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LA APLICABILIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL (I.I.V.T.N.U.): EFECTOS Y CONSECUENCIAS PARA EL CONTRIBUYENTE. O DE CÓMO LA ADMINISTRACIÓN LOCAL RECAUDA SOBRE CAPACIDADES ECONÓMICAS FICTICIAS.

 

 

 

 

 

La plusvalía municipal , popularmente conocida, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), , es un tributo que “pretende” gravar el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana durante un período al que ha pertenecido al transmitente.

Básicamente, son los artículos del 104-110 del R. Decreto Legislativo 02/2004 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), donde se encuentra recogido su régimen; a saber:

Hecho imponible, base imponible, sujeto pasivo, el marco legal para las ordenanzas fiscales municipales, parámetros para el cómputo del cálculo de la base imponible, tipo de gravamen, así como ciertas reglas relativas a la gestión tributaria de dicha exacción.

Así, en el artículo 104 nos habla del hecho imponible: como incremento del valor del inmueble producido durante “X” años; y en el artículo 107 define la base imponible como valor obtenido de aplicar un coeficiente sobre el valor catastral, incrementado proporcionalmente a los años de tenencia, con un máximo de 20 años.

Una vez expuesto de forma sucinta, las principales componentes del impuesto, cabe preguntarse ciertas reflexiones y algunas preguntas:

De la lectura conjunta de los art. 104 y 107 de L.H.L., se plantea una “dicotomía funcional”:

Por un lado en el art. 104 se nos habla de que es un tributo directo que grava un enriquecimiento real, indicando que constituye el hecho objeto de gravamen, el incremento del valor que experimenten dichos terrenos.

Y en el art. 107 se puede interpretar como un tributo indirecto, al no establecer una relación con la supuesta riqueza obtenida con independencia del valor real a efectos de mercado en el que se haya transmitido el inmueble. A continuación se fijan los porcentajes anuales que cada ayuntamiento puede aplicar en función de los años a efectos del devengo, siendo los primeros 5 años hasta un 3,7%, hasta llegar a los 20 años con un 3% anual. Y continúa diciendo: “ … el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno será el resultante de multiplicar el porcentaje anual en cada caso concreto por el número de años de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.”

Una vez calculada la base imponible, los ayuntamientos podrán girar la misma un tipo de gravamen de hasta un 30%, obteniendo así la cuota resultante a liquidar.

 

Y unas preguntas :

¿El legislador a la hora de establecer esta exacción, contemplaba el hecho de que el valor del terreno transmitido – como consecuencia de la crisis inmobiliaria sufrida por miles de ciudadanos- tomado como valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fuera inferior al valor de adquisición del inmueble objeto del impuesto?

Si el art. 104 grava el incremento que experimente el terreno en el transcurso de un tiempo, y su valor real objetivable ,resulta ser inferior al valor de adquisición, ¿no estaríamos en la hipótesis de inexistencia de incremento del valor real, y por ende no habría hecho imponible de aplicación al impuesto?.

Pues bien, si ya existía jurisprudencia, como la Sentencia del T.S.J de Navarra 1501/2000 y la del T. Supremo del 09/1995, donde ya se prefigura la exigencia de un incremento patrimonial, como elemento imprescindible para el cálculo de la base imponible de la plusvalía (como su propio nombre indica), es a raíz de la Sentencia del T.S.J. de Cataluña 805/2013 y la de 22/03/2012 (3120/2012) , donde se alega dar primacía al art. 104 sobre el 107; es decir: “…si se acreditase la inexistencia de incremento del terreno en el período impositivo no tendrá lugar el hecho imponible…”. En dicha sentencia se hace alusión a la base imponible del IBI, constituida por el valor catastral y que sirve de base para el cálculo de la plusvalía ( art. 107.2 LHL ).

Argumenta el Tribunal que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien a partir de los datos del Catastro Inmobiliario, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el art. 23.1 de dicha ley, pero añadiendo el art. 23.2: “ el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse …”.

Y sigue disertando: “ … el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana constituye el elemento del hecho imponible … .” Y continúa:

En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

Y en otro momento de la sentencia – atención a la disertación – añade: “… no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que si impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.

Concluyendo en esta sentencia que las normas legales establecen una únicamente una presunción iuris tantum, susceptible de quedar desvirtuada, mediante prueba adecuada y suficiente a cargo del obligado tributario y de acuerdo con el art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cabe destacar, por la interpretación en el cálculo de la plusvalía, la sentencia del T.S.J. de Castilla- La Mancha, al interpretar que la fórmula aplicable por el recurrente ( método de capitalización de descuento simple ), en la base imponible se ajusta de una forma más homogénea y proporcionada, de manera que se actualiza el valor catastral de transmisión al valor en el que se originó la transmisión:

PLUSVALÍA= V.CATASTRAL ACTUAL x Nº AÑOS X % COEF. / 1 + ( Nº AÑOS X % COEF.)

Las diferencias en los importes entre el cálculo según prevé la LRHL y esta “innovadora fórmula para este impuesto” : es muy considerable. Veamos un ejemplo:

VALOR CATASTRAL ACTUAL :150.000 €

Nº AÑOS ( desde adquisición hasta transmisión ): 18 años

COEFICIENTE MUNICIPAL: 3%

Según la LRHL:

B.IMPONIBLE: 150.000 € x 3% x 18 = 81.000 €

Según sentencia :

B.IMPONIBLE= 150.000 x 3% x 18 / 1 + ( 18 x 3% ) = 52.597,40 €

 

O SEA, SEGÚN LA FÓRMULA TRADICIONAL NOS COBRARÍAN UN 54% MÁS ¡!!!!!!!!

Y por si todo esto no fuera cosa menor, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Donostia, ha dictado Auto, en el que se plantea Cuestión de Inconstitucionalidad de los art. 104,107 y 110 de la LRHL:

1.- Por vulneración del Principio de Capacidad Económica contemplado en el art. 31 de nuestra Constitución (por desvinculación real del sujeto pasivo).

2.-Por si la regla de valoración legal establecida permite o no prueba en contrario que permita en vía de alegaciones o recurso administrativo o contencioso-administrativo, lo que afectaría además al art. 24 de la Constitución. A tal efecto señala el auto:

“El tributo no somete a tributación una plusvalía real , sino una plusvalía cuantificada   de forma objetiva, de modo que la base imponible determinada conforme al art. 107 de la LRLH, no admite prueba en contrario y el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que pueda atribuirse valores, cuotas o bases diferentes de tales normas … por lo que cabe señalar que lo que la legislación somete a gravamen no son capacidades económicas reales o potenciales sino ficticias que no pueden ser objeto de prueba en contra ( bien mediante un sistema de capitalización con un método de descuento simple o con una tasación pericial contradictoria u otro afín según el art.57.2 de la Ley General Tributaria”.

En resumen, nos encontramos con la aplicación de un impuesto que grava una situación económica a futuro, sin tener en cuenta la valoración actual del terreno urbano objeto de transmisión.

Desde esta página, consideramos que tanto el cálculo para el cómputo de la base imponible, como ésta – por no ajustarse el valor catastral que la Administración Local sobre un valor real de mercado en el momento de la transmisión, son argumentos objetivables y susceptibles de ser revisados, y recurridos en las diferentes instancias administrativas y/o judiciales.

Y un último apunte:

El plazo de prescripción es de 4 años, a partir de la fecha de devengo del impuesto ( en general fecha de transmisión del inmueble). Por lo que todos aquellos contribuyentes que hayan autoliquidado ya el impuesto, y estén dentro este período, pueden recurrir la conocida como PLUSVALÍA MUNICIPAL.

 A vuestra disposición.

PODÉIS REALIZAR VUESTRAS CONSULTAS EN:

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EN info@reclamacionesyquejas.es

EN TFNO.:619816916

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Acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la “Plusvalía Municipal”: Después de Guipúzcoa , le toca a Alava; y así, sucesivamente.

 

 

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El Tribunal Constitucional acaba de dictar sentencia en el mismo sentido que lo hizo el 17 de Febrero de 2017, sobre la minusvalías producida  en una compraventa en Vitoria, concurriendo la mismas circunstancias en el hecho imponible ; es decir , se demuestra que existe una minusvalía entre el valor de venta y el de compra sobre el terreno urbano transmitido, y por tanto no se produce un incremento del valor, previsto en el artículo foral del País Vasco , así como en el art.107 de la Ley de Haciendas Locales.

Para cualquier consulta , les informamos que hemos decidido realizar:

Estudios gratuitos de viabilidad, para determinar las posibilidades de éxito de su caso y las vías de actuación. La documentación necesaria para ello se compone de:

  • Escrituras de Compra-Venta del Inmueble.
  • Escrituras de adjudicación de herencia o donación
  • Autoliquidaciones o liquidaciones practicadas durante los últimos 4 años.
  • Cualquier otro documento que acredite la titularidad del bien y el incremento del valor
  • Cualquier comunicación recibida de la Administración Pública al respecto

Me gustaría poder conocer los detalles de su caso personalmente, a efectos de poder asesorarle de manera más concreta, de este modo, si así lo desea, estoy a su disposición a través de esta dirección de correo electrónico info@reclamacionesyquejas.es  o en el teléfono: 619816916

Un cordial saludo.

Eugenio  Gómez-

 

 

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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES /RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN  LAS RECLAMACIONES/RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

La tutela efectiva del contribuyente es un derecho primordial, y en lo que se refiere a este capítulo, la ley general tributaria  pone al alcance los medios para salvaguardarse  de resoluciones lesivas para  nuestros intereses.

Conviene tener en cuenta algunos aspectos en el inicio de cualquier alegación antes de proceder al recurso de reposición o reclamación económica-administrativa:

Siempre que se reciba una propuesta de liquidación, conviene revisarla detenidamente, y  si consideramos que hay motivos de oposición  sobre los hechos o formas en el procedimiento que se revisa, se debe presentar alegaciones  en un plazo entre los 10 o15 días  hábiles (potestativo del órgano, a partir de la notificación del mismo.

En el caso de que la propuesta de liquidación  se convierta en liquidación provisional o definitiva (esto es, después del trámite de alegaciones), resultará la deuda tributaria.

Esta podrá ser impugnada, por uno de los medios indicados anteriormente, pero el hecho de recurrirla, no implica la obligación de NO pagar, salvo  que exista una suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido:

1.-Suspensión de la ejecución en Recurso de Reposición:

            Requisitos previos:

  1. a) haber recurrido la liquidación y prestar garantía suficiente para la cobertura del saldo de la deuda e intereses de demora
  2. b) cuando se aprecie que en el acto recurrido, existen errores aritméticos, de hecho o materiales , apreciados por la administración.

2.-Suspensión de la ejecución en reclamación económica-administrativa:

            Para que la solicitud sea admitida, se deberá acompañar de documento acreditativo de garantía como en el apartado a) anterior. Y si se hubiere obtenido en el recurso anterior, se hará mención expresa

En caso que el contribuyente no contase con garantías suficientes, como puede ser garantía hipotecaria o mobiliaria prenda con/sin desplazamiento, derechos de crédito, el órgano competente puede conceder la suspensión de la deuda, verificando la solvencia  y suficiencia de las garantías aportadas. Al escrito de solicitud de suspensión, se acompañará algún tipo de  certificado o carta  bancaria, relativa a la falta de capacidad patrimonial del contribuyente que sirviese como garantía de la deuda tributaria.

3.- Suspensión  con dispensa parcial o total de  garantías.

 Brevemente, a lo anterior habría que añadir la circunstancia que  el acto impugnado tuviera como consecuencia  daños al recurrente de imposible o muy difícil reparación.

Asimismo, siempre que se aprecien  errores en cálculo, de hecho o aritméticos en el acto recurrido.

En cualquier caso, siempre que la suspensión se solicite al Tribunal  en escrito aparte, se ha de remitir una copia  de dicha solicitud al órgano competente de recaudación  a los efectos de la suspensión cautelar

La Ley General Tributaria  contempla  tres medios o cauces para la revisión de las actuaciones en cualquier procedimiento : verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores e inspeccion :

I.- Recurso de reposición:

 Previo al recurso económico-administrativo. Aconsejable cuando se trata de errores de cálculo o interpretación incorrecta. No se podrá acudir al TEAR, hasta haber agotado esta vía.

El plazo para interponer recurso es de un mes natural, contado a partir del día de notificación.

II.- Reclamación económica-administrativa ante el TEAR (TribunalEconómicoAdministrativo Regional) o Tribunal Económico-administrativo Municipal,si así procediera:

 Bien directamente o una vez agotada la vía anterior.

Aconsejable para casos más complejos, donde la Administración ya haya manifestado su disconformidad, cuando se invoque jurisprudencia o bien cuando se solicite dispensa parcial o total a través de solicitud de suspensión de deuda tributaria.

El escrito de interposición se presentará en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel  en que se considere rechazado el recurso de reposición, por haber transcurrido sin resolución expresa el plazo máximo de un mes.

Con la resolución en esta instancia, se pone fin al procedimiento administrativo, con dos salvedades que a continuación se señalan, teniendo en cuenta que  la duración máxima para resolver el expediente  por parte del tribunal será de  1 año  desde la interposición. Transcurrido ese período, sin haber recibido contestación, se entenderá desestimada, a efectos de interponer nuevo recurso.

Contra la resolución de la reclamación caben dos recursos “excepcionales” por su propia naturaleza:

Recurso de anulación:

Con el fin de subsanar defectos de la propia resolución del TEAR, y previo al Recurso de Alzada ordinario o al contencioso-administrativo. El plazo es de 15 días, a partir de la notificación de la resolución del Tribunal, y será recurrible sobre las siguientes causas:

1.- Cuando el tribunal no haya contestado  de forma manifiesta  en su resolución  a las cuestiones planteadas por el contribuyente.

2.-Cuando se hayan declarado inexistentes  las alegaciones o pruebas presentadas en forma y tiempo.

3.-Cuando la reclamación sea contemplada  inadmisible de forma incorrecta por el tribunal.

Transcurrido 1 mes el tribunal resolverá y en caso de silencio administrativo positivo, se entenderá desestimado, pudiendo el contribuyente iniciar el Recurso de Alzada.

Recurso de Alzada ordinario:

Se iniciará  contra las resoluciones  dictadas en primera instancia por los tribunales económicos-administrativos ante el Tribunal Económico Central en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la notificación  o de la presunta desestimación por el transcurso máximo del plazo establecido; esto es,  un año. A partir  de este momento, el contribuyente puede entender desestimada el recurso  o esperar a la resolución expresamente.

Este recurso se dirigirá  al propio Tribunal que hubiera dictado la resolución anterior, aportando las alegaciones anteriores, y únicamente serán admisibles, aquellas que no

hubieran sido admitidas en el procedimiento anterior.

Es decir, en este nivel lo que se dirime, no es el acto administrativo en sí, sino que la resolución del órgano que ha resuelto ha sido incorrecta.

Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

 Cuando no proceda  el recurso de alzada  contra la resolución del TEAR ( por ser el acto firme en vía administrativa ), la administración podrá interponer  este recurso, cuando estimen lesivas las resoluciones emanadas por el TEAC ( Tribunal económico central )

Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

Similar al anterior, el TEAC resolverá a través de su sala especial en el plazo de 6 meses, el recurso interpuesto por la administración  para establecer una doctrina a futuro.

 

Procedimiento  abreviado ante Organos Unipersonales.

 En esta vía  económica-administrativa, se pretende ser más rápido cuando se presenten las siguientes reclamaciones:

1.- Falta o defecto de notificación

2.-Insuficiencia o falta de motivación  del acto.

3.- Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 € o la base o valoración sea inferior a 72.000 € (art. 64 Reglamento de Revisión)

4.- Cuando se reclamen cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

En todos estos casos, se resolverán en única instancia por los TEAR, mediante los órganos unipersonales que se determinen por el Reglamento.

En este procedimiento, además de la información requerida,  es importante formular las alegaciones  y pruebas conducentes a su estimación, ya que no hay trámite posterior para realizar posteriormente dichas alegaciones.. El escrito se dirigirá  al órgano  que resolvió, el cuál lo remitirá al Tribunal junto con el expediente.

El órgano podrá convocar vista oral  convocando al contribuyente  para fundamentar sus alegaciones.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses, considerando desestimado este recurso transcurrido ese plazo.

Contra este recurso no caber recurso de alzada ordinario, debiendo acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Pero si se podrá recurrir a los recursos posteriores administrativos ya visto.

 III.- Procedimientos especiales de revisión (art. 216 LGT):

 

Dentro de los cuales se encuentran entre otros: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT). Este último procedimiento está hoy en pleno auge, dadas las últimas sentencias  emanadas de diferentes órganos administrativos o judiciales, que han venido a dar la razón a muchos recursos iniciados por el contribuyente, en lo referente a impuestos de índole tanto autonómico como de ámbito municipal, tales como: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal, I.B.I, etc ….

  Agotada el procedimiento administrativo, sólo nos queda acudir a la vía judicial con los siguientes medios:

Recurso contencioso-administrativo:

Cuando se pone fin a la vía económica-administrativa y no procede recurso de alzada ordinario, el contribuyente podrá acceder a este procedimiento judicial ante  el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma; o la Audiencia Nacional en caso de recurso proveniente del TEAC.

El plazo para interponer recurso será de 2 meses  desde que se notificó  resolución en vía administrativa.

En este procedimiento es necesario contar con letrado y procurador, con los consiguientes gastos en caso  no ser favorable la sentencia y tener que asumir las costas.

 

 

Recurso extraordinario de revisión.

 

Cuando el plazo para impugnar el acto ha transcurrido, sin interponer recurso, se dice que la sentencia adquiere  “firmeza”.

En este recurso, se trata de “repescar”, cuando no se hizo en los plazos ordinarios , por haberse dados circunstancias especiales , previstas en el art. 244 de L.G.T.:

 

  1. Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente, documentos o testimonios  falsos por sentencia  judicial firme  anterior o posterior a la resolución, sin ser conocida en el momento de dictar el acto.
  2. Que el acto hubiera sido dictado como consecuencia de prevariación, cohecho, violencia …
  3. Que aparezcan documentos de valor esencial  para la decisión del asunto  posteriores a la resolución anterior, o de imposible  aportación al tiempo de dictarse  los mismos y que evidenciaran el error cometido. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Valencia, de hace unos meses, donde echa por tierra una Orden del 2013 en cuanto al valor catastral de los inmuebles, sin tener en cuenta  las características individualizadas de los inmuebles: antigüedad, uso, estado de conservación, superficie, etc.….

Este recurso se interpondrá  en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos  desde que quedó firme la sentencia  judicial, y se presentará el recurso siempre ante el TEAC.

La duración de este procedimiento será de un año desde que se interpuso el recurso; transcurrido ese plazo, se entenderá desestimado; no obstante el contribuyente podrá presentar  si lo estima oportuno si no hay resolución expresa, recurso al contencioso-administrativo.

Y para finalizar y brevemente, las principales causas por las cuales podemos interponer una alegación o recurso son por su naturaleza:

 

1.- Por defectos  en la tramitación del procedimiento:

  1. a) por duplicidad en la revisión de un mismo hecho que ya finalizó con una liquidación provisional o definitiva.

2.- Por no conformidad en la calificación de los hechos que imputa la administración en el procedimiento.

3.-Por no conformidad en la norma a aplicar: bien por diferencias en la  interpretación  de la misma, bien por no ajustarse la misma al procedimiento abierto

4.-Por errores en la forma de valorar los hechos, bienes, productos o servicios: en relación con los datos proporcionados por la administración; así como errores de cálculo y métodos de estimación objetiva.

5.-Por errores numéricos, matemáticos  o de cálculo en el resultado de la liquidación

6.- No conformidad con liquidaciones de intereses de demora fuera de los plazos  que prevé la ley

7.- Por impugnación de un acta:

  1. a) por imputación de liquidaciones definitivas, en lugar de provisionales.
  2. b) por falta de motivación en los hechos que se revisan

8.-Por impugnación de las resoluciones económico-administrativas:

        a) falta de apreciación en los argumentos o pruebas presentadas

        b) por incompleta contestación a las cuestiones planteadas: “incongruencia

        c) por declarar incorrectamente la inadmisión del recurso.

9.- Por la prescripción de la deuda:

  1. a) antes del inicio de la comprobación
  2. b) paralización del procedimiento por más de 6 meses
  3. c) exceso de más de 1 año en el procedimiento de inspección
  4. d) suspensión en la reclamación económica-administrativa durante más de 4 años.

Espero que este contenido sea de vuestro interés, y quedo a vuestra disposición para aclarar y solventar las dudas o incidencias que os podáis encontrar en las comunicaciones o liquidaciones de la administración local, regional o central.

Saludos cordiales.

 

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Sentencia Tribunal Supremo 2159/2014: EL I.B.I. en suelos urbanizables

He aquí una resolución donde se dirime la naturaleza de lo que se considera un terreno urbano o rústico en función del planeamiento urbanístico  que tenga el Municipio o del instrumento urbanístico  para su desarrollo. Y de ahí  la no sujeción para determinados terrenos considerados injustamente como urbanos en impuestos como el IBI  y  probablemte  en el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos ( I.I.V.T.N.U.),llamado coloquialmente como Plusvalía Municipal, pues no en vano tiene su fundamento en el IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES, a efectos de valor catastral del suelo urbano.

Y si no es considerado un suelo urbano , tampoco sería de aplicación este tributo.

Descarga sentencia: SENTENCIA-T. SUPREMO 2159/2014 -I.B.I.

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CONTINÚAN LAS SENTENCIAS FAVORABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LA CONSIDERACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE EN LA “PLUSVALÍA MUNICIPAL”.

 

 


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CONTINÚAN LAS SENTENCIAS FAVORABLES PARA LOS CONTRIBUYENTES SOBRE LA CONSIDERACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE EN LA “PLUSVALÍA MUNICIPAL”.

 

Recientemente, más en concreto, en Julio de este año, ha surgido una nueva sentencia de una alta instancia judicial- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE ASTURIAS- dando la razón a la parte apelada por el propio Ayuntamiento de Oviedo.

 

Como otros Tribunales Superiores de Justicia de otras CC.AA., esta sentencia que a continuación reproducimos íntegramente, considera que no existe tal incremento del valor del terreno transmitido- vulgarmente conocido como ¨plusvalía municipal¨- ya que el valor de venta es inferior al que en su momento se produjo la adquisición, y por tanto, no existe hecho imponible, impidiendo la aplicación del tributo municipal – en base a lo dispuesto en el art.107 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales -, y desde donde los ayuntamientos se están nutriendo a manos llenas, sin consideración de la situación económica  real  de los terrenos y viviendas, desde el llamado ¨boom inmobiliario¨.

Para cualquier consulta sobre estos temas , quedamos a la espera a través de los distintos medios habilitados.

Saludos cordiales.

 

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Sentencia del T. Supremo Contencioso Admtvo. 05/2015. Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 2011: DESESTIMACIÓN.

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En esta sentencia se valora y se enjuicia,  como la ausencia de información pública, referida a informes  técnicos del suelo contemplado en  la elaboración de los Instrumentos de Ordenación Urbanística para el desarrollo del nuevo P.G.O.U.  de Gijón, no son una mera bibliografía, y  ” … no se pueden  considerar unas meras notas bibliográficas “.

Y continúa la sentencia: “ …  no nos encontramos ante un acto administrativo , sino ante la elaboración  de una disposición de carácter general , por lo que el trámite de información pública determina su nulidad por quebrantamiento del principio de participación ciudadana en la elaboración del Plan”.

Veremos las consecuencias de dicha sentencia desde que se aprobó el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del Gijón  de fecha de 13 de Mayo de 2011, después de haber fallado el T.S.J. de Asturias el 28/02/2013, contra la parte recurrente – Ayuntamiento de Gijón y otros – y como  recurrida, y finalmente  ganadora de esta sentencia la plataforama: COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL.

Por tanto, dicho Plan General queda sin efecto.

Nota:

Ante este sentencia, habrá que considerar  el plazo desde 2011 hasta la fecha de resolución de la misma , todo lo referente  que haya  sido susceptibe de variación/modificación en bases o hechos imponibles, como consecuencia de la aprobación del Ayuntamiento de Gijón, en relación a los terrenos e inmuebles  afectos por esa “aprobación definitiva”, ahora desestimada. 

Para cualquier consulta , estamos a vuestra disposición en:

info@reclamacionesyquejas.es

 

Atentemente.

 

S E N T E N C I A

TRIBUNAL SUPREMO.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN: QUINTA

Excmos. Sres.: Presidente:

D. Rafael Fernández Valverde

Magistrados:

D. César Tolosa Tribiño

D. Francisco José Navarro Sanchís

D. Jesús Ernesto Peces Morate

D. Mariano de Oro Pulido y López

En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil quince.

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. relacionados al margen, el presente recurso de casación número 1710/20132, interpuesto por la Procuradora doña Isabel Covadonga Julia Corujo, en nombre y representación del

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN ; por la Procuradora doña Marta Barthe García de Castro, en nombre y representación de la entidad PROMOCIONES RENDUELES LÓPEZ S.L; la sociedad civil SUELO URBANIZABLE DE GRANDA, S.C.; la mercantil PROMOCIONES CASCOS, S.A.; la sociedad JUNTA DE PROPIETARIOS DEL SECTOR DEL PLAN PARCIAL UZN-R.5 (S), ALTO DEL INFANZON, S.C.; y de la JUNTA DE COMPENSACIÓN UZN-R.3 BERNUECES ., promovido contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el 28 de febrero de 2013, en el recurso contencioso- administrativo número 1496/2011, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 13 de mayo de 2011, relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dicho Ayuntamiento, solicitando su anulación para que se deje sin efecto el Acuerdo recurrido por su disconformidad a Derecho.

Ha comparecido, en calidad de recurrido, el Procurador don José Luis Pinto Marabotto en nombre y representación del

COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se ha seguido el recurso número 1496/2011, promovido por el COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL, representado por la Procuradora doña Paula Cimadevilla Duarte contra el AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, representado por el Procurador don Luis Álvarez Fernández, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 13 de mayo de 2011, relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dicho Ayuntamiento, solicitando su anulación para que se deje sin efecto el Acuerdo recurrido por su disconformidad a Derecho.

SEGUNDO.-

Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 28 de febrero de 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recurso de esta clase interpuesto por la Procuradora Dª Paula Cimadevilla Duarte en la representación procesal acreditada contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 13 de mayo de 2011, relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de dicho Ayuntamiento, Acuerdo que se anula y deja sin efecto por no ser conforme a Derecho, y en su virtud se declara que el expediente administrativo se ha de retrotraer el momento anterior al trámite de información pública previsto en el artículo78.2 del Decreto legislativo 1/2004. sin costas. ”

Siendo aclarada por auto de fecha 14 de marzo de 2013, cuya parte dispositiva es como sigue:

“Se declara procedente la aclaración de la

Sentencia de esta Sala de fecha 28 de febrero de 2013, en el sentido indicado en el segundo razonamiento de esta resolución judicial, permaneciendo inalterado el fallo de la misma. Sin costas”.

TERCERO.

– Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN se presentó escrito preparando recurso de casación. Asimismo por la Procuradora doña Marta Barthe García de Castro, en nombre y representación de la entidad PROMOCIONES RENDUELES LÓPEZ S.L; la sociedad civil SUELO URBANIZABLE DE GRANDA, S.C.; la mercantil PROMOCIONES CASCOS, S.A.; la sociedad JUNTA DE PROPIETARIOS DEL SECTOR DEL PLAN PARCIAL UZN-R.5 (S), ALTO DEL INFANZON, S.C., y de la JUNTA DE COMPENSACIÓN UZN-R.3 BERNUECES ., se formuló escrito de preparación de recurso de casación contra la citada sentencia.

CUARTO.-

En virtud de diligencia de ordenación dictada por la Sala de instancia de 8 de abril de 2013, fueron tenidos por preparados los recursos interpuestos, al tiempo que en dicha diligencia se ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

QUINTO.-

Emplazadas las partes, comparecieron en concepto de recurrentes, el AYUNTAMIENTO DE GIJÓN , representado por la Procuradora doña Isabel Covadonga Julia Corujo, solicitando, tener por interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 28 de febrero de 2013 y auto de aclaración de 14 de marzo de 2.013, se dicte sentencia, por la que se estime el recurso de casación y revocando la sentencia recurrida declare la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por COLECTIVO DE VEGA EN DENFENSA DEL MEDIO RURAL, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 13 de mayo de 2011, relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gijón, declarando su disconformidad a Derecho; compareciendo en el mismo concepto PROMOCIONES RENDUELES LÓPEZ S.L; sociedad civil SUELO URBANIZABLE DE GRANDA, S.C.; mercantil PROMOCIONES CASCOS, S.A.; sociedad JUNTA DE PROPIETARIOS DEL SECTOR DEL PLAN PARCIAL UZN- R.5 (S), ALTO DEL

INFANZON, S.C.;

y de la JUNTA DE COMPENSACIÓN UZN-R.3 BERNUECES ., todos ellos representados por la Procuradora doña Marta Barthe García de Castro, solicitando, tener por interpuesto recurso de casación contra la indicada sentencia, admitirlo y en su mérito casar la recurrida por cualquiera de los motivos contenidos en el escrito de interposición presentado, desestimando íntegramente el recurso deducido en la instancia.

Por la representación procesal del COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL, se presentó escrito, en el cual solicitó se la tuviese por personada, en concepto de recurrida.

SEXTO.-

Mediante resolución de esta Sala de 9 de septiembre de 2013, se acordó la admisión del recurso de casación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE GIJÓN , así como el interpuesto por PROMOCIONES RENDUELES LÓPEZ S.L; sociedad civil SUELO URBANIZABLE DE GRANDA, S.C.; mercantil PROMOCIONES CASCOS, S.A.; sociedad JUNTA DE PROPIETARIOS DEL SECTOR DEL PLAN PARCIAL UZN-R.5 (S), ALTO DEL INFANZON, S.C.; y de la JUNTA DE COMPENSACIÓN UZN-R.3 BERNUECES contra la citada sentencia, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta conforme a las normas de reparto de asuntos y, por diligencia de ordenación de 2 de octubre del mismo año, se ordenó entregar copias de los escritos de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida, COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL, a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse a los recursos interpuestos, siendo evacuado dicho trámite por su representación procesal el Procurador don José Luis Pinto Marabotto Ruíz, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, así como la imposición de la totalidad de las costas procesales a las partes recurrentes. Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo en virtud de diligencia de ordenación dictada el 14 de noviembre de 2013.

SEXTO.-

Por providencia de fecha 17 de marzo de 2015, se señaló el día 21 de abril del mismo año, fecha en la que, efectivamente, tuvo lugar.

SÉPTIMO. –

En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Mariano de Oro Pulido y López, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Se impugna el presente recurso de casación nº 1710/2013 la sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó en fecha 28 de febrero de

2013, en su recurso contencioso-administrativo nº 1496/2011, interpuesto por COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, de fecha 13 de mayo de 2011, por el que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de dicha localidad.

La Sala de instancia estimó dicho recurso al apreciar las infracciones procedimentales en la tramitación del referido Plan de Ordenación denunciadas por la recurrente. En efecto, ésta entidad denunció la infracción de la obligación legal de someter en el periodo de información pública toda la documentación relacionada con el expediente relativo al citado planeamiento, y, más en concreto, dejar fuera del mismo los informes geológicos, realizados para la valoración del riesgo natural en la zona de “el Muselín” y en la Parroquia de Vega, así como la valoración realizada de la Memoria Informativa del estudio de afectación de subsidencia -hundimiento paulatino del suelo, originado por las cavidades subterráneas producidas por las extracciones mineras- generada por el abandono de la empresa minera MHP, S.L .-en adelante ESAMPH-.

En dicha sentencia se reconoce que tanto el periodo de información pública previa a la elaboración de los Instrumentos de Ordenación Urbanística a que se refiere el artículo 78.2, del Texto Refundido en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo – TROTUA- como en el de la tramitación del Plan objeto de impugnación, no sólo no se expusieron los informes de riesgo antes citados, sino que tampoco pudieron ser consultados por la recurrente, con infracción de lo dispuesto, en los artículos 22.1.c) de la TROTUA y 39.d) del Reglamento que la desarrolla.

La Sala de instancia considera, en definitiva, que se ha producido indefensión a la recurrente con vulneración de los principios de publicidad y participación ciudadana en la elaboración del Plan impugnado, contemplados en los artículos citados, determinante de la necesidad de retroacción del expediente administrativo al momento anterior a la información pública que se prevé en el artículo 78.2 del TROTUA por parte del Ayuntamiento de Gijón, para que, antes de adoptar en su caso nuevamente esa decisión, “subsane la falta de exposición al público de los informes a los que nos venimos refiriendo, todo ello, con la consiguiente declaración de nulidad, ex art. 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de los acuerdos de aprobación provisional y definitiva, siendo (así) que, respecto de ésta última, de cuanto se ha razonado en éste motivo, se colige que la Administración demandada no debió de adoptar la decisión de aprobación definitiva”.

SEGUNDO.-

Contra esa sentencia han interpuesto recurso de casación tanto el Ayuntamiento de Gijón como Promociones Rendueles López, S.L., Suelo Urbanizable de Granda, S.C., Promociones Cascos, S.A., Junta de Propietarios del Sector del Plan Parcial UZB-R.5, Alto del Infanzón, S.C. y Junta de Compensación UZN-R.3 Bernueces; todas éstas entidades actúan bajo la misma representación y defensa.

No obstante dicha unidad de representación y defensa, el primer motivo de casación se interpone únicamente por la Junta de Compensación UZN-R.3 Bernueces. Se formula al amparo del artículo

88.1.c) de la Ley de ésta Jurisdicción por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por la razón de que dicha entidad no fué emplazada personalmente en la instancia con violación de los artículos 24 de la Constitución, 238 de la L.O.P.J. y 225.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, así como del artículo 49.1 de la Ley Jurisdiccional.

Procede examinar con carácter prioritario éste motivo por las consecuencias procesales que su estimación comportaría.

Se aduce que pese a haberse constituido dicha Junta de Compensación el 5 de febrero de 2009, es decir con anterioridad a la aprobación del Plan General objeto de impugnación, no fué sin embargo emplazada personalmente, lo que le ha producido indefensión.

Ciertamente esta Sala tiene reiteradamente declarado que los emplazamientos de los interesados en un proceso contencioso- administrativo resultan esencial para una correcta formación de la relación jurídico-procesal, de forma que quienes estén legitimados pasivamente como parte demandada en un proceso contencioso- administrativo deben ser emplazados directa y personalmente cuando sean conocidos e indentificables a partir de los datos que figuren en el escrito de interposición del recurso, en el expediente administrativo o en la demanda.

Ahora bien ésta doctrina general adquiere matizaciones relevantes cuando el objeto del litigio versa sobre la impugnación de una disposición de carácter general, como es el caso de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que según jurisprudencia constante participan de ésta naturaleza reglamentaria.

En éste sentido interesa reseñar lo declarado por ésta Sala en sentencia de 28 de junio de 2011 -recurso de casación 3239/2007-, recogida en la también sentencia de ésta Sala y Sección de 12 de marzo de 2013 -recurso de casción 6400/2009- .

Así en dichas sentencias hemos declarado:

“La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (

STC 133/1986, ya citada) modula la necesidad de emplazamiento personal y directo cuando se impugnan disposiciones generales o actos dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios. Así lo declaran el Auto del Tribunal Constitucional (en adelante ATC) 875/1987, de 8 de julio, o la STC 133/1986 (FFJJ 4 y 5) y la STC61/1985, de 8 de mayo (FFJJ 2 y 3).

Como dijo la

STC 133/1986 hay “una distinta consideración del deber de emplazamiento en función de la mayor o menor dificultad que el órgano judicial encuentra para la identificación (y eventualmente localización) de los titulares de derechos e intereses” […] sin que se pueda imponer “a los tribunales la obligación de llevar a cabo largas y arduas pesquisiciones ajenas a su función”. Esta doctrina se mantiene en la STC 125/2000, de 16 de mayo, FFJJ 5 a 7, y es independiente de la legislación aplicable al proceso, ya que dimana directamente del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva del artículo24.1 CE.

La jurisprudencia de esta Sala atiende, como es obligado, a las circunstancias presentes en cada caso pero ha tenido siempre en cuenta, en el sentido ya expresado, que cuando se impugna una disposición de carácter general sostener que cientos, o tal vez miles, de destinatarios de la disposición sean considerados demandados a efectos de su emplazamiento puede representar el colapso del proceso mismo [por todas,

Sentencia 5 de enero de 2004 (RC3277/2000)].

La Sentencia de 5 de octubre de 2005 (RC 5117/2002) insiste, con cita de jurisprudencia anterior, en el carácter normativo de los instrumentos de ordenación urbana y considera que su publicación oficial en el Diario Oficial que corresponda es el medio de comunicación idóneo a sus destinatarios. Por eso las Sentencias de esta Sala y Sección de 12 de mayo de 2011 (RC 4829/2007), de 21 de enero de 2010 (RC 5951/2005), de 30 de mayo de 2007 (RC 5957/2003

) y de 30 de noviembre de 2005 ( RC 5289/2002) han declarado que no se incumple el deber de emplazar a los interesados, establecido en la LRJCA, por no haberlo sido los propietarios que pudieran verse afectados por

un Plan General de Ordenación Urbana, al igual que sucede con cualquier otra disposición de carácter general. Se distingue, no obstante, en atención ponderada de las circunstancias y de la tutela del derecho fundamental de que se trata, la impugnación de un Plan General de Ordenación Urbana diferenciándolo de lo que ocurre con el planeamiento de desarrollo promovido por particulares, en cuyo caso éstos deben ser emplazados en su condición de tales (por todas,

Sentencia citada de 30 de mayo de 2007)”.

En aplicación de ésta doctrina y atendiendo a las circunstancias del caso, no localizamos en las actuaciones de instancia ninguna referencia específica a la Junta de Compensación, ahora recurrente en casación, que exigiera los emplazamientos individualizados para comparecer en el proceso. En el presente caso, además, el anterior Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, que sirvió de base a la constitución de dicha entidad, fué anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de fecha 15 de julio de 2007, con anterioridad por tanto a la fecha de constitución de la Junta de Compensación recurrente.

TERCERO.-

El primer motivo del recurso de casación del Ayuntamiento de Gijón y el segundo de las entidades recurrentes en casación se formulan también al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de ésta Jurisdicción y se denuncia la falta de motivación. Si bien la citada Corporación Municipal desglosa el motivo en dos, dedicando el segundo a la incongruencia.

Obligado resulta recordar que tanto el Tribunal Constitucional como éste Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que no le es exigible al juzgador una determinada extensión de la motivación jurídica, ni un razonamiento exhaustivo y promenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión planteada, aunque sí es necesario que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión.

En el presente caso, la sentencia da respuesta a la cuestión debatida en los términos planteados, ésto es, la existencia de infracción de lo dispuesto en los artículos 22.1.c) del TROTUA y 39.d) de su Reglamento en relación con los dos trámites de información pública exigidos en dicha legislación, es decir tanto la previa a la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística como la exigida en el procedimiento de elaboración del Plan propiamente dicho.

En efecto, la sentencia explica en su fundamento cuarto las razones por las que entiende que se ha producido indefensión a la parte recurrente con vulneración relevante de los principios de publicidad y participación ciudadana en la elaboración del Plan objeto de impugnación. En éste sentido, obligado resulta recordar el trascendental papel que la participación ciudadana tiene en la elaboración de los planes. Así la sentencia entiende que se ha producido vulneración de la normativa autonómica en cuanto establece el derecho de los ciudadanos a consultar la documentación que ha servido de base a la formación del Plan, dado que no se sometió a exposición pública determinados informes de fundamental importancia en cuanto estudian el riesgo geológico o natural de determinadas áreas o zonas del municipio, y ello pese a haber sido expresamente requeridos por la entidad recurrente.

La sentencia no adolece de falta de motivación, desde el momento que expone las razones determinantes de su pronunciamiento anulatorio, como se acredita, por otra parte, con el resto de los motivos de casación, en los que precisamente se combate dicha motivación.

En relación, por último, a que la sentencia también estaría viciada de incongruencia, a la vista de las razones tenidas en cuanta al resolver la medida cautelar de suspensión, es suficiente, para rechazar el motivo, con recordar la naturaleza cautelar de la medida de suspensión que no prejuzga el fallo del litigio.

CUARTO.-

En el segundo motivo de casación del Ayuntamiento de Gijón y en el tercero de las entidades recurrente, formulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley

de ésta Jurisdicción, se denuncia infracción de los artículos 218.2, 281, 317 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 9.3 y 24 de la Constitución, puesto que consideran

que la sentencia es manifiestamente irrazonable, en cuanto no se han cumplido las reglas para la valoración de las pruebas.

Conviene, antes de nada, recordar, de acuerdo con las sentencias de ésta Sala de 13 y 20 de marzo de 2012, los principios jurisprudenciales que rigen ésta cuestión relativa a la valoración probatoria en el recurso de casación:

“a) Que es reiterada la doctrina de esta Sala, a la que se refiere, entre otras muchas la

STS de 30 de octubre de 2007, según la cual “la formación de la convicción sobre los hechos en presencia para resolver las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en este cometido por el este Tribunal de casación”.

b) Que, como regla general (

STS de 3 de diciembre de 2001) “la errónea valoración probatoria ha sido excluida del recurso de casación en la jurisdicción civil por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y no ha sido incluida como motivo de casación en el orden contencioso- administrativo, regulado por primera vez en dicha ley. Ello se cohonesta con la naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia”. Y, como consecuencia de ello,

c) Que no obstante dicha regla general, en muy limitados casos declarados por la jurisprudencia, y por el cauce procesal oportuno, pueden plantearse en casación —para su revisión por el Tribunal ad quem— supuestos como el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio en relación con la proposición o la práctica de prueba; o como la infracción de normas que deban ser observadas en la valoración de la prueba —ya se trate de las normas que afectan a la eficacia de un concreto medio probatorio,

o a las reglas que disciplinan la carga de la prueba, o a la formulación de presunciones—; o, en fin, cuando se alegue que el resultado de dicha valoración es arbitrario, inverosímil o falto de razonabilidad”.

Entienden los recurrentes que la sentencia de instancia ha incurrido en infracción de las normas de valoración de la prueba, toda vez que los informes a los que se refiere aquella no era obligado exponerlos en el trámite de información pública por constituir mera bibliografía, que habría servido de base al equipo redactor del Plan pero que no constituía documentación del mismo.

Sin embargo, del examen de la Memoria Informativa del documento de revisión del Plan cuestionado -anexo 1.IV (Estudios de Riesgos Naturales y Tecnológicos)- se deduce que dichos informes no pueden reducirse a la simple consideración de unas notas bibliográficas. Así, en la página 64 se reconoce que en la zona de el Muselín “se han tenido en cuenta los distintos estudios geológicos realizados para el Plan Especial de Reforma Interior de Campa de Torres (PE-17) en cuanto al

<<Informe geológico para el Plan Especial del Muselín T.M de Gijón (Asturias)>> de David Villa García (2009) y el <<Informe geológico Reisgos Teológicos en el Muselín (Gijón)>> de Avelino Suárez (2009). Por su parte, el informe denominado “Estado de afectación de la subsidencia generada por el abandono de la explotación “Minera, Hidrología y Proyectos S.L. 2009, para Mina La Camocha S.A., es tenido muy en cuenta en las páginas 51 y 52 del Referido Anexo de la Memoria del Plan.

La conclusión, pues, a la que llega la Sala de instancia en orden a que dichos informes, relativos a los riesgos geológicos que concurren en el Municipio de Gijón en cuanto condicionantes de la revisión del esquema territorial de las áreas afectadas, debieron incorporarse al expediente, a la vista de las reiteradas peticiones realizadas por la entidad recurrente en los dos trámites de información pública previstos en la legislación autonómica, no pueden considerase como una valoración arbitraria.

En éste mismo motivo de casación, el Ayuntamiento realiza una serie de consideraciones, de muy diversa índole, en el que si bien en su enunciado se citan como infringidos diversos preceptos estatales, en su desarrollo se invocan los artículos 65 y 99 del TROTUA y 178 y 179.2 del Reglamento que lo desarrolla que, en virtud de lo dispuesto en elartículo 86.4 de la Ley de ésta Jurisdicción, tienen vedado su acceso a la casación.

Asimismo tampoco puede tomarse en consideración las alegaciones relativas al artículo 62 de la Ley 30/1992, pues si bien el motivo empieza por reconocer que así como respecto de los “actos administrativos”, nuestro ordenamiento distingue los supuestos de nulidad de pleno derecho -artículo 62.1 y de mera anulabilidad -artículos 63-, tratándose de disposiciones de carácter general no existe tal dualidad, pues siempre que incurran en vulneración legal serán anuladas de pleno derecho -artículo 62.2-, sin embargo cita a continuación una serie de sentencias, casi todas relativas a indefensión de actos administrativos.

En todo caso, obligado será recordar que no nos encontramos ante un acto administrativo sino ante la elaboración de una disposición de carácter general, por la que la infracción del trámite de información pública determina su nulidad por quebrantamiento del principio de participación ciudadana en la elaboración del Plan.

Estas mismas consideraciones sirven para rechazar el sexto motivo formulado por las entidades recurrentes en el que se denuncia “violación de los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, dado que los recurrentes en la instancia no han sufrido indefensión”.

QUINTO.-

En los motivos cuarto y quinto del recurso de las entidades recurrentes se denuncia, en aquel, infracción del artículo 71 de la Ley de ésta Jurisdicción, y, en éste, infracción de la jurisprudencia relativa al principio de proporcionalidad. En ambos motivos se cuestiona, desde perspectivas distintas, la declaración de nulidad de la totalidad del Plan, cuando consideran que en su caso, debía haberse limitado a las áreas o sectores afectados.

Interesa, ante todo, señalar que la jurisprudencia de ésta Sala niega la posibilidad de que en sede de un recurso de casación se introduzcan cuestiones nuevas que no hayan sido suscitadas en la instancia, y ello porque el recurso de casación tiene como finalidad propia valorar si se infringieron por el Tribunal “

a quo ” normas o jurisprudencia aplicables, y resulta imposible que pueda producirse una infracción en relación con una cuestión que ni siquiera fué considerada, y sobre la que, por tanto, no hubo pronunciamiento en la sentencia, omisión que, en su caso, de entenderse improcedente, tendría su adecuado cauce revisor por la vía del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de ésta Jurisdicción.

En todo caso, y prescindiendo incluso de otras consideraciones, obligado es recordar que la nulidad del Plan se ha decretado por razones formales, lo que, en el presente caso, comporta la retroacción del expediente al momento inmediatamente anterior al trámite de información pública.

SEXTO.-

La desestimación de los recursos de casación determina la imposición de las costas causadas a las partes recurrentes, según establece el artículo 139.2 de la Ley de ésta Jurisdicción, si bien, como permite el apartado tercero del mismo precepto, procede limitar su cuantía por todos los conceptos, a la vista de la complejidad del caso y los escritos de las partes, a la cantidad de 3.000 euros, que deberán abonar por mitad a la parte recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos, por el

Ayuntamiento de Gijón, Promociones Rendueles López, S.L., Suelo Urbanizable de Granda, S.C., Promociones Cascos, S.A., Junta de

Propietarios del Sector del Plan Parcial UZB-R.5, Alto del Infanzón, S.C. y Junta de Compensación UZN-R.3 Bernueces,

contra la sentencia dictada el 28 de febrero de 2013 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en su recurso nº 1496/2011. E imponemos expresamente a las partes recurrentes las costas en la forma indicada en el último párrafo de los fundamentos de derecho de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN

.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Mariano de Oro Pulido y López, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

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