales” por su propia naturaleza:

Recurso de anulación:

Con el fin de subsanar defectos de la propia resolución del TEAR, y previo al Recurso de Alzada ordinario o al contencioso-administrativo. El plazo es de 15 días, a partir de la notificación de la resolución del Tribunal, y será recurrible sobre las siguientes causas:

1.- Cuando el tribunal no haya contestado  de forma manifiesta  en su resolución  a las cuestiones planteadas por el contribuyente.

2.-Cuando se hayan declarado inexistentes  las alegaciones o pruebas presentadas en forma y tiempo.

3.-Cuando la reclamación sea contemplada  inadmisible de forma incorrecta por el tribunal.

Transcurrido 1 mes el tribunal resolverá y en caso de silencio administrativo positivo, se entenderá desestimado, pudiendo el contribuyente iniciar el Recurso de Alzada.

Recurso de Alzada ordinario:

Se iniciará  contra las resoluciones  dictadas en primera instancia por los tribunales económicos-administrativos ante el Tribunal Económico Central en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la notificación  o de la presunta desestimación por el transcurso máximo del plazo establecido; esto es,  un año. A partir  de este momento, el contribuyente puede entender desestimada el recurso  o esperar a la resolución expresamente.

Este recurso se dirigirá  al propio Tribunal que hubiera dictado la resolución anterior, aportando las alegaciones anteriores, y únicamente serán admisibles, aquellas que no

hubieran sido admitidas en el procedimiento anterior.

Es decir, en este nivel lo que se dirime, no es el acto administrativo en sí, sino que la resolución del órgano que ha resuelto ha sido incorrecta.

Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

 Cuando no proceda  el recurso de alzada  contra la resolución del TEAR ( por ser el acto firme en vía administrativa ), la administración podrá interponer  este recurso, cuando estimen lesivas las resoluciones emanadas por el TEAC ( Tribunal económico central )

Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

Similar al anterior, el TEAC resolverá a través de su sala especial en el plazo de 6 meses, el recurso interpuesto por la administración  para establecer una doctrina a futuro.

 

Procedimiento  abreviado ante Organos Unipersonales.

 En esta vía  económica-administrativa, se pretende ser más rápido cuando se presenten las siguientes reclamaciones:

1.- Falta o defecto de notificación

2.-Insuficiencia o falta de motivación  del acto.

3.- Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 € o la base o valoración sea inferior a 72.000 € (art. 64 Reglamento de Revisión)

4.- Cuando se reclamen cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

En todos estos casos, se resolverán en única instancia por los TEAR, mediante los órganos unipersonales que se determinen por el Reglamento.

En este procedimiento, además de la información requerida,  es importante formular las alegaciones  y pruebas conducentes a su estimación, ya que no hay trámite posterior para realizar posteriormente dichas alegaciones.. El escrito se dirigirá  al órgano  que resolvió, el cuál lo remitirá al Tribunal junto con el expediente.

El órgano podrá convocar vista oral  convocando al contribuyente  para fundamentar sus alegaciones.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses, considerando desestimado este recurso transcurrido ese plazo.

Contra este recurso no caber recurso de alzada ordinario, debiendo acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Pero si se podrá recurrir a los recursos posteriores administrativos ya visto.

 III.- Procedimientos especiales de revisión (art. 216 LGT):

 

Dentro de los cuales se encuentran entre otros: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT). Este último procedimiento está hoy en pleno auge, dadas las últimas sentencias  emanadas de diferentes órganos administrativos o judiciales, que han venido a dar la razón a muchos recursos iniciados por el contribuyente, en lo referente a impuestos de índole tanto autonómico como de ámbito municipal, tales como: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal, I.B.I, etc ….

  Agotada el procedimiento administrativo, sólo nos queda acudir a la vía judicial con los siguientes medios:

Recurso contencioso-administrativo:

Cuando se pone fin a la vía económica-administrativa y no procede recurso de alzada ordinario, el contribuyente podrá acceder a este procedimiento judicial ante  el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma; o la Audiencia Nacional en caso de recurso proveniente del TEAC.

El plazo para interponer recurso será de 2 meses  desde que se notificó  resolución en vía administrativa.

En este procedimiento es necesario contar con letrado y procurador, con los consiguientes gastos en caso  no ser favorable la sentencia y tener que asumir las costas.

 

 

Recurso extraordinario de revisión.

 

Cuando el plazo para impugnar el acto ha transcurrido, sin interponer recurso, se dice que la sentencia adquiere  “firmeza”.

En este recurso, se trata de “repescar”, cuando no se hizo en los plazos ordinarios , por haberse dados circunstancias especiales , previstas en el art. 244 de L.G.T.:

 

  1. Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente, documentos o testimonios  falsos por sentencia  judicial firme  anterior o posterior a la resolución, sin ser conocida en el momento de dictar el acto.
  2. Que el acto hubiera sido dictado como consecuencia de prevariación, cohecho, violencia …
  3. Que aparezcan documentos de valor esencial  para la decisión del asunto  posteriores a la resolución anterior, o de imposible  aportación al tiempo de dictarse  los mismos y que evidenciaran el error cometido. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Valencia, de hace unos meses, donde echa por tierra una Orden del 2013 en cuanto al valor catastral de los inmuebles, sin tener en cuenta  las características individualizadas de los inmuebles: antigüedad, uso, estado de conservación, superficie, etc.….

Este recurso se interpondrá  en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos  desde que quedó firme la sentencia  judicial, y se presentará el recurso siempre ante el TEAC.

La duración de este procedimiento será de un año desde que se interpuso el recurso; transcurrido ese plazo, se entenderá desestimado; no obstante el contribuyente podrá presentar  si lo estima oportuno si no hay resolución expresa, recurso al contencioso-administrativo.

Y para finalizar y brevemente, las principales causas por las cuales podemos interponer una alegación o recurso son por su naturaleza:

 

1.- Por defectos  en la tramitación del procedimiento:

  1. a) por duplicidad en la revisión de un mismo hecho que ya finalizó con una liquidación provisional o definitiva.

2.- Por no conformidad en la calificación de los hechos que imputa la administración en el procedimiento.

3.-Por no conformidad en la norma a aplicar: bien por diferencias en la  interpretación  de la misma, bien por no ajustarse la misma al procedimiento abierto

4.-Por errores en la forma de valorar los hechos, bienes, productos o servicios: en relación con los datos proporcionados por la administración; así como errores de cálculo y métodos de estimación objetiva.

5.-Por errores numéricos, matemáticos  o de cálculo en el resultado de la liquidación

6.- No conformidad con liquidaciones de intereses de demora fuera de los plazos  que prevé la ley

7.- Por impugnación de un acta:

  1. a) por imputación de liquidaciones definitivas, en lugar de provisionales.
  2. b) por falta de motivación en los hechos que se revisan

8.-Por impugnación de las resoluciones económico-administrativas:

        a) falta de apreciación en los argumentos o pruebas presentadas

        b) por incompleta contestación a las cuestiones planteadas: “incongruencia

        c) por declarar incorrectamente la inadmisión del recurso.

9.- Por la prescripción de la deuda:

  1. a) antes del inicio de la comprobación
  2. b) paralización del procedimiento por más de 6 meses
  3. c) exceso de más de 1 año en el procedimiento de inspección
  4. d) suspensión en la reclamación económica-administrativa durante más de 4 años.

Espero que este contenido sea de vuestro interés, y quedo a vuestra disposición para aclarar y solventar las dudas o incidencias que os podáis encontrar en las comunicaciones o liquidaciones de la administración local, regional o central.

Saludos cordiales.

 

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