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LA CALIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 05/2014 DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

La presión fiscal que ejerce el IBI, resistente a las crisis económicas, cuya recaudación nunca ha bajado desde su creación, tiene una especial transcendencia e incidencia sobre otros tributos, como es por ejemplo el  Impuesto  sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal). Un impuesto que con los tiempos que corren, y después del boom inmobiliario, ha tenido un efecto perverso en la capacidad económica del contribuyente, encontrándonos con la paradoja de tener que tributar , aún cuando se han producido minusvalías en las transacciones sde compraventa, sucesiones/donaciones, etc… .

 

Pues bien, el T. Supremo ha dictaminado en una sentencia en interés de ley que para que un suelo urbanizable pague el IBI URBANO, ha de haber iniciado su desarrollo urbanístico; es decir, que exista un instrumento de planeamiento y de ordenación  ( Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle). Y en caso contrario la calificación que merece tal suelo sería la de naturaleza rústica, con unas consecuencias evidentes para los propietarios.

El litigio se originó cuando el Ayuntamiento de Badajoz decidió reclasificar varios terrenos rústicos y darles la consideración de urbanizables, con lo que sus propietarios vieron multiplicarse la cantidad a pagar por dicho impuesto pero sin posibilidad de desarrollar urbanísticamente los terrenos por no tener aprobado el Plan Parcial. La sentencia ha puesto de manifiesto que muchos propietarios que están en el mismo caso se han visto, y se ven, obligados injustamente a pagar el impuesto con un valor de suelo urbano, cuando el mismo es rústico.

Muchos contribuyentes afectados  han comenzado a actuar para que se les cobre por lo que se les tiene que cobrar (un bien rústico a efectos catastrales) y no por lo que se les  viene aplicando (un  I.B.I. Urbano).

Ante tal situación el Catastro ha adoptado una  única resolución tipo para  desestimar la avalancha de solicitudes que se le están presentando, cuyas alegaciones y razones que exponen como argumentos para la no aplicabilidad de dicha sentencia son:

 

1.-Extemporaneidad de la  de recalificación: la sentencia no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares, ni produce la anulación de los valores catastrales.

2.- Tampoco  la sentencia fija doctrina legal y, al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

3.-Además, la sentencia no tiene efectos directos respecto de ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo, ni tampoco respecto de los valores catastrales de los inmuebles calculados en su aplicación.

4.- Y por último alega que al tratarse de una única sentencia, no sienta jurisprudencia porque no hay reiteración en este tipo de resoluciones.

O sea, la Dirección General del Catastro Inmobiliario, no  considera  la naturaleza jurídica de los terrenos a efectos catastrales.

Parece claro que en los casos en que la ponencia catastral sea firme, como se está alegando, la Administración estaría obligada, en base a los argumentos del Tribunal Supremo, a su revisión de oficio, recalificando como rústico lo que en su día calificó como urbano. Pero la auto-tutela administrativa y los procesos juegan a su favor. Este es un caso que, a buen seguro, aumentará en buen número las reclamaciones económico-administrativas y los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El caso permite una reflexión colateral nada desdeñable. No es lo mismo una sentencia del Tribunal Supremo para el contribuyente que para la Administración. Una única sentencia alegada por el ciudadano, por muy claros y firmes que sean sus pronunciamientos, permite a la Administración alegar que, ante la falta de reiteración, la misma no sienta jurisprudencia. Sin embargo, en el caso contrario, una única sentencia favorable a las tesis administrativas permite a aquella, dado el principio de auto-tutela y ejecutividad de sus actos, basarse en ella para desestimar las pretensiones del contribuyente.

Esta sentencia sobre el IBI pone de manifiesto la escasa autoridad (en términos de efecto útil de sus pronunciamientos) que hoy tiene nuestro Tribunal Supremo y lo errado del reciente y enconado debate sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende, poniendo al recurso de casación en su sitio, establecer el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con el fin de que la misma no sea constantemente desdeñada y tengamos algo de seguridad jurídica. La sentencia comentada supone un fallo de amplio espectro y trascendencia jurídica y sería, sin duda, un claro ejemplo de jurisprudencia vinculante útil.

Y siendo la comentada una sentencia dictada en interés de la ley, se pone de manifiesto también la errónea regulación actual de dicho recurso que solo fija doctrina legal (vinculante) cuando la sentencia es estimatoria, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces quien recurre es la Administración, dada la limitación en cuanto a legitimación para recurrir. La sentencia favorece a los contribuyentes y, paradójicamente, no fija doctrina legal.

 

Tras esta sentencia, la Defensora del Pueblo, formuló una  Recomendación :

1.-“Modificar la vigente redacción del art. 7.2.b del R.Decreto Legislativo 1/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para acomodarlo al Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

2.-Modificar  la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real”.

 

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario afectará a miles de inmuebles , con importantes consecuencias tributarias, pues habrá que modificar las cuotas del IBI de aquellos terrenos que habían sido clasificados como urbanos, sin tener el Ayuntamiento competente, un instrumento de planeamiento urbanístico para calificar terrenos rústico /urbanizables a urbanos (según la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo).

Además, esta modificación  de valor catastral de dichos terrenos incide en otros impuestos , tanto estatales como IRPF, como en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal).

Un cordial saludo.-

Eugenio Gómez

PARA CUALQUIER CONSULTA:

info@reclamacionesyquejas.es

Tfno. Contacto: 619816916

 

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Acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la “Plusvalía Municipal”: Después de Guipúzcoa , le toca a Alava; y así, sucesivamente.

 

 

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El Tribunal Constitucional acaba de dictar sentencia en el mismo sentido que lo hizo el 17 de Febrero de 2017, sobre la minusvalías producida  en una compraventa en Vitoria, concurriendo la mismas circunstancias en el hecho imponible ; es decir , se demuestra que existe una minusvalía entre el valor de venta y el de compra sobre el terreno urbano transmitido, y por tanto no se produce un incremento del valor, previsto en el artículo foral del País Vasco , así como en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales.

Para cualquier consulta , les informamos que hemos decidido realizar:

Estudios gratuitos de viabilidad, para determinar las posibilidades de éxito de su caso y las vías de actuación. La documentación necesaria para ello se compone de:

  • Escrituras de Compra-Venta del Inmueble.
  • Escrituras de adjudicación de herencia o donación
  • Autoliquidaciones o liquidaciones practicadas durante los últimos 4 años.
  • Cualquier otro documento que acredite la titularidad del bien y el incremento del valor
  • Cualquier comunicación recibida de la Administración Pública al respecto

Me gustaría poder conocer los detalles de su caso personalmente, a efectos de poder asesorarle de manera más concreta, de este modo, si así lo desea, estoy a su disposición a través de esta dirección de correo electrónico info@reclamacionesyquejas.es  o en el teléfono: 619816916

Un cordial saludo.

Eugenio  Gómez-

 

 

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RECUPERA TU PLUSVALÍA MUNICIPAL!!!.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACERCA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA  URBANA:

ALGUNOS COMENTARIOS, EFECTOS Y CONSECUENCIAS.

 

 

La cuestión de inconstitucionalidad promovida en 2015 por el Juzgado nº 3  de Donostia, está basada en relación con los artículos 1.4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 sobre este impuesto, así como con los art. 104 y 107 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al tratarse de un impuesto local , deriva del recurso planteado por una sociedad mercantil de Guipúzcoa, la cual  vendió en 2014 un inmueble en Irún por valor de 600.000 euros y que había adquirido en Mayo de 2003 por importe de 3.101.222,45 euros, generando a la mercantil una pérdida patrimonial a efectos del Impuesto de Sociedades.

Pues bien, el ayuntamiento competente le giró una liquidación  por la denominada “plusvalía municipal“ de 17.899,44 euros.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, se plantea dicha cuestión de inconstitucionalidad por posible violación del art. 31.1 de la Constitución, motivado en un gravamen sobre un incremento de valor que no es real ni cierto, yendo no sólo contra el principio de CAPACIDAD ECONÓMICA , sino que podría devenir en CONFISCATORIEDAD  (art. 31 C.E. ) , así como en la limitación al DERECHO DE DEFENSA ( art.24 C.E. ).

El órgano judicial en su motivación de razones alega que la  disposición de la regulación del sistema tributario local  de régimen común sigue una estructura establecida,  respetando las normas de armonización que sean aplicables en la materia, razón por la cual, la regulación de los art.1 y 4 de la Norma Foral, se corresponde con la de los art. 104 y 107 de la LHL, en conexión con el art.7.4 de la Norma Foral y 110 LHL, respectivamente, “ … los cuales impiden cualquier prueba en contrario en la determinación de la base imponible del tributo, reduciéndose las posibilidades impugnatorias a “ la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto.”

Es decir se plantea determinar si al existir una regla objetiva en los preceptos citados para la valoración de una plusvalía, aun produciéndose realmente una MINUSVALÍA, son o no constitucionales.

El Tribunal Constitucional en unas de sus disertaciones  respecto al Pº de Capacidad Económica, distingue entre capacidad económica como “fundamento” de la tributación (“ de acuerdo con”) y la capacidad económica como “medida” del tributo (“ en función”), pues el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado que consagra el ar.31.1 de C.E. no puede llevarse a efecto de cualquier manera, sino única y exclusivamente “ de acuerdo con” la capacidad económica y, en el caso de los impuestos, también “en función de “ su capacidad económica. En efecto, el tributo es una prestación patrimonial coactiva que por imperativo dl art. 31.1 C.E., “sólo puede exigirse cuando existe capacidad económica y  en la medida- en función- de la capacidad económica.”

 

Y continúa:

“En definitiva, el tratamiento que los arts. 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 otorgan a los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

Tampoco salva la conclusión alcanzada por la abogada del Estado , en el sentido que los valores catastrales ( los que sirven de referencia para determinar el incremento del valor del terreno urbano ) , puedan ser objeto de una actualización, incluso a la baja, por aplicación de los coeficientes previstos en la Ley  de Presupuestos Generales- desde el ejercicio 2014  … “.

A diferencia de lo que venía sucediendo hasta el 2013, en el que se aplicaba un único coeficiente de actualización del valor catastral de los bienes inmuebles, posibilitando a los ayuntamientos, siempre que hubiesen puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron para determinar los valores catastrales vigentes, la posibilidad de actualizar estos valores, y siempre que hubiesen transcurrido al menos cinco años desde la entrada del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 

 ( … “Finalmente, debemos rechazar el argumento sostenido tanto las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa como la Abogada del Estado y la Fiscal General del Estado, de que sería posible efectuar un planteamiento alternativo a la conclusión de la inconstitucionalidad de la norma. Consideran que dado que el presupuesto que provoca el nacimiento de la obligación tributaria es la existencia de un incremento de valor del terreno de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento de la transmisión, cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible. De esta manera, a su juicio, los preceptos cuestionados admitirían una interpretación constitucional conforme a la cual, en aquellos supuestos en los que los que no se hubiese manifestado una plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición, no se habría devengado el tributo al no haberse realizado el presupuesto de hecho previsto en la ley para provocar el nacimiento de la obligación tributaria, siendo posible, a tal fin, promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria en orden a la acreditación de la inexistencia de ese incremento de valor “).

 

¡¡¡OJO!!!:  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  NO VALORA QUE EL CONTRIBUYENTE  TENGA QUE ACUDIR A UNA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA COMO MÉTODO DE CONFIRMACIÓN O CORRECIÓN DE LA PLUSVALÍA OBJETO DE GRAVAMEN (ES DECIR QUE HAYA QUE REALIZAR UNA TASACIÓN).

… Conforme a lo dicho, no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de “la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto” (art. 7.4 NFG).

Es cierto que el art. 104.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, prevé que “las presunciones establecidas por las normas tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que expresamente se prohíba por Norma Foral”. Pero en el caso analizado, como ya hemos tenido la oportunidad de señalar con anterioridad, estamos en presencia de una auténtica ficción jurídica conforme a la cual la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana genera, en todo caso, en su titular, al momento de su transmisión y al margen de las circunstancias reales de cada supuesto, un incremento de valor sometido a tributación, respecto del cual, la norma no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene”.

 

“ Antes de pronunciar el fallo al que conduce la presente Sentencia, debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual”.

 

“Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión”.

 

“En consecuencia, SE DECLARAN INCONSTITUCIONALES Y NULOS los artículos , del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana , únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”.

En definitiva, queda al arbitrio del legislador, a configuración de la normativa vigente, para acomodar las modificaciones oportunas  a la sentencia comentada, de manera que no sean sometidas “… a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal reconoce que en la aplicación de la “Plusvalía Municipal”,  NO se dan las circunstancias previstas en el art. 31.1 ( PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA).

Por lo que queda abierto todo el campo de actuación, solicitando todas aquellas liquidaciones giradas por tu Ayuntamiento y abonadas , durante estos últimos cuatro años en las cuales se han obtenido minusvalías”.

 

VER SENTENCIA DEL T. CONSTITUCIONAL EN EL ENLACE:

http://www.reclamacionesyquejas.es/sentecia-t-constitucional-sobre-plusvalia-municipal/

 

SALUDOS.-

Para cualquier consulta o aclaración de tu liquidación sin nigún compromiso:

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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES /RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN  LAS RECLAMACIONES/RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

La tutela efectiva del contribuyente es un derecho primordial, y en lo que se refiere a este capítulo, la ley general tributaria  pone al alcance los medios para salvaguardarse  de resoluciones lesivas para  nuestros intereses.

Conviene tener en cuenta algunos aspectos en el inicio de cualquier alegación antes de proceder al recurso de reposición o reclamación económica-administrativa:

Siempre que se reciba una propuesta de liquidación, conviene revisarla detenidamente, y  si consideramos que hay motivos de oposición  sobre los hechos o formas en el procedimiento que se revisa, se debe presentar alegaciones  en un plazo entre los 10 o15 días  hábiles (potestativo del órgano, a partir de la notificación del mismo.

En el caso de que la propuesta de liquidación  se convierta en liquidación provisional o definitiva (esto es, después del trámite de alegaciones), resultará la deuda tributaria.

Esta podrá ser impugnada, por uno de los medios indicados anteriormente, pero el hecho de recurrirla, no implica la obligación de NO pagar, salvo  que exista una suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido:

1.-Suspensión de la ejecución en Recurso de Reposición:

            Requisitos previos:

  1. a) haber recurrido la liquidación y prestar garantía suficiente para la cobertura del saldo de la deuda e intereses de demora
  2. b) cuando se aprecie que en el acto recurrido, existen errores aritméticos, de hecho o materiales , apreciados por la administración.

2.-Suspensión de la ejecución en reclamación económica-administrativa:

            Para que la solicitud sea admitida, se deberá acompañar de documento acreditativo de garantía como en el apartado a) anterior. Y si se hubiere obtenido en el recurso anterior, se hará mención expresa

En caso que el contribuyente no contase con garantías suficientes, como puede ser garantía hipotecaria o mobiliaria prenda con/sin desplazamiento, derechos de crédito, el órgano competente puede conceder la suspensión de la deuda, verificando la solvencia  y suficiencia de las garantías aportadas. Al escrito de solicitud de suspensión, se acompañará algún tipo de  certificado o carta  bancaria, relativa a la falta de capacidad patrimonial del contribuyente que sirviese como garantía de la deuda tributaria.

3.- Suspensión  con dispensa parcial o total de  garantías.

 Brevemente, a lo anterior habría que añadir la circunstancia que  el acto impugnado tuviera como consecuencia  daños al recurrente de imposible o muy difícil reparación.

Asimismo, siempre que se aprecien  errores en cálculo, de hecho o aritméticos en el acto recurrido.

En cualquier caso, siempre que la suspensión se solicite al Tribunal  en escrito aparte, se ha de remitir una copia  de dicha solicitud al órgano competente de recaudación  a los efectos de la suspensión cautelar

La Ley General Tributaria  contempla  tres medios o cauces para la revisión de las actuaciones en cualquier procedimiento : verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores e inspeccion :

I.- Recurso de reposición:

 Previo al recurso económico-administrativo. Aconsejable cuando se trata de errores de cálculo o interpretación incorrecta. No se podrá acudir al TEAR, hasta haber agotado esta vía.

El plazo para interponer recurso es de un mes natural, contado a partir del día de notificación.

II.- Reclamación económica-administrativa ante el TEAR (TribunalEconómicoAdministrativo Regional) o Tribunal Económico-administrativo Municipal,si así procediera:

 Bien directamente o una vez agotada la vía anterior.

Aconsejable para casos más complejos, donde la Administración ya haya manifestado su disconformidad, cuando se invoque jurisprudencia o bien cuando se solicite dispensa parcial o total a través de solicitud de suspensión de deuda tributaria.

El escrito de interposición se presentará en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel  en que se considere rechazado el recurso de reposición, por haber transcurrido sin resolución expresa el plazo máximo de un mes.

Con la resolución en esta instancia, se pone fin al procedimiento administrativo, con dos salvedades que a continuación se señalan, teniendo en cuenta que  la duración máxima para resolver el expediente  por parte del tribunal será de  1 año  desde la interposición. Transcurrido ese período, sin haber recibido contestación, se entenderá desestimada, a efectos de interponer nuevo recurso.

Contra la resolución de la reclamación caben dos recursos “excepcionales” por su propia naturaleza:

Recurso de anulación:

Con el fin de subsanar defectos de la propia resolución del TEAR, y previo al Recurso de Alzada ordinario o al contencioso-administrativo. El plazo es de 15 días, a partir de la notificación de la resolución del Tribunal, y será recurrible sobre las siguientes causas:

1.- Cuando el tribunal no haya contestado  de forma manifiesta  en su resolución  a las cuestiones planteadas por el contribuyente.

2.-Cuando se hayan declarado inexistentes  las alegaciones o pruebas presentadas en forma y tiempo.

3.-Cuando la reclamación sea contemplada  inadmisible de forma incorrecta por el tribunal.

Transcurrido 1 mes el tribunal resolverá y en caso de silencio administrativo positivo, se entenderá desestimado, pudiendo el contribuyente iniciar el Recurso de Alzada.

Recurso de Alzada ordinario:

Se iniciará  contra las resoluciones  dictadas en primera instancia por los tribunales económicos-administrativos ante el Tribunal Económico Central en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la notificación  o de la presunta desestimación por el transcurso máximo del plazo establecido; esto es,  un año. A partir  de este momento, el contribuyente puede entender desestimada el recurso  o esperar a la resolución expresamente.

Este recurso se dirigirá  al propio Tribunal que hubiera dictado la resolución anterior, aportando las alegaciones anteriores, y únicamente serán admisibles, aquellas que no

hubieran sido admitidas en el procedimiento anterior.

Es decir, en este nivel lo que se dirime, no es el acto administrativo en sí, sino que la resolución del órgano que ha resuelto ha sido incorrecta.

Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

 Cuando no proceda  el recurso de alzada  contra la resolución del TEAR ( por ser el acto firme en vía administrativa ), la administración podrá interponer  este recurso, cuando estimen lesivas las resoluciones emanadas por el TEAC ( Tribunal económico central )

Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

Similar al anterior, el TEAC resolverá a través de su sala especial en el plazo de 6 meses, el recurso interpuesto por la administración  para establecer una doctrina a futuro.

 

Procedimiento  abreviado ante Organos Unipersonales.

 En esta vía  económica-administrativa, se pretende ser más rápido cuando se presenten las siguientes reclamaciones:

1.- Falta o defecto de notificación

2.-Insuficiencia o falta de motivación  del acto.

3.- Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 € o la base o valoración sea inferior a 72.000 € (art. 64 Reglamento de Revisión)

4.- Cuando se reclamen cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

En todos estos casos, se resolverán en única instancia por los TEAR, mediante los órganos unipersonales que se determinen por el Reglamento.

En este procedimiento, además de la información requerida,  es importante formular las alegaciones  y pruebas conducentes a su estimación, ya que no hay trámite posterior para realizar posteriormente dichas alegaciones.. El escrito se dirigirá  al órgano  que resolvió, el cuál lo remitirá al Tribunal junto con el expediente.

El órgano podrá convocar vista oral  convocando al contribuyente  para fundamentar sus alegaciones.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses, considerando desestimado este recurso transcurrido ese plazo.

Contra este recurso no caber recurso de alzada ordinario, debiendo acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Pero si se podrá recurrir a los recursos posteriores administrativos ya visto.

 III.- Procedimientos especiales de revisión (art. 216 LGT):

 

Dentro de los cuales se encuentran entre otros: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT). Este último procedimiento está hoy en pleno auge, dadas las últimas sentencias  emanadas de diferentes órganos administrativos o judiciales, que han venido a dar la razón a muchos recursos iniciados por el contribuyente, en lo referente a impuestos de índole tanto autonómico como de ámbito municipal, tales como: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal, I.B.I, etc ….

  Agotada el procedimiento administrativo, sólo nos queda acudir a la vía judicial con los siguientes medios:

Recurso contencioso-administrativo:

Cuando se pone fin a la vía económica-administrativa y no procede recurso de alzada ordinario, el contribuyente podrá acceder a este procedimiento judicial ante  el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma; o la Audiencia Nacional en caso de recurso proveniente del TEAC.

El plazo para interponer recurso será de 2 meses  desde que se notificó  resolución en vía administrativa.

En este procedimiento es necesario contar con letrado y procurador, con los consiguientes gastos en caso  no ser favorable la sentencia y tener que asumir las costas.

 

 

Recurso extraordinario de revisión.

 

Cuando el plazo para impugnar el acto ha transcurrido, sin interponer recurso, se dice que la sentencia adquiere  “firmeza”.

En este recurso, se trata de “repescar”, cuando no se hizo en los plazos ordinarios , por haberse dados circunstancias especiales , previstas en el art. 244 de L.G.T.:

 

  1. Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente, documentos o testimonios  falsos por sentencia  judicial firme  anterior o posterior a la resolución, sin ser conocida en el momento de dictar el acto.
  2. Que el acto hubiera sido dictado como consecuencia de prevariación, cohecho, violencia …
  3. Que aparezcan documentos de valor esencial  para la decisión del asunto  posteriores a la resolución anterior, o de imposible  aportación al tiempo de dictarse  los mismos y que evidenciaran el error cometido. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Valencia, de hace unos meses, donde echa por tierra una Orden del 2013 en cuanto al valor catastral de los inmuebles, sin tener en cuenta  las características individualizadas de los inmuebles: antigüedad, uso, estado de conservación, superficie, etc.….

Este recurso se interpondrá  en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos  desde que quedó firme la sentencia  judicial, y se presentará el recurso siempre ante el TEAC.

La duración de este procedimiento será de un año desde que se interpuso el recurso; transcurrido ese plazo, se entenderá desestimado; no obstante el contribuyente podrá presentar  si lo estima oportuno si no hay resolución expresa, recurso al contencioso-administrativo.

Y para finalizar y brevemente, las principales causas por las cuales podemos interponer una alegación o recurso son por su naturaleza:

 

1.- Por defectos  en la tramitación del procedimiento:

  1. a) por duplicidad en la revisión de un mismo hecho que ya finalizó con una liquidación provisional o definitiva.

2.- Por no conformidad en la calificación de los hechos que imputa la administración en el procedimiento.

3.-Por no conformidad en la norma a aplicar: bien por diferencias en la  interpretación  de la misma, bien por no ajustarse la misma al procedimiento abierto

4.-Por errores en la forma de valorar los hechos, bienes, productos o servicios: en relación con los datos proporcionados por la administración; así como errores de cálculo y métodos de estimación objetiva.

5.-Por errores numéricos, matemáticos  o de cálculo en el resultado de la liquidación

6.- No conformidad con liquidaciones de intereses de demora fuera de los plazos  que prevé la ley

7.- Por impugnación de un acta:

  1. a) por imputación de liquidaciones definitivas, en lugar de provisionales.
  2. b) por falta de motivación en los hechos que se revisan

8.-Por impugnación de las resoluciones económico-administrativas:

        a) falta de apreciación en los argumentos o pruebas presentadas

        b) por incompleta contestación a las cuestiones planteadas: “incongruencia

        c) por declarar incorrectamente la inadmisión del recurso.

9.- Por la prescripción de la deuda:

  1. a) antes del inicio de la comprobación
  2. b) paralización del procedimiento por más de 6 meses
  3. c) exceso de más de 1 año en el procedimiento de inspección
  4. d) suspensión en la reclamación económica-administrativa durante más de 4 años.

Espero que este contenido sea de vuestro interés, y quedo a vuestra disposición para aclarar y solventar las dudas o incidencias que os podáis encontrar en las comunicaciones o liquidaciones de la administración local, regional o central.

Saludos cordiales.

 

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Sentencia Tribunal Supremo 2159/2014: EL I.B.I. en suelos urbanizables

He aquí una resolución donde se dirime la naturaleza de lo que se considera un terreno urbano o rústico en función del planeamiento urbanístico  que tenga el Municipio o del instrumento urbanístico  para su desarrollo. Y de ahí  la no sujeción para determinados terrenos considerados injustamente como urbanos en impuestos como el IBI  y  probablemte  en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos ( I.I.V.T.N.U.),llamado coloquialmente como Plusvalía Municipal, pues no en vano tiene su fundamento en el IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, a efectos de valor catastral del suelo urbano.

Y si no es considerado un suelo urbano , tampoco sería de aplicación este tributo.

Descarga sentencia: SENTENCIA-T. SUPREMO 2159/2014 -I.B.I.

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PONENCIA DE VALORES CATASTRALES: REALIDAD O FANTASÍA.

  1. casa

 

LA PONENCIA DE VALORES: PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN  COLECTIVA DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA:

¿REVISIÓN DE VALORES CATASTRALES RESPECTO A PRECIOS DE MERCADO ????.

UNA FANTASÍA PARA EL CONTRIBUYENTE.

 

En el capítulo V- Valoración- del Real  Decreto Legislativo 1/2004 de 05 de Marzo , por el que se aprueba  el texto refundido de la Ley del Catastro  Inmobiliario, en sus artículos del 22 al 24 , se describe tanto como se obtiene el valor catastral , así como los criterios y límites .

Entre otros aspectos o factores que se tienen en cuenta a efectos de computar el valor del inmueble  se contempla:

 

1.- La localización del inmueble, las circunstancias que afectan al suelo y su aptitud para la producción.

2.-Costes  de ejecución material de las construcciones, beneficios de contrata, …, el uso, la calidad, antigüedad del inmueble y otras características especiales si así se determinan como tales.

3.-Gastos de la producción  y beneficios de la actividad empresarial de promoción.

4.-Las circunstancias y valores del mercado.

5-Cualquier otro factor que  reglamentariamente se determine.

Y en el art. 23.2, literalmente dice así:

El valor catastral  de los inmuebles no podrá  superar el valor de mercado , entendido por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará , mediante orden del Ministro de Hacienda , un coeficiente de referencia de mercado para los bienes de una misma clase.

En el  art. 24, titulado “Determinación del valor catastral”  éste se determinará a través de la correspondiente Ponencia de valores, bien a través del Procedimiento de  Valoración Colectiva General, Parcial o Simplificada.

La ponencia de valores es un instrumento administrativo por el cual se establecen  los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para  determinar el valor catastral. En la misma ponencia, se incluyen, todos los elementos necesarios, que por modificación del planeamiento urbanístico, adquieran la clase a que se refiera dicha ponencia con posterioridad a su aprobación, estableciendo  las bandas de valores, en función de tipologías, usos, aprovechamientos urbanísticos y grados de desarrollo del planeamiento.

Después de todo el “ boom inmobiliario”, donde los precios de las viviendas, solares , y en fin, cualquier inmueble, ha experimentado un alza espectacular hasta aproximadamente el 2008, los municipios/autonomías, a través de las diferentes exacciones, no han parado de recaudar dichos impuestos , sobre unas bases imponibles lejos de toda realidad económica y urbanística.

En su  artículo 28, el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, señala los procedimientos para determinar la valoración catastral, tanto de los bienes inmuebles urbanos como rústicos.

Es curioso que si bien indica la ley que estas revisiones se podrán realizar bien de oficio, bien  a instancia del Ayuntamiento  correspondiente,  cuando respecto ( sic ): “a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales  entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales  vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación  en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias”, la ADMINISTRACIÓN  ha girado la cabeza y ha hecho “oídos sordos”a la situación tan compleja que los contribuyentes de a pie estamos atravesando.

Y aunque la ley establece en el art. 28.3 apartado a): “ … que la revisión de la ponencia de valores sólo podrá iniciarse transcurridos 5 años  desde la entrada en vigor de los valores derivados del anterior procedimiento … “, señala de forma meridiana , que  en todo caso se iniciará a partir de los 10 años  desde dicha fecha.

En resumen, nos encontramos con municipios donde las última revisiones de valores catastrales que realizaron muchos ayuntamientos a través del Catastro, se aplicaron en la banda de años  más elevada ( años 2000-2008 ), en cuanto a precios por metro cuadrado dentro del sector inmobiliario.

También tenemos ayuntamientos, donde la ponencia de valores tiene más de 10 años de antigüedad, y que por temor a tener que actualizar a la baja los valores catastrales a los precios actuales de mercado, los ayuntamientos  “ no mueven ficha”.

Y en fin, también hay ayuntamientos, que han calificado como suelos urbanos , suelos rústicos, que por no tener un instrumento urbanístico de desarrollo, no pueden ser calificados como tales, con el consiguiente agravio , pues el contribuyente  ha de pagar Plusvalía , IBI, etc …, con carácter de suelo urbano , con la consiguiente valoración catastral ( ver sentencia del T.S.J. Cataluña ).

Afortunadamente,  cada día  nos vamos encontrando con  sentencias en esta materia a favor del contribuyente, por lo que tenemos un camino abierto por recorrer en esto frentes, que de manera somera he intentado exponer.

A vuestra disposición,

Un saludo.

info@reclamacionesyquejas.es

Tfno.:984841084

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EXENCIÓN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL EN LA DACION EN PAGO

Sin título

RECUPERA TU IMPUESTO INDEBIDO CON LA DACIÓN EN PAGO SOBRE TU VIVIENDA

Así es.

Con efectos de 01 de Enero de 2014 y para todos los hechos imponibles anteriores susceptibles de este tipo de operaciones, ha sido aprobado la exención en el I.I.V.T.N.U. (Plusvalía Municipal) que se realicen como consecuencia, entre otras, en la siguiente situación:

En relación con la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de las deudas financieras que recaen sobre esa vivienda.

Por lo tanto, aquellos gastos derivados en el PAGO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL, efectuados antes o a partir del 01 de enero de 2014, realizadas por deudores hipotecarios de vivienda habitual, en el ámbito del artículo 2 del R.D. Ley 6/2012, quedarán exentas con ocasión de la dación en pago de su vivienda.

Es muy importante considerar el plazo de prescripción de cuatro años desde la fecha de transmisión del inmueble, con el consiguiente derecho a la devolución del contribuyente para todas aquellas operaciones que se hayan formalizado en ese plazo, pudiendo solicitar el reembolso íntegro del impuesto de PLUSVALÍA devengado.

Nota: La concurrencia de todos los requisitos, vivienda habitual y unidad familiar, se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria municipal.

La figura de la dación en pago está contemplada dentro del Código de Buenas Prácticas Bancarias, en el que prácticamente la totalidad de las principales entidades financieras se han adherido.

Este código fue desarrollado en el Real Decreto-Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, y su vez modificado en el Anexo de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Quedamos en espera de tu consulta. Y os animamos a recuperar TODO lo abonado indebidamente.

Un saludo.

Email: info@reclamacionesyquejas.es
www.reclamacionesyquejas.es

 

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LEY 13/2015: Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario

Ministerio de Hacienda sede electronica catastro 280x160

Con esta ley, en el artículo 7.2 del  T.R.L.C.I.,  el Gobierno de España,  en representación del Estado :

“Acomoda” la situación urbanística y económica actual, como consecuencia de  los cambios y transformaciones  que se han producido en estos últimos años de “boom inmobiliario”, donde las clasificaciones urbanísticas se concedían  por las entidades locales,o sea, por nuestros Ayuntamientos, gravando terrenos que “vendían o transmitían”, como bienes  inmuebles urbanos, cuando realmente no había un desarrollo para aquellos,es decir, tienen la consideración de RÚSTICOS con el consiguiente beneficio para sus arcas municipales, y el menoscabo para nosotros, contribuyentes que tenemos que declarar tanto en el IBI como en la PLUSVALÍA, valores que ha reconocido el TRIBUNAL SUPREMO en sentencia de 30  de Mayo de 2014.

SENTENCIA TS 05/14: SUELO URBANIZABLE

 

Para cualquier aclaración/reclamación o consulta,

Estamos en:

info@reclamacionestributarias.es

 

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Sentencia Jdo. Contencioso-Administrativo nº1 Cuenca

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
CUENCA
SENTENCIA: 00366/2010
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
CUENCA
01610
C/ COLON, 57 – 3ºPLANTA
Número de Identificación Único: 16078 45 3 2010 0100034
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000037 /2010
Sobre ADMINISTRACION LOCAL
De D/ña. Gregorio
Procurador Sr./a. D./Dña. JOSE OLMEDILLA MARTINEZ
Contra D/ña. EXCMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA
Procurador Sr./a. D./Dña. MARIA ANGELES HERNANDEZ MARTINEZ
SENTENCIA Nº 366/10
En CUENCA, a veintiuno de Septiembre de dos mil diez
Vistos por el Ilmo. Sr. D. JUAN ALBERTO PRIETO JIMENEZ, Magistrado-Juez de lo Contencioso-
Administrativo nº 001 de CUENCA, los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 37 /2010
instados por D. Gregorio , representado por el Procurador D. JOSE OLMEDILLA MARTINEZ y defendido por
el Letrado D. CARLOS TOBÍAS RODRÍGUEZ siendo demandado EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA,
representado por la Procuradora Dª MARIA ANGELES HERNANDEZ MARTINEZ y defendido por el Letrado
D. LUIS FELIPE VALERO GARCÍA, sobre TRIBUTOS.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte actora interpuso ante este Juzgado en fecha 25-1-10, recurso contenciosoadministrativo
contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Municipal de Cuenca de fecha
15-10-09, sobre liquidación complementaria del IMIVTNU, ejercicio 2005, formalizando demanda en fecha
30-3-10, en la que terminaba suplicando la anulación de la resolución impugnada,
SEGUNDO.- El Letrado del Ayuntamiento, a quien se dio el oportuno traslado, la contestó oponiéndose
y tras alegar hechos y fundamentación jurídica aplicable terminó suplicando al Juzgado dicte sentencia por la
que se declare ser ajustada a derecho la deuda tributaria reclamada, desestimando la demanda de adverso
en todos sus pedimentos. Declare la obligación total del pago de la deuda a fecha de su completo pago sea
cual fuere en ese momento la misma.
2
TERCERO.- Mediante Auto de fecha 17-5-10 se fijó la cuantía del presente recurso como indeterminada.
CUARTO.- Se recibió el recurso a prueba proponiéndose por ambas partes la que consta en autos y que
fue practicada con el resultado que igualmente consta en los respectivos ramos que fueron unidos a los autos,
y tras evacuar el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y a la vista para dictar sentencia.
QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente supuesto, la resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal de Cuenca de fecha 15-10-09, por la que se confirma la liquidación complementaria
del Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ejercicio 2005,
practicada por el Ayuntamiento de Cuenca por el que se le reclama una deuda tributaria adicional de 18.077,79
euros.
SEGUNDO.- Varios son los motivos de impugnación que articula la parte actora en el presente caso,
en primer lugar, la nulidad de pleno derecho de la notificación de la liquidación complementaria llevada
a efecto en fecha 23-3- 09, dado que el recurrente no ha realizado ningún hecho imponible durante el
ejercicio 2009, alegación que habrá de ser rechazada, por cuanto más allá de los datos consignados en la
misma y que critica la parte actora, lo cierto es que tal y como deriva de la documentación obrante en las
actuaciones, y así se refleja en el informe de la Jefa del Servicio de fecha 4-9-09, el interesado ha tenido
conocimiento en todo momento de las liquidaciones giradas a tal respecto, tal como deriva del contenido de
los recursos de reposición formulados a tal respecto, no pudiendo olvidar, que no sólo la liquidación que se
indica notificada a la parte actora el 16-3-05 es la misma girada por el Ayuntamiento a tal efecto, sino también
el Decreto de fecha 15-2-05, donde se expresan las razones que llevan al Ayuntamiento a practicar una
liquidación complementaria, conociendo el actor perfectamente el alcance de dicha actuación, siendo así que
la liquidación notificada al actor en fecha 23-3-09, no es sino una reiteración de dicha liquidación anterior de
la cual tiene perfecto conocimiento la parte actora, mediante la interposición de los correspondientes recursos
de reposición, y desde esta perspectiva, ningún motivo hay para predicar la nulidad pretendida por la parte
actora de dicha liquidación, que por lo expuesto habrá de ser considerada eficaz, al considerar que la parte
actora ha tenido conocimiento en todo momento de su alcance, a la vista de todas las actuaciones obrantes
en el expediente administrativo, sin indefensión efectiva para la misma.
TERCERO.- Otro motivo de impugnación aducido por la parte actora es la prescripción de la deuda
tributaria liquidada en 2005, pues bien, a este respecto este Juzgador debe acoger el planteamiento de la
Administración demandada, por cuanto de acuerdo a lo dispuesto en el art. 67.1.b) LGT , el cómputo del
plazo de prescripción de 4 años del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas, comienza desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo de pago en período voluntario,
plazo que se contempla en el art. 62.2.b) LGT , cuando refiere que si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, dicho plazo será desde la fecha de recepción de la notificación hasta el
día 5 del segundo mes posterior, por lo que de acuerdo a lo expuesto, el plazo de pago en período voluntario
finalizaría el día 5-5-05, debiendo computar desde dicha fecha el plazo de prescripción de 4 años, y dado que
el pago de la deuda contenida en la liquidación impugnada fue exigido nuevamente por dicha Administración
mediante documento notificado a la parte actora el 23-3-09, hay que entender no prescrito el derecho de
la Administración para exigir el pago de la deuda tributaria que nos ocupa, por más que en la liquidación
complementaria de fecha 14-2-05 (notificada el 16-3-05, según expediente; en fecha 20-2-05, según alega
la parte actora) se fijase como plazo voluntario de pago hasta el 20 de Marzo siguiente, por cuanto hay que
estar a lo establecido, en concreto, en los art. 66.b ) y 67.1.b) LGT , a los efectos de determinar el plazo de
prescripción, siendo así que en todo caso el mismo no se superaría, ya se considerase la fecha de notificación
el 20- 2-05 ( en cuyo caso finalizaría el 5-4-05), o la de 16-3-05 ( en cuyo caso sería el 5-5-05), en todo caso
con posterioridad a la notificación del requerimiento de pago en fecha 23- 3-09, esto es, antes del transcurso
del plazo de 4 años de prescripción.
CUARTO.- Por lo que se refiere al otro motivo de impugnación, la fórmula de cálculo, en este aspecto
sí que hay que dar la razón a la parte actor, por cuanto la misma, en base a los informes matemáticos
que acompaña con sus escritos de recursos de reposición presentados en vía administrativa, sí que ofrece
argumentos lógicos y coherentes para entender que la fórmula aplicada por el mismo, y que ha determinado
el resultado de la autoliquidación practicada por el recurrente, tal como el mismo refiere en su escrito de
demanda, esto es, plusvalía = valor final x nº de años x coeficiente de incremento / 1+ ( número de años x
coeficiente de incremento), se ofrece como correcta, en base a las explicaciones contenidas en el escrito de
3
demanda, a los efectos de gravar de manera correcta la plusvalía generada durante el período de tenencia
del bien, tal como se aplica gráficamente en dicho
escrito de demanda, partiendo de un valor de suelo de 100 euros, y las diferencias de aplicar una u
otra fórmula, 54 de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, 35,06 de aplicar la formula de la parte actora, pues
de aplicar la fórmula del Ayuntamiento, lo que se estaría calculando sería el incremento de valor del suelo en
años sucesivos y no en años pasados, al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo, y desde esta
perspectiva, por tanto, aplicando dicha formula, a su resultado habrá que estar declarando nula la liquidación
complementaria practicada y, por tanto, la resolución impugnada.
QUINTO.- No se aprecian circunstancias excepcionales que justifiquen una expresa imposición de las
costas ocasionadas ( art 139 LJCA )
F A L L O
Que estimando parcialmente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Gregorio , contra
la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Cuenca de fecha 15-10-09, debo declarar y
declaro la nulidad de la resolución impugnada, dejando sin efecto la liquidación complementaria practicada,
estando al resultado derivado de la fórmula matemática establecida en el FD 4º de la presente resolución, con
rechazo de los motivos de impugnación articulados por dicha parte actora, de nulidad de la notificación de la
liquidación complementaria y prescripción de la deuda tributaria; todo ello sin costas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el
término de QUINCE DIAS, debiendo constituir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
abierta en Banesto, Oficina Principal de Cuenca, depósito por importe de 50 euros, que se realizará por el
recurrente mediante ingreso haciendo constar los siguientes dígitos 1622-0000- 0037/2010, especificando
en el campo concepto que se trata de recurso de apelación, reseñando el código 22. Si se hace mediante
transferencia bancaria el código 22 se consignará a continuación de los 16 dígitos anteriormente indicados. El
Ministerio Fiscal, El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
quedarán exentos de constituir el depósito referido. ( Disposición Adicional Decimoquinta L.O. 1/2009 de 3 de
noviembre ). Al interponerse el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito para
recurrir mediante la presentación de copia del resguardo u orden de depósito.
Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- En CUENCA a 21 de septiembre de 2010 . Leída y publicada en el día de la fecha ha
sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la dictó, en audiencia pública. Doy fe.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe

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