All Posts tagged valor catastral

LA APLICABILIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL (I.I.V.T.N.U.): EFECTOS Y CONSECUENCIAS PARA EL CONTRIBUYENTE. O DE CÓMO LA ADMINISTRACIÓN LOCAL RECAUDA SOBRE CAPACIDADES ECONÓMICAS FICTICIAS.

 

 

 

 

 

La plusvalía municipal , popularmente conocida, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), , es un tributo que “pretende” gravar el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana durante un período al que ha pertenecido al transmitente.

Básicamente, son los artículos del 104-110 del R. Decreto Legislativo 02/2004 de la Ley de Haciendas Locales (LHL), donde se encuentra recogido su régimen; a saber:

Hecho imponible, base imponible, sujeto pasivo, el marco legal para las ordenanzas fiscales municipales, parámetros para el cómputo del cálculo de la base imponible, tipo de gravamen, así como ciertas reglas relativas a la gestión tributaria de dicha exacción.

Así, en el artículo 104 nos habla del hecho imponible: como incremento del valor del inmueble producido durante “X” años; y en el artículo 107 define la base imponible como valor obtenido de aplicar un coeficiente sobre el valor catastral, incrementado proporcionalmente a los años de tenencia, con un máximo de 20 años.

Una vez expuesto de forma sucinta, las principales componentes del impuesto, cabe preguntarse ciertas reflexiones y algunas preguntas:

De la lectura conjunta de los art. 104 y 107 de L.H.L., se plantea una “dicotomía funcional”:

Por un lado en el art. 104 se nos habla de que es un tributo directo que grava un enriquecimiento real, indicando que constituye el hecho objeto de gravamen, el incremento del valor que experimenten dichos terrenos.

Y en el art. 107 se puede interpretar como un tributo indirecto, al no establecer una relación con la supuesta riqueza obtenida con independencia del valor real a efectos de mercado en el que se haya transmitido el inmueble. A continuación se fijan los porcentajes anuales que cada ayuntamiento puede aplicar en función de los años a efectos del devengo, siendo los primeros 5 años hasta un 3,7%, hasta llegar a los 20 años con un 3% anual. Y continúa diciendo: “ … el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno será el resultante de multiplicar el porcentaje anual en cada caso concreto por el número de años de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.”

Una vez calculada la base imponible, los ayuntamientos podrán girar la misma un tipo de gravamen de hasta un 30%, obteniendo así la cuota resultante a liquidar.

 

Y unas preguntas :

¿El legislador a la hora de establecer esta exacción, contemplaba el hecho de que el valor del terreno transmitido – como consecuencia de la crisis inmobiliaria sufrida por miles de ciudadanos- tomado como valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fuera inferior al valor de adquisición del inmueble objeto del impuesto?

Si el art. 104 grava el incremento que experimente el terreno en el transcurso de un tiempo, y su valor real objetivable ,resulta ser inferior al valor de adquisición, ¿no estaríamos en la hipótesis de inexistencia de incremento del valor real, y por ende no habría hecho imponible de aplicación al impuesto?.

Pues bien, si ya existía jurisprudencia, como la Sentencia del T.S.J de Navarra 1501/2000 y la del T. Supremo del 09/1995, donde ya se prefigura la exigencia de un incremento patrimonial, como elemento imprescindible para el cálculo de la base imponible de la plusvalía (como su propio nombre indica), es a raíz de la Sentencia del T.S.J. de Cataluña 805/2013 y la de 22/03/2012 (3120/2012) , donde se alega dar primacía al art. 104 sobre el 107; es decir: “…si se acreditase la inexistencia de incremento del terreno en el período impositivo no tendrá lugar el hecho imponible…”. En dicha sentencia se hace alusión a la base imponible del IBI, constituida por el valor catastral y que sirve de base para el cálculo de la plusvalía ( art. 107.2 LHL ).

Argumenta el Tribunal que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien a partir de los datos del Catastro Inmobiliario, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el art. 23.1 de dicha ley, pero añadiendo el art. 23.2: “ el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse …”.

Y sigue disertando: “ … el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana constituye el elemento del hecho imponible … .” Y continúa:

En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”.

Y en otro momento de la sentencia – atención a la disertación – añade: “… no desvirtúa las anteriores conclusiones el hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que si impide que se graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos”.

Concluyendo en esta sentencia que las normas legales establecen una únicamente una presunción iuris tantum, susceptible de quedar desvirtuada, mediante prueba adecuada y suficiente a cargo del obligado tributario y de acuerdo con el art. 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cabe destacar, por la interpretación en el cálculo de la plusvalía, la sentencia del T.S.J. de Castilla- La Mancha, al interpretar que la fórmula aplicable por el recurrente ( método de capitalización de descuento simple ), en la base imponible se ajusta de una forma más homogénea y proporcionada, de manera que se actualiza el valor catastral de transmisión al valor en el que se originó la transmisión:

PLUSVALÍA= V.CATASTRAL ACTUAL x Nº AÑOS X % COEF. / 1 + ( Nº AÑOS X % COEF.)

Las diferencias en los importes entre el cálculo según prevé la LRHL y esta “innovadora fórmula para este impuesto” : es muy considerable. Veamos un ejemplo:

VALOR CATASTRAL ACTUAL :150.000 €

Nº AÑOS ( desde adquisición hasta transmisión ): 18 años

COEFICIENTE MUNICIPAL: 3%

Según la LRHL:

B.IMPONIBLE: 150.000 € x 3% x 18 = 81.000 €

Según sentencia :

B.IMPONIBLE= 150.000 x 3% x 18 / 1 + ( 18 x 3% ) = 52.597,40 €

 

O SEA, SEGÚN LA FÓRMULA TRADICIONAL NOS COBRARÍAN UN 54% MÁS ¡!!!!!!!!

Y por si todo esto no fuera cosa menor, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Donostia, ha dictado Auto, en el que se plantea Cuestión de Inconstitucionalidad de los art. 104,107 y 110 de la LRHL:

1.- Por vulneración del Principio de Capacidad Económica contemplado en el art. 31 de nuestra Constitución (por desvinculación real del sujeto pasivo).

2.-Por si la regla de valoración legal establecida permite o no prueba en contrario que permita en vía de alegaciones o recurso administrativo o contencioso-administrativo, lo que afectaría además al art. 24 de la Constitución. A tal efecto señala el auto:

“El tributo no somete a tributación una plusvalía real , sino una plusvalía cuantificada   de forma objetiva, de modo que la base imponible determinada conforme al art. 107 de la LRLH, no admite prueba en contrario y el Ayuntamiento sólo podrá comprobar que se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que pueda atribuirse valores, cuotas o bases diferentes de tales normas … por lo que cabe señalar que lo que la legislación somete a gravamen no son capacidades económicas reales o potenciales sino ficticias que no pueden ser objeto de prueba en contra ( bien mediante un sistema de capitalización con un método de descuento simple o con una tasación pericial contradictoria u otro afín según el art.57.2 de la Ley General Tributaria”.

En resumen, nos encontramos con la aplicación de un impuesto que grava una situación económica a futuro, sin tener en cuenta la valoración actual del terreno urbano objeto de transmisión.

Desde esta página, consideramos que tanto el cálculo para el cómputo de la base imponible, como ésta – por no ajustarse el valor catastral que la Administración Local sobre un valor real de mercado en el momento de la transmisión, son argumentos objetivables y susceptibles de ser revisados, y recurridos en las diferentes instancias administrativas y/o judiciales.

Y un último apunte:

El plazo de prescripción es de 4 años, a partir de la fecha de devengo del impuesto ( en general fecha de transmisión del inmueble). Por lo que todos aquellos contribuyentes que hayan autoliquidado ya el impuesto, y estén dentro este período, pueden recurrir la conocida como PLUSVALÍA MUNICIPAL.

 A vuestra disposición.

PODÉIS REALIZAR VUESTRAS CONSULTAS EN:

EN LA PÁG. PRINCIPAL: CONSULTAS ONLINE

EN info@reclamacionesyquejas.es

EN TFNO.:619816916

Leer artículo

LA CALIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.) A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 05/2014 DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

La presión fiscal que ejerce el IBI, resistente a las crisis económicas, cuya recaudación nunca ha bajado desde su creación, tiene una especial transcendencia e incidencia sobre otros tributos, como es por ejemplo el  Impuesto  sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal). Un impuesto que con los tiempos que corren, y después del boom inmobiliario, ha tenido un efecto perverso en la capacidad económica del contribuyente, encontrándonos con la paradoja de tener que tributar , aún cuando se han producido minusvalías en las transacciones sde compraventa, sucesiones/donaciones, etc… .

 

Pues bien, el T. Supremo ha dictaminado en una sentencia en interés de ley que para que un suelo urbanizable pague el IBI URBANO, ha de haber iniciado su desarrollo urbanístico; es decir, que exista un instrumento de planeamiento y de ordenación  ( Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle). Y en caso contrario la calificación que merece tal suelo sería la de naturaleza rústica, con unas consecuencias evidentes para los propietarios.

El litigio se originó cuando el Ayuntamiento de Badajoz decidió reclasificar varios terrenos rústicos y darles la consideración de urbanizables, con lo que sus propietarios vieron multiplicarse la cantidad a pagar por dicho impuesto pero sin posibilidad de desarrollar urbanísticamente los terrenos por no tener aprobado el Plan Parcial. La sentencia ha puesto de manifiesto que muchos propietarios que están en el mismo caso se han visto, y se ven, obligados injustamente a pagar el impuesto con un valor de suelo urbano, cuando el mismo es rústico.

Muchos contribuyentes afectados  han comenzado a actuar para que se les cobre por lo que se les tiene que cobrar (un bien rústico a efectos catastrales) y no por lo que se les  viene aplicando (un  I.B.I. Urbano).

Ante tal situación el Catastro ha adoptado una  única resolución tipo para  desestimar la avalancha de solicitudes que se le están presentando, cuyas alegaciones y razones que exponen como argumentos para la no aplicabilidad de dicha sentencia son:

 

1.-Extemporaneidad de la  de recalificación: la sentencia no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares, ni produce la anulación de los valores catastrales.

2.- Tampoco  la sentencia fija doctrina legal y, al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.

3.-Además, la sentencia no tiene efectos directos respecto de ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo, ni tampoco respecto de los valores catastrales de los inmuebles calculados en su aplicación.

4.- Y por último alega que al tratarse de una única sentencia, no sienta jurisprudencia porque no hay reiteración en este tipo de resoluciones.

O sea, la Dirección General del Catastro Inmobiliario, no  considera  la naturaleza jurídica de los terrenos a efectos catastrales.

Parece claro que en los casos en que la ponencia catastral sea firme, como se está alegando, la Administración estaría obligada, en base a los argumentos del Tribunal Supremo, a su revisión de oficio, recalificando como rústico lo que en su día calificó como urbano. Pero la auto-tutela administrativa y los procesos juegan a su favor. Este es un caso que, a buen seguro, aumentará en buen número las reclamaciones económico-administrativas y los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El caso permite una reflexión colateral nada desdeñable. No es lo mismo una sentencia del Tribunal Supremo para el contribuyente que para la Administración. Una única sentencia alegada por el ciudadano, por muy claros y firmes que sean sus pronunciamientos, permite a la Administración alegar que, ante la falta de reiteración, la misma no sienta jurisprudencia. Sin embargo, en el caso contrario, una única sentencia favorable a las tesis administrativas permite a aquella, dado el principio de auto-tutela y ejecutividad de sus actos, basarse en ella para desestimar las pretensiones del contribuyente.

Esta sentencia sobre el IBI pone de manifiesto la escasa autoridad (en términos de efecto útil de sus pronunciamientos) que hoy tiene nuestro Tribunal Supremo y lo errado del reciente y enconado debate sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende, poniendo al recurso de casación en su sitio, establecer el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con el fin de que la misma no sea constantemente desdeñada y tengamos algo de seguridad jurídica. La sentencia comentada supone un fallo de amplio espectro y trascendencia jurídica y sería, sin duda, un claro ejemplo de jurisprudencia vinculante útil.

Y siendo la comentada una sentencia dictada en interés de la ley, se pone de manifiesto también la errónea regulación actual de dicho recurso que solo fija doctrina legal (vinculante) cuando la sentencia es estimatoria, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces quien recurre es la Administración, dada la limitación en cuanto a legitimación para recurrir. La sentencia favorece a los contribuyentes y, paradójicamente, no fija doctrina legal.

 

Tras esta sentencia, la Defensora del Pueblo, formuló una  Recomendación :

1.-“Modificar la vigente redacción del art. 7.2.b del R.Decreto Legislativo 1/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para acomodarlo al Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

2.-Modificar  la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real”.

 

La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario afectará a miles de inmuebles , con importantes consecuencias tributarias, pues habrá que modificar las cuotas del IBI de aquellos terrenos que habían sido clasificados como urbanos, sin tener el Ayuntamiento competente, un instrumento de planeamiento urbanístico para calificar terrenos rústico /urbanizables a urbanos (según la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo).

Además, esta modificación  de valor catastral de dichos terrenos incide en otros impuestos , tanto estatales como IRPF, como en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal).

Un cordial saludo.-

Eugenio Gómez

PARA CUALQUIER CONSULTA:

info@reclamacionesyquejas.es

Tfno. Contacto: 619816916

 

Leer artículo

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES /RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

 recurso2

 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN  LAS RECLAMACIONES/RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

La tutela efectiva del contribuyente es un derecho primordial, y en lo que se refiere a este capítulo, la ley general tributaria  pone al alcance los medios para salvaguardarse  de resoluciones lesivas para  nuestros intereses.

Conviene tener en cuenta algunos aspectos en el inicio de cualquier alegación antes de proceder al recurso de reposición o reclamación económica-administrativa:

Siempre que se reciba una propuesta de liquidación, conviene revisarla detenidamente, y  si consideramos que hay motivos de oposición  sobre los hechos o formas en el procedimiento que se revisa, se debe presentar alegaciones  en un plazo entre los 10 o15 días  hábiles (potestativo del órgano, a partir de la notificación del mismo.

En el caso de que la propuesta de liquidación  se convierta en liquidación provisional o definitiva (esto es, después del trámite de alegaciones), resultará la deuda tributaria.

Esta podrá ser impugnada, por uno de los medios indicados anteriormente, pero el hecho de recurrirla, no implica la obligación de NO pagar, salvo  que exista una suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido:

1.-Suspensión de la ejecución en Recurso de Reposición:

            Requisitos previos:

  1. a) haber recurrido la liquidación y prestar garantía suficiente para la cobertura del saldo de la deuda e intereses de demora
  2. b) cuando se aprecie que en el acto recurrido, existen errores aritméticos, de hecho o materiales , apreciados por la administración.

2.-Suspensión de la ejecución en reclamación económica-administrativa:

            Para que la solicitud sea admitida, se deberá acompañar de documento acreditativo de garantía como en el apartado a) anterior. Y si se hubiere obtenido en el recurso anterior, se hará mención expresa

En caso que el contribuyente no contase con garantías suficientes, como puede ser garantía hipotecaria o mobiliaria prenda con/sin desplazamiento, derechos de crédito, el órgano competente puede conceder la suspensión de la deuda, verificando la solvencia  y suficiencia de las garantías aportadas. Al escrito de solicitud de suspensión, se acompañará algún tipo de  certificado o carta  bancaria, relativa a la falta de capacidad patrimonial del contribuyente que sirviese como garantía de la deuda tributaria.

3.- Suspensión  con dispensa parcial o total de  garantías.

 Brevemente, a lo anterior habría que añadir la circunstancia que  el acto impugnado tuviera como consecuencia  daños al recurrente de imposible o muy difícil reparación.

Asimismo, siempre que se aprecien  errores en cálculo, de hecho o aritméticos en el acto recurrido.

En cualquier caso, siempre que la suspensión se solicite al Tribunal  en escrito aparte, se ha de remitir una copia  de dicha solicitud al órgano competente de recaudación  a los efectos de la suspensión cautelar

La Ley General Tributaria  contempla  tres medios o cauces para la revisión de las actuaciones en cualquier procedimiento : verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores e inspeccion :

I.- Recurso de reposición:

 Previo al recurso económico-administrativo. Aconsejable cuando se trata de errores de cálculo o interpretación incorrecta. No se podrá acudir al TEAR, hasta haber agotado esta vía.

El plazo para interponer recurso es de un mes natural, contado a partir del día de notificación.

II.- Reclamación económica-administrativa ante el TEAR (TribunalEconómicoAdministrativo Regional) o Tribunal Económico-administrativo Municipal,si así procediera:

 Bien directamente o una vez agotada la vía anterior.

Aconsejable para casos más complejos, donde la Administración ya haya manifestado su disconformidad, cuando se invoque jurisprudencia o bien cuando se solicite dispensa parcial o total a través de solicitud de suspensión de deuda tributaria.

El escrito de interposición se presentará en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel  en que se considere rechazado el recurso de reposición, por haber transcurrido sin resolución expresa el plazo máximo de un mes.

Con la resolución en esta instancia, se pone fin al procedimiento administrativo, con dos salvedades que a continuación se señalan, teniendo en cuenta que  la duración máxima para resolver el expediente  por parte del tribunal será de  1 año  desde la interposición. Transcurrido ese período, sin haber recibido contestación, se entenderá desestimada, a efectos de interponer nuevo recurso.

Contra la resolución de la reclamación caben dos recursos “excepcionales” por su propia naturaleza:

Recurso de anulación:

Con el fin de subsanar defectos de la propia resolución del TEAR, y previo al Recurso de Alzada ordinario o al contencioso-administrativo. El plazo es de 15 días, a partir de la notificación de la resolución del Tribunal, y será recurrible sobre las siguientes causas:

1.- Cuando el tribunal no haya contestado  de forma manifiesta  en su resolución  a las cuestiones planteadas por el contribuyente.

2.-Cuando se hayan declarado inexistentes  las alegaciones o pruebas presentadas en forma y tiempo.

3.-Cuando la reclamación sea contemplada  inadmisible de forma incorrecta por el tribunal.

Transcurrido 1 mes el tribunal resolverá y en caso de silencio administrativo positivo, se entenderá desestimado, pudiendo el contribuyente iniciar el Recurso de Alzada.

Recurso de Alzada ordinario:

Se iniciará  contra las resoluciones  dictadas en primera instancia por los tribunales económicos-administrativos ante el Tribunal Económico Central en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la notificación  o de la presunta desestimación por el transcurso máximo del plazo establecido; esto es,  un año. A partir  de este momento, el contribuyente puede entender desestimada el recurso  o esperar a la resolución expresamente.

Este recurso se dirigirá  al propio Tribunal que hubiera dictado la resolución anterior, aportando las alegaciones anteriores, y únicamente serán admisibles, aquellas que no

hubieran sido admitidas en el procedimiento anterior.

Es decir, en este nivel lo que se dirime, no es el acto administrativo en sí, sino que la resolución del órgano que ha resuelto ha sido incorrecta.

Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

 Cuando no proceda  el recurso de alzada  contra la resolución del TEAR ( por ser el acto firme en vía administrativa ), la administración podrá interponer  este recurso, cuando estimen lesivas las resoluciones emanadas por el TEAC ( Tribunal económico central )

Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

Similar al anterior, el TEAC resolverá a través de su sala especial en el plazo de 6 meses, el recurso interpuesto por la administración  para establecer una doctrina a futuro.

 

Procedimiento  abreviado ante Organos Unipersonales.

 En esta vía  económica-administrativa, se pretende ser más rápido cuando se presenten las siguientes reclamaciones:

1.- Falta o defecto de notificación

2.-Insuficiencia o falta de motivación  del acto.

3.- Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 € o la base o valoración sea inferior a 72.000 € (art. 64 Reglamento de Revisión)

4.- Cuando se reclamen cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

En todos estos casos, se resolverán en única instancia por los TEAR, mediante los órganos unipersonales que se determinen por el Reglamento.

En este procedimiento, además de la información requerida,  es importante formular las alegaciones  y pruebas conducentes a su estimación, ya que no hay trámite posterior para realizar posteriormente dichas alegaciones.. El escrito se dirigirá  al órgano  que resolvió, el cuál lo remitirá al Tribunal junto con el expediente.

El órgano podrá convocar vista oral  convocando al contribuyente  para fundamentar sus alegaciones.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses, considerando desestimado este recurso transcurrido ese plazo.

Contra este recurso no caber recurso de alzada ordinario, debiendo acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Pero si se podrá recurrir a los recursos posteriores administrativos ya visto.

 III.- Procedimientos especiales de revisión (art. 216 LGT):

 

Dentro de los cuales se encuentran entre otros: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT). Este último procedimiento está hoy en pleno auge, dadas las últimas sentencias  emanadas de diferentes órganos administrativos o judiciales, que han venido a dar la razón a muchos recursos iniciados por el contribuyente, en lo referente a impuestos de índole tanto autonómico como de ámbito municipal, tales como: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal, I.B.I, etc ….

  Agotada el procedimiento administrativo, sólo nos queda acudir a la vía judicial con los siguientes medios:

Recurso contencioso-administrativo:

Cuando se pone fin a la vía económica-administrativa y no procede recurso de alzada ordinario, el contribuyente podrá acceder a este procedimiento judicial ante  el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma; o la Audiencia Nacional en caso de recurso proveniente del TEAC.

El plazo para interponer recurso será de 2 meses  desde que se notificó  resolución en vía administrativa.

En este procedimiento es necesario contar con letrado y procurador, con los consiguientes gastos en caso  no ser favorable la sentencia y tener que asumir las costas.

 

 

Recurso extraordinario de revisión.

 

Cuando el plazo para impugnar el acto ha transcurrido, sin interponer recurso, se dice que la sentencia adquiere  “firmeza”.

En este recurso, se trata de “repescar”, cuando no se hizo en los plazos ordinarios , por haberse dados circunstancias especiales , previstas en el art. 244 de L.G.T.:

 

  1. Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente, documentos o testimonios  falsos por sentencia  judicial firme  anterior o posterior a la resolución, sin ser conocida en el momento de dictar el acto.
  2. Que el acto hubiera sido dictado como consecuencia de prevariación, cohecho, violencia …
  3. Que aparezcan documentos de valor esencial  para la decisión del asunto  posteriores a la resolución anterior, o de imposible  aportación al tiempo de dictarse  los mismos y que evidenciaran el error cometido. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Valencia, de hace unos meses, donde echa por tierra una Orden del 2013 en cuanto al valor catastral de los inmuebles, sin tener en cuenta  las características individualizadas de los inmuebles: antigüedad, uso, estado de conservación, superficie, etc.….

Este recurso se interpondrá  en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos  desde que quedó firme la sentencia  judicial, y se presentará el recurso siempre ante el TEAC.

La duración de este procedimiento será de un año desde que se interpuso el recurso; transcurrido ese plazo, se entenderá desestimado; no obstante el contribuyente podrá presentar  si lo estima oportuno si no hay resolución expresa, recurso al contencioso-administrativo.

Y para finalizar y brevemente, las principales causas por las cuales podemos interponer una alegación o recurso son por su naturaleza:

 

1.- Por defectos  en la tramitación del procedimiento:

  1. a) por duplicidad en la revisión de un mismo hecho que ya finalizó con una liquidación provisional o definitiva.

2.- Por no conformidad en la calificación de los hechos que imputa la administración en el procedimiento.

3.-Por no conformidad en la norma a aplicar: bien por diferencias en la  interpretación  de la misma, bien por no ajustarse la misma al procedimiento abierto

4.-Por errores en la forma de valorar los hechos, bienes, productos o servicios: en relación con los datos proporcionados por la administración; así como errores de cálculo y métodos de estimación objetiva.

5.-Por errores numéricos, matemáticos  o de cálculo en el resultado de la liquidación

6.- No conformidad con liquidaciones de intereses de demora fuera de los plazos  que prevé la ley

7.- Por impugnación de un acta:

  1. a) por imputación de liquidaciones definitivas, en lugar de provisionales.
  2. b) por falta de motivación en los hechos que se revisan

8.-Por impugnación de las resoluciones económico-administrativas:

        a) falta de apreciación en los argumentos o pruebas presentadas

        b) por incompleta contestación a las cuestiones planteadas: “incongruencia

        c) por declarar incorrectamente la inadmisión del recurso.

9.- Por la prescripción de la deuda:

  1. a) antes del inicio de la comprobación
  2. b) paralización del procedimiento por más de 6 meses
  3. c) exceso de más de 1 año en el procedimiento de inspección
  4. d) suspensión en la reclamación económica-administrativa durante más de 4 años.

Espero que este contenido sea de vuestro interés, y quedo a vuestra disposición para aclarar y solventar las dudas o incidencias que os podáis encontrar en las comunicaciones o liquidaciones de la administración local, regional o central.

Saludos cordiales.

 

Leer artículo